Fijación de precios y negociación de tarifas: Acusan de colusión a las tres principales empresas de transporte de valores
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Brink’s, Prosegur y Loomis, acusados de fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018. Debido a que el cartel se configuró luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia, la entidad pidió aplicar las multas más altas en este tipo de casos y que superan los 63 millones de dólares.
Un nuevo caso de colusión fue denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y que involucra a las tres principales empresas de transporte de valores en Chile.
La entidad ingresó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Brink’s Chile S.A. (Brink’s), Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur) y Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), acusados de fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
La FNE logró acreditar una serie de reuniones y contactos entre ejecutivos de las empresas luego de que una persona natural solicitara acogerse al beneficio de delación compensada, similar a lo que hizo FASA (Farmacias Ahumada) en el caso farmacias de 2008.
La entidad pidió al TDLC que aplique multas que en total suman 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, aproximadamente 63,4 millones de dólares.
Las mayores multas se pidieron para Brink’s y Prosegur, con 30,5 millones y 25,8 millones de dólares respectivamente. En el caso de Loomis el organismo requirió una sanción económica de 6,4 millones de dólares.
Cabe destacar que estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.
“Este cartel se desarrolló luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia y eso nos ha permitido solicitar las multas individuales más altas que hasta ahora haya conocido nuestro sistema de libre competencia, dando el primer paso que exige la ley para una eventual persecución penal del mismo”, dijo el Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico.
De igual forma, la FNE pidió multas para los gerentes generales de las tres empresas: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s) con 115 mil dólares; Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 104 mil dólares; y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 88 mil dólares.
La entidad también solicitó al TDLC iniciar un proceso de exhorto para sancionar a los jefes regionales que tenían a cargo las empresas en Chile y otros países de Latinoamérica, como es el caso de Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur (135 mil dólares); y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis (94 mil dólares).
Respecto a la persona que se acogió al beneficio de delación compensada, la FNE pidió al tribunal que la exima de multas y que se declare expresamente que no tiene responsabilidad penal por los hechos que son objeto de la acusación.
Gracias a la información entregada por esta persona, la FNE comenzó a investigar en octubre de 2018 y dos meses después Carabineros allanó las tres empresas involucradas y los domicilios particulares de los gerentes generales.
De acuerdo a la FNE, el inicio del acuerdo entre las empresas se remontaría, al menos, a marzo del 2017, momento en que los ejecutivos de Brinks y Prosegur ya habrían estado coordinando los precios de sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y/o prestaciones sociales. A este acuerdo se habría plegado Loomis en diciembre del mismo año.
En el marco de sucesivas reuniones y contactos, que incluyeron viajes a Chile de los ejecutivos extranjeros para reunirse con competidores, así como intercambio de planillas Excel con registros de precios y negociaciones de tarifas, las empresas definieron conjuntamente los precios de sus servicios y un nuevo esquema tarifario.
La conducta afectó, según explica la FNE, tanto a instituciones bancarias como no bancarias. Entre otros, el documento de la entidad da cuenta de que el acuerdo habría comprendido servicios asociados al pago de prestaciones sociales y a la Teletón del año 2018.
Al respecto, el Fiscal Riesco señaló que “este acuerdo afectó prestaciones esenciales para la adecuada continuidad operativa del sistema financiero y necesarias para el funcionamiento de sectores económicos como el retail, entidades públicas e, incluso, instituciones con fines sociales o benéficas”.
La evidencia muestra, además, que los actores adoptaron diversos resguardos para mantener ocultos sus contactos con la competencia. Así, por ejemplo, Alberto Bálsamo habría utilizado un software para encriptar un pendrive en el cual guardaba planillas con precios de las empresas de la competencia, el que fue incautado por Carabineros de Chile desde su residencia particular. La FNE logró acceder al contenido de este dispositivo gracias a la colaboración del FBI.
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