Ministerio Público investiga denuncias de trabajo forzado de inmigrantes en cosechas

Los abusos eran soportados por los trabajadores porque constantemente habrían sido amenazados con que si renunciaban perderían su visa de trabajo.

Tras una serie de denuncias, el Ministerio Público inició una investigación de más de 29 casos de graves abusos laborales contra inmigrantes venezolanos y haitianos, ocurridos desde 2016 hasta 2019, y que podrían constituir trabajo forzado.

De acuerdo a una investigación de Ciper, los hechos se remontan a 2016, cuando un centenar de personas fueron convocadas en Curicó por Manuel Castillo Maldonado, quien les ofreció trabajo, que luego se concretó en un contrato firmado con la empresa contratista Soluciones Agrícolas SpA a cargo del gerente general Francisco Mendoza Berríos.

En ese encuentro estuvo presente incluso Antonio Paz Escalona, coordinador Plan Migrante del Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Curicó, lo que le dio seguridad a los asistentes.

Los denunciantes relataron que en una primera instancia se les ofrecieron buenas condiciones laborales en plantaciones de arándanos y mandarinas que luego no se cumplieron y que conllevaron fuertes vulneraciones como el pago de remuneraciones mucho menores, horas extra de trabajos que no se pagaron, condiciones habitacionales insalubres y restricciones para salir del predio incluso cuando requerían atención médica, recoge El Desconcierto.

Todos estos abusos eran soportados por los trabajadores porque constantemente eran amenazados con que si renunciaban perderían su visa de trabajo, necesaria para optar a la “Permanencia Definitiva”.

En detalle, las víctimas relataron que en algunos casos vivían acinados en contenedores, alimentándose con comida que les entregaba la misma empresa pero que era totalmente insuficiente y con falta de servicios básicos.

Tras denuncias a la Inspección del Trabajo, los trabajadores venezolanos fueron reunidos y les comunicaron que la empresa había quebrado. “Me dijeron ‘toma $100 mil y ya está’, más nada”, aseguró uno de los entrevistados de Ciper.

A los haitianos que habían comenzado a trabajar en el packing, les dijeron que debían firmar una carta de renuncia voluntaria, en la que se establecía que las empresas no tenían deudas pendientes. Otros haitianos, que habían comenzado a cosechar manzanas, también fueron obligados a firmar una carta de renuncia a cambio de $100 mil.

En rebeldía

Tras las denuncias del caso ante la Justicia, los trabajadores que aun permanecían ligados a Soluciones Agrícolas SpA fueron despedidos “por necesidades de la empresa”.

Actualmente los presuntos responsables se encuentran “en rebeldía” tras acumular 25 demandas por despidos injustificados y abusos laborales, de las cuales cinco ya tienen una sentencia que los condenó a pagar lo adeudado a los trabajadores. Además, la Inspección del Trabajo sancionó a la empresa por incumplir los descansos dominicales y no contar con las condiciones mínimas de salubridad.

El subprefecto Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI afirmó que “cuando hace fiscalizaciones, la Inspección del Trabajo muchas veces lo ve como infracciones al Código Laboral. Es un problema de detección, pues no porque en una empresa exista un contrato de trabajo va significar que no exista la posibilidad de trata de persona”.

“La trata de persona es un modo de esclavitud moderna donde no hay barrotes, sino que la gente es controlada a través de un medio comisivo que no se ve, como el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, amenazas y engaños”, agregó.

Foto: Flickr – Aldo Tapia.

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