Piden 3 años de cárcel para carabineros acusados de ocultar evidencia para culpar a preso de la revuelta

Se trata de una causa por obstrucción a la investigación contra dos oficiales de Coyhaique, a quienes se les atribuye haber escondido, en medio del estallido social, un video que exculpaba a un estudiante imputado por maltrato de obra a Carabineros.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió este martes la audiencia de preparación de juicio oral en contra del coronel de Carabineros en retiro Pablo Capetillo, ex prefecto de Aysén, y el capitán Juan Fuentes, por el delito de obstrucción a la investigación, por hechos ocurridos en 2019, en el contexto del estallido social.

En esta causa, la Fiscalía solicita una multa de 630 mil pesos y tres años de cárcel para ambos imputados, quienes según la indagatoria, el 6 de noviembre de 2019 ocultaron videos que exculpaban a un estudiante detenido por el delito de maltrato de obra contra Carabineros, joven que incluso estuvo en prisión preventiva por estos hechos.

“Estamos ya bastante cansados esperando que se pueda iniciar este juicio. En unas semanas más cumplimos dos años desde que mi hijo fue detenido y desde que se produjo el montaje; la verdad es que es demasiado tiempo”, señaló Patricio Sanhueza, padre del estudiante detenido, recoge Cooperativa.

INDH y CDE querellantes en la causa

La Fiscalía comunicó el cierre de la investigación hace seis meses, dejando a la familia del estudiante inconforme, ya que sólo se terminó acusando a dos carabineros y se descartó la investigación de otros funcionarios que están querellados por el Consejo de Defensa del Estado.

“No es lo que esperábamos, queríamos que todos los carabineros involucrados llegaran a esta instancia. Sin embargo, la Fiscalía determinó no formalizar a seis de estos carabineros que rindieron falso testimonio”, señaló Sanhueza.

“En cualquier otra instancia, hasta en el colegio, cuando un cabro falsifica una firma está sujeto a sanción, y aquí hubo carabineros que estuvieron dispuestos a falsificar instrumento público y quedan sin sanción”, lamentó el progenitor.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellantes ambos en la causa, solicitan cinco años y un día de presidio contra los imputados. La acusación del CDE plantea que el delito corresponde a falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación.

Foto: Shutterstock.

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