Pese a requerimiento de Transparencia: Cancillería cobra $1 millón para entregar cables diplomáticos entre Chile y Australia en dictadura
El Ministerio de Relaciones Exteriores impuso una insólita medida para dar cumplimiento a una orden emanada del Consejo de Transparencia para que el periodista Luis Narváez accediera a la información solicitada, que es pública. El periodo cuya información se encuentra en disputa, evidenciaría una intensa actividad de espionaje y represión de la dictadura para controlar a exiliados en ese país.
El Consejo para la Transparencia instruyó a la Cancillería, cartera que dirige Andrés Allamand, para que entregue copia de los cables diplomáticos con la embajada y consulados de Australia, entre 1973 y 1990. Sin embargo, para cumplir dicha orden, la Cancillería ahora exige el pago de $1.036.000 a quien solicitó la información para acceder a ella, debido a lo que definen como “costos de reproducción”.
El periodo cuya información se encuentra en disputa, corresponde a una intensa actividad de espionaje y represión que la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet montó para controlar grupos de opositores y exiliados que llegaron a ese país, tras el golpe de Estado que derrocó al Presidente constitucional, Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
La solicitud de información fue ingresada en marzo por el periodista Luis Narváez, que investiga violaciones de los derechos humanos ocurridos este periodo. La petición fue tramitada por al Subsecretaría de Relaciones Exteriores que, un mes después, denegó el acceso a esta información aduciendo que “la publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida, afectará de forma probable, presente y específica el debido cumpliendo de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto se trata de requerimientos cuya atención distraerá indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”.
En junio, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por Gloria de la Fuentes, Natalia González, Francisco Leturia y Bernardo Navarrete, acogió en forma unánime el amparo de información interpuesto. En su decisión, descartan de plano las razones de la Cancillería ya que no lograron fundamentar cómo afectaría o dañaría la entrega de los cables diplomáticos. “El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad”, sostuvieron en el fallo.
No obstante la entrega de la información está ordenada desde junio, recién durante la jornada, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, informó que para acceder a la información, el reclamante ahora debe cancelar los costos de la reproducción de los documentos. Aclara que la cantidad de páginas que fue necesario fotocopiar corresponde a 32.105 y que “la documentación será entregada una vez verificado el pago respectivo”.
Sobre el punto, Narvaéz explicó que se solicitó la información en formato digital. “En ninguna parte de la solicitud de información se pide que se fotocopie ningún documento. Lo absurdo de la situación es que la Cancillería argumenta que para tachar aquellos datos considerados personales o sensibles, debían fotocopiar más de 30 mil hojas y luego digitalizarlos. Es decir, no fueron capaces de tomar imágenes con una cámara o celular y luego editarlas y por eso me niegan un derecho”.
La Ley de Acceso a la Información Pública, agrega el profesional, consagra el principio de gratuidad. “Existe un instructivo, en conocimiento de la Cancillería, que dice que si la entrega de la información provoca un gasto oneroso, esto debe ser comunicado con antelación a la decisión de acceso, para buscar alternativas. Esto jamás ocurrió, por lo tanto este cobro es completamente improcedente.
Ahora el Consejo para la Transparencia debe resolver si acoge el reclamo de Narváez o si valida el millonario cobro para entregar la documentación con información pública.