A dos años del estallido: ONU tilda de “excesivo” uso de prisión preventiva y advierte que se siguen violando los DD.HH.

El organismo cuestiona la “disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales entre las instituciones” de personas privadas de libertad desde 2019.

A dos años del inicio del estallido social en Chile, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un nuevo informe sobre derechos humanos, en el que califica como “excesivo” el uso de la prisión preventiva “en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones” de la revuelta, además de advertir que “persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Este documento, que actualiza el elaborado por la misión técnica que visitó el país en noviembre del 2019 en cuanto a la adopción de sus recomendaciones desde el Estado, apunta que “existe disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales entre las instituciones respecto al número de personas en prisión preventiva en el marco de procesos por tales delitos” y que de hecho, la Oficina no logró acceder a información actualizada al respecto.

El texto cita al Comité de Derechos Humanos para afirmar que “la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción”, y advierte que “el uso prolongado de esta medida cautelar se hace más problemático en el contexto de la pandemia de Covid-19, ya que se contrapone a las políticas de descongestión de los recintos penitenciarios promovidas por los organismos internacionales de derechos humanos”.

“Es obligación del Estado de velar por las garantías de debido proceso y, en este sentido, valorar los límites objetivos al uso de la prisión preventiva”, enfatiza el escrito, recordando a su vez que “las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando por cierto que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una ‘pena anticipada’, más que como una genuina medida cautelar”.

Muy similar a lo que había planteado en una entrevista con Europa Press el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, quien manifestó que en esta materia “los avances han sido lentos”, consigna El Desconcierto. 

Asimismo, afirmó que “la demora en los procesos judiciales genera en las víctimas una sensación de desamparo”, mientras que muchas “se sienten afectadas por la falta de reconocimiento expreso del Estado de que se han cometido violaciones de Derechos Humanos”. Por ejemplo, detalló Jarab, “el Estado no ha ofrecido disculpas públicas a las víctimas”.

Uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos por Carabineros

En el documento además se alerta que, respecto a la función policial, y aunque “se observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios”, que causaron cientos de casos de trauma ocular en 2019, así como “la actualización en curso de varios protocolos que rigen el uso de la fuerza por parte de Carabineros”, se sigue registrando un “uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanzaaguas contra las personas”. También, en algunos casos, los agentes de Carabineros “no han prestado asistencia a personas heridas”, lamenta la ONU.

Se recalca que estos protocolos aún deben ser armonizados con el derecho internacional y las normas internacionales. Además, el nuevo informe constata el hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas. “Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida”, urgió Jarab.

Continuidad de las violaciones a los DD.HH.

En este contexto, Jarab denunció que “varias violaciones de los Derechos Humanos documentadas en este entonces han seguido registrándose en estos dos años”, como el uso excesivo o arbitrario de la fuerza. Por ejemplo, contra manifestantes pacíficos o brigadistas de salud, así como “la tendencia a dispersar manifestaciones ‘no autorizadas'”, algo “contrario a las normas internacionales en materia de reunión pacífica”.

Precisamente, en referencia a la prometida reforma de Carabineros, institución ampliamente criticada por estar detrás de la represión en el marco de las protestas, si bien Jarab admitió que se trata “de un proyecto a largo plazo”, las renovaciones implementadas hasta el momento “no incorporan de forma suficiente el rol que deben tener la sociedad civil, otros poderes del Estado y órganos autónomos del Estado en la supervisión de sus labores”.

El organismo también catalogó de “alarmante” la falta de reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidad institucional por las violaciones de Derechos Humanos ocurridas desde octubre 2019. “¿Si no se reconoce responsabilidad, cómo se puede avanzar hacia una reforma profunda, que otorgue garantías efectivas de no repetición?”, se cuestionó.

Foto: Shutterstock.

En Vivo