Delegado Presidencial de La Araucanía pide plazo para informar razones de omisiones ilegales en casos de la Región

 La Red.cl se comunicó con el Delegado Presidencial de La Araucanía, Víctor Manoli, para conocer su opinión sobre los hechos que se relatan en la querella respectiva y las acciones que han realizado en la Región, sin embargo, la autoridad pidió en reiteradas oportunidades que le devolviéramos el llamado por estar en actividades pero, no contestó a nuestras posteriores llamadas.

Debido a los graves hechos de violencia que se han producido en La Araucanía y tras la quema de casas, diversos vehículos, camión y grúa que sufrió empresario en octubre de este año en la comuna de Carahue, a fines del mes de noviembre el abogado Patricio Cornejo presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco, a favor de Jorge Jara y en contra del Delegado Presidencial, Víctor Manoli y el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.

El motivo del recurso de acuerdo a lo que se señala en el escrito se debe a “las omisiones arbitrarias e ilegales relativas a sus obligaciones sobre orden, seguridad y tranquilidad pública en las que ha incurrido la autoridad del Estado que representan en sus cargos respectivos, que privan, perturban y/o amenazan las garantías constitucionales (…)  conforme a los antecedentes de hecho y derecho” en relación a La Araucanía.

 Tras la admisibilidad del recurso, el pasado 30 de noviembre la Corte de Apelaciones de Temuco evacuó el oficio al Delegado presidencial de la Araucanía y al Ministro del Interior y Seguridad Pública donde se indica que “ En la causa Rol N° 9720-2021 caratulada  Recurso de Protección Jara/Manoli, se ha dispuesto  oficiar a Ud. A fin de solicitarle  informe dentro del plazo de ocho días hábiles (…) debiendo adjuntar (…) todos los antecedentes  que sobre el particular sean atingentes (…).

En este mismo contexto el abogado, Carlos Flores Larraín, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco un plazo de 5 días adicionales para evacuar el informe solicitado; mientras el abogado, Ricardo Salinas, por parte de Víctor Manoli Nazal, Delegado presidencial, solicitó un plazo de 8 días adicionales.

La Red.cl tomó contacto con el Delegado presidencial de La Araucanía, Víctor Manolí  para conocer su opinión sobre lo que se acusa en la respectiva querella y conocer las acciones específicas que han realizado respecto a la Araucanía, sin embargo, tras diversos llamados donde la autoridad pidió volver a contactarlo en otro momento, no volvió a responder.

La Red.cl tuvo acceso al recurso interpuesto contra ambas autoridades, la cual indica en alguno de sus apartados:

1.Que, con fecha 25 de octubre del año 2021, a eso de las 13:45 se recepcionó un llamado telefónico de la central de comunicaciones (C.E.N.C.O.) de Carabineros de Chile, señalando que habían recibido un llamado telefónico de parte de una persona de sexo masculino quien señalo ser el administrador del Fundo Casa Blanca de la comuna de Carahue el cual se identificó como JAN MICHAEL ROSTER GAMPER, quién señalo que individuos desconocidos habrían quemado diversas casas destinadas a habitación, como a su vez diversos vehículos, es por ello que necesitan la presencia de Carabineros en el lugar, como consta en copia de carpeta de investigación que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

2. Que, es un hecho público y notorio que la sensación de inseguridad en los distintos macro sectores de la región de la Araucanía, se han reflejado en distintas protestas constantes de los habitantes de Carahue, Puerto Saavedra donde incluso la propia autoridad de Carabineros reconoce que no tienen capital humano, ni menos vehículos para hacer su trabajo, ya que, el presupuesto que existe de destina para los sectores rurales de la región del Bío-Bío.

3. Estos hechos descritos son permanentes en el tiempo, por haber devenido habituales, generando un “ESTADO DE AMENAZA LATENTE”.

4.A la vez, se señala: “Sin embargo, dentro de las cuestiones que se reprochan por parte de los recurrentes es la ausencia de “un registro de todas las empresas contratistas forestales y empresarios con faenas en la región que eventualmente requieran medidas de seguridad preventivas” y que se genere “una mesa de trabajo preventivo con presencia permanente de ACOFORAG, para trabajar conjuntamente en la seguridad, para la adopción de más y mejores medidas de seguridad a todas las personas del Sector Fundo El Carmen”. Refiriendo en el considerando 11: “11°.- Que la omisión que cabe atribuir entonces a los recurridos, pasa porque los recurrentes empresarios forestales directamente afectados por los hechos de violencia suscitados en la Región de La Araucanía, la organización que los mismos han creado para defensa y promoción de sus legítimos intereses, no han sido debidamente oídas como tampoco incluidas al momento de analizarse cuales serían las estrategias más adecuadas para prevenir y/o hacer frente a tales situaciones de alteración del orden público, circunstancia que carece de razonabilidad, desde que por esta vía se prescinde por los recurridos de la información directa que los afectados pueden proporcionar. Al no generarse instancias de diálogo y entrega de información con los empresarios forestales recurrentes, lo que en definitiva puede reprocharse tanto al Intendente de la Región de la Araucanía como a los Gobernadores recurridos, es la falta de transparencia y publicidad de sus decisiones, lo que ha redundado en que los directamente afectados observen inactividad o pasividad por parte de la autoridad que precisamente se encuentra llamada a darles la debida protección tanto a su persona como a sus bienes, vulnerándose con ello – en grado de amenaza- los derechos invocados por los actores y que se encuentran garantizados en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

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