Piñera es acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

“Las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, señala una declaración de la Comisión Chilena de DD.HH. y el exjuez Baltazar Garzón.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH) y el exjuez Baltazar Garzón presentaron una denuncia en contra del Presidente Sebastián Piñera “por su participación en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad” desde el estallido social del 18 de octubre de 2019 hasta la fecha.

Garzón, junto a la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), enviaron un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la abogada Fatou Bensouda, para que investigue, acuse e inicie un juicio al mandatario y a sus colaboradores civiles, militares y policiales por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática”, según informa Ciper.

“Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”, señaló Garzón.

El documento, entregado este jueves, sostiene que la corte internacional debe intervenir debido a que los casos han sido “fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes” y su investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustan al principio de igualdad ante la ley.

“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, señala la declaración.

“Los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de Crímenes de Lesa Humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009”, afirma el documento.

Los firmantes además acusaron omisión del Ministerio Público “de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia”.

Bensouda, quien deja su cargó en junio de este año, debiera definir en principio la admisibilidad de la acusación, para proceder al procedimiento investigativo. Sin embargo, esta etapa puede tardar años.

​Hay que recordar que el exjuez Garzón estuvo a cargo de investigaciones de crímenes de lesa humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado y cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el exdictador Augusto Pinochet.

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