Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención: “Ordenamos la suspensión de licitaciones”

El abogado señaló que esta medida se adoptó para no pasar más situaciones “bochornosas” como la vivida el lunes pasado, cuando se canceló la primera sesión de los constituyentes por falta de implementos y logística necesaria para su realización.

Luego de que la primera sesión de la convención constituyente fuese suspendida el pasado lunes debido a la falta de computadores, electricidad, micrófonos, sillas, lápices, basureros…. y un largo etcétera; tanto los constituyentes como la opinión pública cuestionamos las licitaciones que llevaron a este desastre provocado por la ineficiencia del gobierno y de la Secretaria genera de la presidencia, a cargo de llevar adelante esta implementación de la histórica convención a cargo de cambiar nuestra constitución.

La mirada se fijó en el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pávez y en el secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional Francisco Encina, quien puso su cargo a disposición luego del fiasco que generó esta fallida primera sesión.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fueron las abultadas cifras de las licitaciones otorgadas por la SEGPRES a empresas ligadas a Chile Vamos y que, en algunos casos, ya habían estado involucradas en cuestionadas licitaciones previas.

Fue por ello que, atendiendo las irregularidades generadas, primeramente por la contratación a trato directo de parte del Gobierno, argumentando que las prestaciones no existían con un código vigente en el catálogo de Mercado Público, algo que no es así en estricto rigor, la mesa directiva de la convención constituyente decidió suspender licitaciones en su nombre realizadas por el gobierno para evitar así camarillas, amiguismos y prestaciones incumplidas que perjudican el proceso y su libre desarrollo.

Cabe recordar que diputados de la Democracia Cristiana pidieron a Contraloría investigar eventuales irregularidades entre la empresa Street Machine y la Secretaría General de la Presidencia.

Los parlamentarios cuestionaron que se haya ocupado la modalidad de licitación directa entre la compañía y el gobierno.

Uno de los dueños de Street Machine es Paul Morrison, hijo de la ex diputada UDI María Angelica Cristi, quien también se ha adjudicado cuestionadas licitaciones directas en el municipio de Cathy Barriga.

Foto: Flickr

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