Piñera mantendría Estado de Excepción en la Macrozona Sur hasta el fin de su mandato

Según Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista e integrante de la comisión de Régimen Interno, la decisión ya está tomada según le manifestó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

El Presidente, Sebastián Piñera, buscaría mantener el Estado de Excepción en la Macrozona Sur hasta el último día de su mandato.

Así lo aseguraron parlamentarios que señalan que La Moneda ya habría tomado la decisión de extender la medida que actualmente rige en la región de La Araucanía y dos provincias del Bío Bío, según informa Radio Bío Bío.

Según Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista e integrante de la comisión de Régimen Interno, la decisión ya está tomada según le manifestó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

“No solo lo creo, sino que me consta, puesto que conversé hace dos días con el subsecretario Galli”, señaló Hirsch.

Esta medida no puede ser adoptada únicamente por el Ejecutivo, sino que debe ser prorrogada por el Congreso. Si la decisión ya está tomada, los parlamentarios deberían acepar cinco extensiones de 15 días, lo que superaría los cuatro meses de duración hasta el 11 de marzo, día en que Piñera deja La Moneda.

“Me manifestó que tienen la decisión tomada de mantener este Estado de Excepción hasta el último día de este Gobierno, solicitar al Congreso la renovación quincenal hasta el final del mandato”, agregó el parlamentario.

Sin embargo, cabe recordar que el Congreso no funciona en marzo, por ello, desde el oficialismo ya presentaron un proyecto que busca que esta calificación de excepción se extienda por 30 días, lo que tendría coherencia con lo expresado por el diputado humanista.

Cabe recordar que la última prórroga aprobada por el Senado ocurrió el pasado 7 de diciembre. Hasta la fecha el Estado de Excepción se ha prorrogado tres veces, sumando un total de dos meses con esta medida de militarización.

La medida ha sido cuestionada por activistas de derechos humanos, que han acusado una vulneración del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Este establece que se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Fotos: Shuttestock/Flickr