Contrato prohíbe transmisión del trabajo de la Convención sin la autorización del Gobierno 

Además, la seguridad estará a cargo de un ex miembro de la guardia presidencial de Pinochet y Aylwin, por un costo total de $488 millones.

Quedan pocos días para que la Convención Constitucional inicie sus sesiones y ya están en marcha 37 procesos de contratación para los bienes y servicios que se necesitarán en la discusión de la redacción de la nueva Carta Magna.

Esa labor está a cargo de la Secretaría Administrativa de la convención, designada por la Secretaría General de la Presidencia, la que ya tiene 12 licitaciones abiertas de las cuales cinco ya fueron adjudicadas.

Según reveló un reportaje de CIPER, entre ellas está la instalación y operación del circuito cerrado de TV que transmitirá las sesiones y trabajo de los 155 constituyentes. La empresa que se adjudicó esa licitación fue Mediastream S.A. por $769 millones.

Sin embargo, el contrato establece que “no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Secretaría General de la Presidencia)”.

Para el abogado y constituyente Mauricio Daza, es “inaceptable”, ya que ese aspecto “lo define la Convención y debería transmitirse todo”.

Según expresó en su cuenta de Twitter, pedirá revisar “todas las licitaciones hechas por el gobierno de Piñera vinculadas a la Convención”.

Otro de los contratos que ya están firmados es el que tiene relación con la seguridad del Palacio Pereira y la del ex Congreso Nacional, los inmuebles donde los constituyentes redactarán la nueva Carta Magna.

Según el reportaje de CIPER, estará a cargo de la empresa INCAR Seguridad y el responsable de dirigir esta labor será Luis González Pérez, sargento en retiro de Carabineros y quien integró el Grupo de Guardia Presidencial en los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet, labor que continuó bajo el mandato de Patricio Aylwin.

La compañía, de la que González también es socio, cobrará un total de $488 millones, monto similar a la cifra del presupuesto destinado al ítem de “participación ciudadana” y que serán de $500 millones.

Según pudo averiguar CIPER, en los últimos cinco años INCAR acumula 197 sanciones por incumplimientos laborales, como el no pago de remuneraciones, no brindar descansos durante la jornada de trabajo ni los dos domingos al mes que establece la ley, como tampoco el pago de asignaciones.

Francisco Encina, secretario ejecutivo de la convención, señaló que los 155 constituyentes “están en todo el derecho” de revisar lo que estimen conveniente.

“Si ellos quieren revisar cada uno de los contratos, están en todo el derecho. Si la convención tiene algo (que cambiar) lo conversaré con el presidente de la convención, él en su rol de presidente y yo en mi rol de secretario ejecutivo”, señaló.

Fotos: Flickr Diputadas y Diputados de Chile/Wikipedia