Contraloría pone freno al “gas popular”: afirma que la venta a través de los municipios es ilegal

Un dictamen del ente fiscalizador señala que las municipalidades no están facultadas y que solo sería posible “si una ley de quórum calificado las autoriza”. Sin embargo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó que la respuesta de Contraloría “no afecta en lo más mínimo los planes para poder distribuir gas a precio justo”.

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, fue quien se le ocurrió la idea de que las municipalidades compraran gas licuado directamente a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), como una forma de contrarrestar los altos precios de los distribuidores de gas licuado.

La iniciativa de “gas popular” fue replicada por las comunas que están reunidas en la Asociación de Municipalidades Libres (AML) y que tuvieron una reunión con ENAP para solicitar incorporarse como distribuidores minoristas de gas licuado.

Pese a que la compañía se mostró abierta a la iniciativa, la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que la venta de “gas popular” es ilegal.

El ente fiscalizador señaló que los municipios no están facultados para vender gas licuado directamente a los vecinos, ya que sería inconstitucional.

“Las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”, señala el dictamen.

La respuesta de Contraloría se da luego de la consulta realizada por los municipios de Lo Prado, Conchalí y Pelarco.

“Si, ante las particulares condiciones que se han producido por el alza de los combustibles, es posible que las entidades edilicias puedan vender gas a los vecinos de sus comunas”, fue la consulta realizada.

Sin embargo, Contraloría determinó que para que ello sea efectivo, es indispensable que haya una modificación en la ley.

“La venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”, señala.

En la misma respuesta de Contarloría, se hace la diferencia entre la venta de gas licuado y la venta de medicamentos a bajo costo por parte de las farmacias populares.

“La venta de gas por la que se consulta es una situación diversa de la analizada respecto de las farmacias comunales, las que se encuentran amparadas en las funciones de atención primaria de salud que el legislador radicó expresamente en las entidades edilicias”, señala el dictamen.

Cabe recordar que la iniciativa de “gas popular” corrió rápido entre las municipalidades que recibieron un espaldarazo por parte de ENAP.

“Estamos abiertos a todos los clientes, independiente de su tamaño”, señaló, argumentando que “le aplicamos el mismo precio a todos, no hay diferencias”, señaló la compañía hace dos semanas.

Respecto al dictamen de Contraloría, cabe recordar que un grupo de parlamentarios quieren impulsar un proyecto de ley que permita a la ENAP ser un distribuidor final para las y los usuarios.

La iniciativa de “gas popular” nació a raíz del informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de octubre pasado y que determinó que el mercado del gas licuado “no es suficientemente competitivo”, apuntando indirectamente a una suerte de colusión entre los distribuidores.

El dictamen de Contraloría no fue bien recibido por los alcaldes, por lo que llamaron a los parlamentarios a que modifiquen la ley.

“Se nos cierra la puerta, y llamamos a los convencionales y parlamentarios a modificar la Ley”, señaló el alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez (UDI).

“Es un duro revés para esta noble iniciativa, que nace desde los municipios para hacerle frente al oligopolio de las empresas distribuidoras de gas, que han afectado duramente al bolsillo de nuestra gente con estos precios abusivos”, comentó por su parte el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (Ind).

Sin embargo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se mostró más optimista y afirmó que el dictamen de Contraloría “no afecta en lo más mínimo los planes para poder distribuir gas a precio justo”.

El jefe comunal señaló que la respuesta del ente fiscalizador era esperable ya que por ley los municipios están impedidos de vender directamente. Por ello recomendó que se conforme una asociación para distribuir gas.

“Cuando los municipios forman asociaciones de municipios, sí tienen mayores facultades para desarrollar este tipo de actividades. El camino que hemos tomado es precisamente el de la formación de una asociación que nos permita desarrollar esta importante actividad para los vecinos y vecinas de nuestras comunas”, señaló.

En ese sentido, Sharp afirmó que “la iniciativa del gas popular sigue plenamente vigente, de acuerdo a la ley y a los dictámenes de Contraloría”.

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