Bassaletti, general cuestionado durante el estallido, fue contratado en La Reina a un mes de dejar Carabineros

El municipio, a cargo del también cuestionado alcalde UDI José Manuel Palacios, contrató al ex uniformado como director de seguridad con un sueldo de $3,2 millones, informó Interferencia. Durante su gestión como director nacional de Apoyo a las Operaciones en Carabineros, Contraloría concluyó que no tomó “medidas oportunas” para evitar el mal uso de lacrimógenas y escopetas antidisturbios durante el estallido.

Hasta el 1 de octubre de este año, Enrique Bassaletti era general en ejercicio de Carabineros y se desempeñaba como director nacional de Apoyo a las Operaciones.

Sin embargo, ese día fue llamado a retiro junto a Mauricio Rodríguez Rodríguez, en medio de los cuestionamientos por su rol durante el estallido social de 2019.

Pese a que su salida se enmarca en la conformación del Alto Mando de Carabineros 2022, Contraloría General de la República formuló cargos en contra de Bassaletti y lo sancionó con 30 días de suspensión tras concluir que no tomó “medidas oportunas” para evitar el mal uso de lacrimógenas y escopetas antidisturbios por parte de Carabineros durante el estallido social.

En noviembre de 2019, un estudio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile concluyó que los balines utilizados por Fuerzas Especiales de Carabineros contienen plomo, por lo que han “provocado traumas severos en un elevado número de casos y causa ceguera en una alarmante proporción de estos”.

Cabe recordar que en ese periodo, Bassaletti hizo una desafortunada analogía entre el uso de estas armas y la quimioterapia para combatir el cáncer.

“Voy a hacer una analogía, que no sé si es tan feliz, pero la voy a hacer igual. Nuestra sociedad podríamos, entre paréntesis, decir que, en estos días, en estos treinta y pocos días, está enferma de una enfermedad grave”, comenzó diciendo.

“Supongamos que sea un cáncer, ojalá que no lo sea, y que tenga solución, la va a tener. Pero el tratamiento del cáncer se hace con quimioterapia en algunos casos y otros con radioterapia. Cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas se matan células buenas y células malas, porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego”, agregó.

Pese al dictamen de Contraloría, el alto mando de la institución no tomó en consideración las conclusiones por lo que nunca sancionó a Bassaletti.

Un mes después de su salida de la institución, el ex general de Carabineros fue contratado por la Municipalidad de La Reina como nuevo director de seguridad con un sueldo de $3,2 millones, según señala Interferencia.cl.

Además de las críticas por su rol durante el estallido de octubre, Bassaletti fue denunciado ante la Contraloría por incurrir en un incumplimiento de la normativa pública y administrativa por trabajar paralelamente para Chiletabacos.

Según la denuncia de la diputada PPD Cristina Girardi, el ex funcionario de Carabineros prestó “servicios a entidades de derecho privado, entre ellas a British American Tobacco Chile, más conocida como Chiletabacos” y que tienen relación con prestar servicios de escolta a camiones de la empresa privada.

Según la parlamentaria de oposición, se estaría frente a una “la mala praxis de tráfico de influencias” ya que la seguridad es de responsabilidad de la empresa y no de Carabineros.

“La seguridad de la mercadería y trabajadores de dicha entidad comercial depende única y exclusivamente de la parte empleadora o prestadora de servicios, no así de Carabineros de Chile, que por lo cierto y para ejecutar de manera eficiente estas labores aparentemente irregulares, se dejaría de lado un sin número de obligaciones y roles que la referida Institución debe cumplir constitucionalmente”, señala la denuncia.

Por su parte,el alcalde UDI, José Manuel Palacios, también ha estado bajo cuestionamientos a raíz de una investigación penal iniciada en mayo de este año por la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI por orden del fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda.

La indagatoria de Sepúlveda tiene relación con irregularidades detectadas en la comercialización, multas y desestimientos judiciales para el cobro de millonarias multas por el uso del espacio público para paletas publicitarias.

Las investigaciones de la PDI, que datan de 2018, tienen su origen en el no cobro de más de 6 mil millones de pesos a empresas de publicidad.

Fue el propio Palacios que, frente a la prensa, clausuró las paletas publicitarias para después llamar a licitación con un requisito en particular: no podían participar las empresas que tuvieran una o más deudas tributarias por un monto total superior $24 millones por más de un año.

Pese a que de forma paralela se iniciaron acciones judiciales para cobrar los dineros adeudados por las empresas JC Decaux y Global Media, en marzo de 2019, la municipalidad adjudicó 14 de los 18 letreros a estas dos mismas empresas.

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