Corte revocó prisión preventiva de militares formalizados por tortura y los dejó con arresto domiciliario

La medida favoreció a 8 de los 10 uniformados acusados por la Fiscalía como autores del delito consumado de tortura, delito que habrían cometido en octubre del año pasado, en el sector Los Pinos de la comuna de Collipulli.

La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre ocho funcionarios del Ejército y ordenó dejarlos bajo arresto domiciliario total. Los militares beneficiados son parte de los diez uniformados imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de tortura, ilícito que habrían cometido en octubre del año pasado, en el sector Los Pinos de la comuna de Collipulli, en el contexto del toque de queda por la pandemia.

En fallo dividido, la Tercera Sala del tribunal de alzada revocó la resolución de primera instancia, dictada el 5 de octubre recién pasado por el Juzgado de Garantía de Collipulli, que había decretado la medida cautelar mayor, por considerar a los acusados un peligro para la sociedad.

“Por cuanto no existen antecedentes que permitan justificar, en esta etapa procesal, la existencia del delito por el cual fueron formalizados los imputados, sino eventualmente un ilícito de menor gravedad (…) se estima que la medida cautelar de prisión preventiva, es desproporcionada para asegurar los fines del procedimiento y la necesidad de cautela”, consigna la resolución.

De esta forma, la corte decidió imponer una medida cautelar menor, la de arresto domiciliario total, para los militares Javier Alejandro Santander Castellón, Harmes Matías Parra Parra, Eduardo Andrés Guzmán Figueroa, Matías Antonio Vallejos Quezada, Juan Carlos Sandoval Donoso, Rodrigo Danilo Lepín Lepín, Carlos Emanuel Montecinos Heredia y Danilo Enrique Villagra Nahuelpán, consigna CNN Chile.

La decisión fue acordada con el voto en contra del presidente de sala, quien estuvo por confirmar la resolución apelada, por compartir que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El delito

De acuerdo a la investigación realizada por Fiscalía, los funcionarios, entre los que se encuentra un oficial de la institución, fiscalizaron a un grupo de jóvenes -compuesto por tres hombres y dos mujeres- en el marco del toque de queda decretado a raíz de la pandemia del Covid-19.

Según los antecedentes de la investigación, los jóvenes fiscalizados fueron obligados a lanzarse al suelo boca abajo y con las manos en la nuca, los esposaron y los llevaron a un predio forestal, en donde fueron rociados con bencina según decían los militares. Además, se realizó una simulación de fusilamiento.

Según indicó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el momento de la formalización de los acusados, organismo que es parte querellante en la causa, la prisión preventiva fue dictada porque el tribunal los consideró como un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando que la pena del crimen del delito de torturas va desde los 5 años y 1 día a los 10 años de pena.

Foto: Flickr.

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