Más de dos tercios de los presos de la revuelta no tiene antecedentes penales
El 72% de las personas que están en prisión preventiva no tienen condenas previas, de acuerdo a datos de la Fiscalía, la Defensoría, el Poder Judicial y abogados del proceso.
Del total de personas en prisión preventiva por actos relacionados con la revuelta popular de octubre de 2019, dos tercios no posee antecedentes penales previos a su detención.
Así lo confirma una investigación de Ciper, en que se contabilizaron 76 personas en total, de las cuales 28 fueron condenadas y 47 están en prisión preventiva, esto a este martes 17 de agosto. De estas, 34 no tienen condenas previas, de acuerdo a datos de la Fiscalía, la Defensoría, el Poder Judicial y abogados del proceso.
El medio destacó que una de las razones por las cuales se mantiene en prisión preventiva a los detenidos, a pesar de no contar con antecedentes, es debido a las modificaciones legales a los delitos por los cuales están imputados.
Las normas por las que están siendo juzgados son la Ley de Control de Armas (principalmente por confección o lanzamiento de bombas molotov), la Ley Antisaqueos (que sanciona hasta con 15 años de presidio si el delito se comete en un contexto de alteración del orden público) y la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Estas normas tienen como efecto aumentar las sanciones o –en el caso de la Ley de Control de Armas– asegurar que la pena se cumpla en prisión efectiva, es decir, sin posibilidad de hacerlo bajo una fórmula sustitutiva (como la firma periódica). Es esta alta expectativa de prisión efectiva lo que genera un eventual “peligro de fuga” del imputado, condición que aconsejaría mantenerlo en prisión preventiva.
Estos factores incorporados por la reforma de 2015 (la imputación de dos delitos y la imposibilidad de acceder a una pena sustitutiva), hacen que la buena conducta anterior no aplique necesariamente para tener acceso a libertad vigilada mientras se desarrolle el proceso.
Así, de quienes se encuentran en prisión preventiva, 29 están procesados por la Ley de control de armas, especialmente por confección o lanzamiento de bombas molotov, recoge CNN Chile.
Seis de los casos investigados fueron argumentados por los defensores aludiendo a que sus representados no contaban con condenas anteriores, sin que esto lograra ser discutido por Fiscalía.
La Ley de control de armas fue reformada por una moción de parlamentarios de derecha durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, siendo aprobada con algunos votos de la Nueva Mayoría.
El citado medio recordó lo que Bachelet sostuvo al respecto en 2015, afirmando que “con esta nueva norma lo que estamos haciendo es endurecer las penas por el uso irresponsable e inadecuado de las armas, porque la verdad es que no queremos lamentar más tragedias”.
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