Las 450 pérdidas oculares del estallido social que siguen esperando justicia
EL 18 de octubre de 2019 marcará un antes y un después en Chile. Fue el momento en que la olla a presión que mantenía la injusticia social en el hervidero, sencillamente explotó. Un estallido social en todo el país comenzaba a instalarse con más fuerza y a la vez era reprimido de una forma brutal por el gobierno encabezado por Sebastián Piñera.
En efecto, la situación trajo un sin número de consecuencias nefastas para la gente y las violaciones a los derechos humanos que se creían parte del pasado, comenzaron a hacerse tristemente frecuentes. Los disparos de perdigones y lacrimógenas a la cara por parte de la policía uniformada hacia mujeres y hombres que se manifestaban, generó una gran cantidad de traumas oculares, con una represión pocas veces vistas.
En el mes de julio, y a días de que se constituyera la Convención Constitucional, organizaciones de derechos humanos y víctimas de la violencia policial hacían ver la necesidad de reparación para las personas que sufrieron lesiones oculares durante el estallido social. “¡Justicia y reparación urgente!”, clamaban decenas de personas que se congregaron además a denunciar el “abandono” por parte del gobierno a las más de 450 víctimas de trauma ocular que dejaron las manifestaciones. La idea era ser escuchados por los 155 constituyentes que comenzarían dos días después a redactar la nueva Constitución. “Exigimos que se nos atienda dignamente, que se cumplan los compromisos y que se haga justicia y paguen quienes nos arrebataron parte de nuestras vidas”, afirmaba Natalia Aravena, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y una de las víctimas de la represión.
Entre el 18 de octubre 2019 y parte del 2020, Chile vivió su mayor crisis social desde que se retornó a la democracia. Treinta años en que el modelo económico instaurado en dictadura y mantenido en democracia hizo que una alza en el transporte terminara con la paciencia de los estudiantes y con el pasar de los días, tuvo a gran parte del país en la calle, luchando más que por una alza de 30 pesos, por las tres décadas de absoluto abandono social.
Cuando nadie pensada que estábamos ad portas de una pandemia mundial, en Chile ya se hablaba de una “epidemia de traumas oculares” dejadas por las protestas. Se contabilizaron 460 víctimas de este tipo, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en una situación que llevó a varios organismos internacionales a acusar a las fuerzas de seguridad de violaciones a los derechos humanos.
Se volvieron tristemente comunes las noticias diarias que hablaban de personas de distintas edades, con ojos ensangrentados tras recibir perdigones y bombas lacrimógenas en la cara propinadas por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Hasta ahora – y pese a que se lanzo un programa de reparación para víctimas- se acusa que el Estado no se ha hecho cargo de ese programa. Todo lo anterior sumado a la crisis sanitaria que hizo nulas las atenciones tanto físicas como psicológicas para las víctimas.
Fabiola y Gustavo: Los casos emblemáticos
Si bien son muchos los casos de víctimas oculares en Chile contabilizados por instituciones de derechos humanos, son dos de ellos los que con más fuerza se quedaron en el inconsciente de las personas. Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.
Gustavo se encontraba en medio de una protesta el 8 de noviembre de 2019, cuando el agente de Carabineros Claudio Crespo disparó dos balines a pocos metros de distancia, dejándolo ciego. El joven estudiante de psicología de 23 años fue trasladado a una clínica y aún duele recordar su imagen sentado en la vereda con lágrimas de sangre luego del ataque. Tras varios días se confirmaba la imposibilidad por parte de los médicos de salvar su visión. Comenzó así a generarse todo un movimiento de solidaridad hacia Gatica y que conllevó actos, homenajes y por cierto el exigir justicia y castigo hacia su agresor. El carabinero Claudio Crespo fue encontrado culpable y si bien se encontraba en prisión preventiva desde agosto de 2020, en los últimos días, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dicha medida cautelar que se había tomado el 4 de octubre recién pasado, por una firma quincenal y arraigo nacional.
El caso de Fabiola Campillai (36), madre de tres hijos fue tan duro e impactante como el de Gustavo. La mujer recibió el impacto de una bomba de gas lacrimógeno en el rostro cuando esperaba el autobús para dirigirse a su trabajo. La última persona que distinguió fue a su hermana Ana María, quien la acompañó hasta el paradero a tomar la movilización que la llevaría a su trabajo para cumplir un turno de noche. Aunque la revuelta social estaba en pleno apogeo, en ese momento no se estaban produciendo movilizaciones en el sector. “Vayan no más, no pasa nada”, les gritó un vecino que había estado atento ante posibles desórdenes en el lugar, y ellas, sin miedo, decidieron salir. Ambas caminaban, mientras hablaban sobre una fiesta de graduación de la hija de Fabiola. Mientras, entusiasmadas organizaban los detalles de la celebración, jamás se percataron de la presencia de un grupo de carabineros fuertemente armados que se encontraban en una esquina cercana a su casa.
Sin provocación alguna, los funcionarios comenzaron a disparar directamente hacia ambas mujeres a la altura de la cara, y a no más de 40 metros de distancia. Fabiola ni siquiera alcanzó a ver a quién la atacó.
Los carabineros lanzaron lacrimógenas con una escopeta de 37 milímetros. Uno de los proyectiles impactó de lleno en el rostro de Fabiola, quien sufrió, un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas faciales y de nariz, y la destrucción de ambos globos oculares, además de perder el sentido del gusto y el olfato.
En tanto y al igual que el caso de Gustavo Gatica, el exagente imputado por su causa, Patricio Maturana, salió de prisión preventiva y se encuentra ahora bajo arresto domiciliario. “El principal culpable es el presidente, que manda a la Policía para reprimirnos y a disparar como si fuésemos delincuentes. Él nos declaró una guerra que solo existe en su mente”, señaló Fabiola en una oportunidad.
Informe de Amnistía Internacional
El pasado 15 de octubre, Amnistía Internacional dio cuenta de un documento que estableció cómo, durante el estallido social, de octubre del 2019, Carabineros de Chile cometió graves violaciones de derechos humanos. Según cifras emanadas de ese informe, al mes de marzo de 2021 de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia proveniente del Estado y más de 400 casos de trauma ocular. Según lo señalado por Amnistía, “estas violaciones generalizadas podrían demostrar un patrón de conducta que revela una intención de dañar a las personas manifestantes con el fin de acallar la protesta, o bien asumiendo dicho daño como un mal necesario”, señala el texto dado a conocer desde esa ONG y añade: “Esta dimensión y constancia de las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional cometidos se podrían haber evitado, pero los mandos estratégicos y operativos de la institución policial habrían omitido deliberadamente implementar ciertas medidas a su alcance”, finaliza el documento.