Ley de indulto para presos de la revuelta: 1.048 personas podrían optar al beneficio
El proyecto lleva más de diez meses en el Senado, lo que ha derivado en manifestaciones por parte de los familiares de los privados de libertad para que sea aprobado.
El proyecto de ley que contempla la liberación de aquellos que, imputados o condenados, fueron aprehendidos en el contexto de manifestaciones desde el estallido social, lleva más de diez meses en el Senado, lo que ha derivado en manifestaciones de parte de los familiares de los privados de libertad.
De hecho, el pasado viernes la Agrupación por la Libertad de los Presos Políticos de Lo Hermida, se manifestó sobre el puente que cruza el canal San Carlos, exigiendo la tramitación inmediata de la ley de indultos.
El 11 de agosto se aprobó en la Comisión de Constitución la idea de legislar, pero aún quedan dos indicaciones por votar y requieren 25 votos para su aprobación. Una de ellas es vital, ya que indica qué autoridad otorgará el indulto. De acuerdo al senador independiente Pedro Araya, “en el caso en que en la votación en Sala no se alcance el quórum para esas dos normas, habría un proyecto de ley que otorgue el indulto, pero no habría autoridad que lo aplique”.
Durante el marco de La Cuarta Jornada de Mujeres Penalistas y Criminólogas, las abogadas de Derechos Humanos, Karinna Fernández y Francisca Hernández, expusieron respecto de una investigación que busca dar luces sobre quiénes son los presos de la revuelta, publica El Desconcierto.
Los delitos
De acuerdo a la información registrada por ambas, actualmente son 1.048 las personas involucradas en casos relacionados al estallido social y que podrían ser indultadas. Durante la presentación, indicaron que, de las 835 personas registradas hasta ahora, un 57% fue formalizada por robo en lugar no habitado.
Los delitos más comunes que se visualizan en este contexto corresponden a saqueos a grandes cadenas de supermercados. Entre ellas, destacan Walmart, Montserrat, además de la realización de barricadas y uso de bombas molotov.
En cuanto a las medidas cautelares, las personas que fueron formalizadas por robo en lugar no habitado, un 9% obtuvo como primera medida cautelar la prisión preventiva. Fernández recalca un caso en el que dos personas permanecieron 138 días en prisión preventiva por la sustracción de cuatro bolsas de leche Milo, 21 bolsas de 400 grs. de detergente Ariel y 12 botellas de aceite marca Merkat.
El estudio alcanzó aproximadamente el 80% de casos revisados de un total de 1.048. Hasta el momento, el 8,5% de los casos revisados corresponde a causas en donde los acusados son niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, no se han judicializado causas respecto de víctimas. Según Fernández, “en los casos, tanto de homicidios frustrados como de porte de armas, en ningún caso existen víctimas lesionadas en su integridad, solo daño a la propiedad”.
Hasta la fecha, el 66% del universo de personas en este contexto se encuentra aún en calidad de imputada y no condenada. De hecho, sólo cerca del 12% de las personas estudiadas se encuentra con una condena en primera instancia, principalmente por los delitos de robo en lugar no habitado (37%), delitos de la Ley de Control de Armas (17%), desórdenes públicos (6%) e incendio (11%).
Por otra parte, el Ministerio del Interior, en aproximadamente un 93% de los casos, presentó querella bajo la figura del artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, incluso cuando la misma tienda o supermercado no presentó acción alguna.
La abogada manifestó que “hay un tema de rendición de cuentas: cómo el Estado financia, qué tipo de querellas protege y qué tipo de bienes. Y aquí no estamos hablando de bienes públicos, sino que estamos hablando precisamente de papel higiénico, latas de cerveza, aceite, pañales”.
El estudio también muestra que existe una clara tendencia respecto a las querellas y la decisión de perseverar del Ministerio Público. De los 835 casos estudiados, sólo en un 2% la fiscalía tomó la decisión autónoma de no perseverar. Lo anterior se contrasta con los delitos de causas perpetrados por agentes estatales, en donde un 46% de los casos el Ministerio Público tomó la misma decisión.
Cabe destacar que el proyecto no cuenta con una indicación de urgencia, por lo que son las comisiones las cuales deben decidir cuándo se realizarán las votaciones en el pleno del Senado.
Foto: Shuttestock.