Abogados apuntan a responsabilidad de exfiscal Guerra por sellar caminos para investigar a Piñera por minera Dominga

El querellante en el caso Penta, Mauricio Daza, y el querellante en el caso Exalmar y Dominga, Fernando Monsalve, coinciden en su análisis sobre el papel del exfiscal en el caso de compraventa de la minera.

Un verdadero terremoto político en Chile provocó la investigación de los Pandora Papers, que en una de sus aristas involucra al presidente Sebastián Piñera en la venta de la minera Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano.

En este lunes, en un punto de prensa desde La Moneda, el mandatario se refirió al reportaje el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que lo involucra a él y su familia en el cierre de un acuerdo de compraventa del proyecto minero en las Islas Vírgenes Británicas.

En sus declaraciones, Piñera negó por completo su participación en la negociación, afirmando que “no hay ningún conflicto de interés”, argumentando que en 2009 se desligó “absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.

El jefe de Estado también aseguró que a partir de ese año, no tuvo conocimiento ni información de las decisiones de inversión del proyecto minero. Declaraciones que no convencieron a muchos, teniendo en cuenta que Délano y Piñera son amigos de la infancia, por lo que resulta difícil creer que no se hubiera enterado de la millonaria transacción que sumó un total de 125 millones de dólares.

El presidente también aseguró que toda la información al respecto ya era conocida por la opinión pública y que fue sobreseído por la Fiscalía, al considerar que los antecedentes no eran suficientes para continuar con las indagatorias.

“Con respecto a la venta de minera Dominga el año 2010, los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y, además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017”, aseguró Piñera.

No quiso profundizar en la investigación

Sin embargo, el abogado querellante en el caso Exalmar y Dominga, Fernando Monsalve, contradijo al mandatario, asegurando que el fiscal a cargo de la causa en 2017, Manuel Guerra, no habría investigado los antecedentes sobre la cláusula de compraventa de la minera y que lo que se sobreseyó fue la investigación en torno al caso Exalmar.

En el programa Mentiras Verdaderas de La Red Monsalve manifestó que: “Ya en el 2017 nosotros solicitamos diligencias para dilucidar si existían o no antecedentes por uso de información privilegiada y negociación incompatible. Solicitamos correos electrónicos y declaraciones, tanto del imputado -en ese minuto- Piñera, como de toda su familia. El fiscal Guerra jamás quiso profundizar ni investigar, por lo tanto lo que dice el ministro Bellolio es absolutamente falso”.

No es novedad.. PIÑERA miente descaradamente! Ya el 2017 solicitamos diligencias para que l@s chilen@s conociéramos la verdad! El fiscal Guerra NO investigó, No quiso dar curso a las diligencias incluso que reiteramos ! Hoy y siempre enfrentaremos a los corruptos! pic.twitter.com/9bXpyYFRrl

— fernando monsalve (@fmonsalve2011) October 4, 2021

El abogado además compartió en sus redes sociales los documentos que acreditarían una solicitud explícita hacia el fiscal Guerra, para que se iniciaran peritajes tanto al presidente Piñera como a los miembros de su familia involucrados con Dominga.

“Recordando que los delitos que se investigan dicen relación justamente con el conocimiento que pudo haber tenido el imputado respecto de las inversiones y ello en relación a sus decisiones y por lo mismo es inverosímil que solo se investigue en base a las declaraciones de los mismos involucrados, circulo intimo y funcionarios del investigado, es que se viene a reiterar las diligencias solicitadas”, detalla el documento que data de 2017.

Agente de impunidad

Una opinión tanto o más lapidaria tiene sobre el exfiscal el abogado Mauricio Daza, querellante en el caso Penta -y hoy constituyente-, quien manifestó que “Manuel Guerra fue un formidable y muy efectivo agente de impunidad en favor de Sebastián Piñera”, recoge El Mostrador.

La primera de las causas penales en las que hubo presunciones de delito en el marco del proyecto Dominga fue el conocido caso Penta, que se enmarcó en la investigación penal por financiamiento ilegal de la política, que tuvo como principales acusados a Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y al exsubsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner.

En cuanto a este último, Daza enfatizó que la presunciones de delito en su contra eran fundadas, razón por la cual se formalizó y acusó al exfuncionario del Gobierno de Piñera por delitos tributarios, enriquecimiento ilícito y cohecho. Esto, al comprobarse que recibió más de $42 millones, mediante pago superior a los $2 millones mensuales, de parte del Grupo Penta, en donde uno de sus principales dueños –Carlos “Choclo” Délano– figuraba como propietario de minera Dominga, tras haberse concretado la millonaria venta de las acciones del Presidente Sebastián Piñera en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes al comienzo de su primer mandato.

“Lo que Manuel Guerra hizo, una vez que comenzó a desmantelar el caso, es llegar a un arreglo con la defensa de Wagner que consistió en que eliminara la imputación de cohecho y se mantuvieran las imputaciones por delito tributario, de tal manera de arribar a un juicio abreviado”, sostuvo el constituyente Daza.

Esa decisión, recuerda el abogado, fue tan inesperada como sorpresiva, ya que la Fiscalía de un momento para otro decidió ponerle una lápida el tema.

“¿Pero por qué era tan importante para Wagner sacarse el cohecho de encima, en circunstancias que a la fecha en que los delitos se habrían cometido esa sanción era muy baja, mucho menos que la establecida para los delitos tributarios?“, se pregunta Daza.

La conclusión, a los ojos del abogado, resulta muy evidente: había que cortar el hilo que pudiera conducir al presidente Piñera. “La imputación de cohecho se fundaba en que Wagner, mientras fue subsecretario de Minería del primer Gobierno de Piñera, habría recibido pagos irregulares de parte del grupo Penta y que la contraprestación habría sido realizar gestiones a favor del proyecto Dominga”.

Al dejar estrictamente fuera el delito de cohecho en el juicio abreviado contra Wagner, lo que implica que no hubo un reconocimiento de la comisión de ese ilícito, lo que hizo Guerra –sostiene el abogado– fue sellar para siempre dicha arista, al aplicarse sobre esta el criterio de la “cosa juzgada”, al haber sido efectivamente sometida a una indagatoria.

Foto: Captura/Shutterstock.