El convenio internacional que Piñera violó con el Estado de Excepción en la Macrozona Sur
La medida decretada por el Gobierno transgrede el Convenio 169 de la OIT, que establece que cualquier acción, ya sea administrativa o legislativa, que afecte a pueblos originarios tiene que ser consultada con las comunidades. Según la abogada Grace Schmidt, Piñera está obligado a cumplirlo por mandato constitucional. “Está infringiendo el derecho internacional y nuevamente nuestro país estaría incumpliendo normas de derechos humanos”, señala.
“Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Eso establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y que el Estado de Excepción decretado en la Macrozona Sur por el Gobierno de Sebastián Piñera estaría violando.
Así lo afirma la abogada y activista por la defensa de los Derechos Humanos, Grace Schmidt, quien considera que la militarización de la Macrozona Sur es una violación a los derechos fundamentales.
“El Convenio 169 de la OIT establece que cualquier tipo de medida, ya sea administrativa o legislativa, que afecte a pueblos originarios y en este caso al pueblo mapuche, tiene que ser consultado con las comunidades”, dice la abogada en conversación con La Red.cl.
Esta consulta nunca existió. La única que se realizó fue la llevada a cabo por el Gobernador Regional y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía para “conocer la opinión de los ciudadanos de las 32 comunas de La Araucanía” sobre la extensión del Estado de Emergencia.
La consulta ha sido abiertamente cuestionada, debido a que solo incluyó a las comunas de la IX Región y podían participar solo las personas que contaran con conexión a Internet. Esto último es relevante ya que según la IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, La Araucanía es una de las regiones con menor acceso a Internet.
En ese sentido, pese a que la consulta ciudadana, -la que no es vinculante-, arrojó que el 80% está de acuerdo con la extensión del Estado de Excepción, solo participó el 17% del universo total de ciudadanos que estaban habilitados para votar.
“Esta consulta tiene que cumplir requisitos: que sea realizada de buena fe y que todas las personas que quieran intervenir en ella puedan tener los medios y asegurar la participación. Finalmente es proteger la participación de las comunidades indígenas, cosa que en este caso no sucedió”, señala Schmidt.
“Además no estaba pensada dentro del marco del convenio 169, no se pensó bajo ese requisito y en términos de cómo se verificó esta consulta que fue por Internet, convengamos que la mayor población de comunidades mapuches se encuentran en sectores rurales donde el acceso a Internet es casi nulo. Por lo tanto, no está realizada de buena fe y no está destinada tampoco a que el pueblo mapuche pueda participar de forma activa en este tipo de consulta”, explica la también candidata a diputada.
Por esta razón, Sebastián Piñera, como primera autoridad del país y cabeza del gobierno que administra el Estado de Chile, estaría violando el derecho internacional que está obligado a cumplir por mandato constitucional.
“Nuevamente Piñera está infringiendo el derecho internacional y nuevamente nuestro país estaría incumpliendo normas de derechos humanos. Organismos internacionales señalaron en momentos del estallido social que en Chile se estaban vulnerando derechos humanos y ahora nos vemos enfrentados a una posible responsabilidad por parte de Sebastián Piñera por no cumplir los estándares internacionales”, señala Schmidt.
Según explica la abogada, además de estar infringiendo tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Costa Rica, en el caso del convenio 169 es específico respecto a la consulta a los pueblos originarios.
“Es el instrumento internacional que otorga este derecho de consulta a los pueblos originarios y la obligación del Estado de hacerla es el más patente. Aquí hay un mandato expreso del derecho internacional en que cualquier medida administrativa o legislativa que afecte a pueblos originarios tiene que ser consultado con ellos”, dice.
Cabe recordar que un día después de la muerte de Jordan Yempi Machaca el pasado 3 de noviembre en la ruta Cañete-Tirúa, comunidades mapuche de las regiones del Biobío y La Araucanía presentaron un recurso de protección contra Piñera y sus ministros, por considerar la militarización ilegal y arbitraria.
Según Javier Pineda, abogado de las comunidades y quien habló con Interferencia.cl, la acción judicial es en contra de Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el ministro de Defensa, Baldo Prokurica.
“La arbitrariedad está dada por ser un acto administrativo que carece de una fundamentación correcta. Si uno lee el decreto 270, la motivación principal es el alto nivel de delincuencia, asociada al narcotráfico y al terrorismo dentro de las provincias afectadas por el decreto estado de excepción constitucional. Pero si uno compara las cifras del Ministerio Público, no sólo las históricas de 2015 a 2019 como lo realizó un informe de la UDP, sino las más recientes de 2020 y 2021, nos dan cuenta de que ni en términos absolutos ni en términos proporcionales a la cantidad de habitantes que tiene cada región, las regiones de Biobío y La Araucanía son las que presentan mayores delitos asociados al narcotráfico. Hay regiones con menos población como Arica y Parinacota, Tarapacá u O’Higgins que presentan niveles de delincuencia asociados al narcotráfico mucho mayor”, señala Pineda.
En ese sentido, Schmidt acusa al gobierno de Piñera de mezclar el tema del narcotráfico con el conflicto mapuche.
“El Gobierno de Piñera siempre ha querido confundir estos dos temas, estratégicamente hablando, para justificar este Estado de Excepción, la militarización de La Araucanía y la violencia ejercida en el territorio mapuche”, afirma.
Schmidt reitera que con la militarización de la Macrozona Sur, sin siquiera realizar una consulta como lo establece el convenio 169 de la OIT, Piñera no está cumpliendo, otra vez, lo que le exige la Constitución Política de la República de Chile.
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