Sancionan a Paula Daza por vulnerar derechos fundamentales al negar información durante la pandemia
La exsubsecretaria de Salud Pública, quien dejó su cargo para integrarse al comando de José Antonio Kast, fue sancionada con el 75% de su remuneración promedio anual. También fueron amonestados el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac; y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) sancionó a la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, al subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac; y al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, por no entregar información pública o entregarla de manera incorrecta.
Según el CPLT, la autoridad de gobierno, previo a salir de su cargo para integrarse al comando de José Antonio Kast, vulneró los derechos fundamentales al negar de forma reiterada información durante la pandemia.
“En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave, esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y Estados de Excepción”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente.
En el caso particular de Daza y Dougnac, las penalizaciones son por dos procedimientos respecto a cada autoridad iniciados por denegación infundada y reiterada de información solicitada a través de la Ley de Transparencia.
Concretamente, Daza será sancionada con el 75% de su remuneración promedio anual. En el caso del subsecretario de Redes Asistenciales, la sanción será del 65%.
Respecto a Galli, la sanción será de un 30% de su sueldo promedio del último año, luego de que la información solicitada estuviera fuera de plazo o que no coincide con las peticiones.
Las autoridades aún cuentan con la posibilidad de presentar recursos de reposición ante las acusaciones del Consejo para la Transparencia.
Cabe recordar que la falta de comunicación ha sido una constante en el Ministerio de Salud durante la pandemia. En el periodo del ex ministro, Jaime Mañalich, donde Daza ya era exsubsecretaria de Salud Pública, la Mesa de Datos del Covid-19 acusó la “ausencia” de información, por lo que el 30 de abril congeló su participación.
“La falta, hasta ahora, de información abierta de datos de salud que permitan hacer el trabajo comprometido, ha hecho que el IMFD decida congelar su participación en la Mesa de Datos, al menos hasta que dicha iniciativa cuente con la información requerida para que la ciencia pueda realizar su labor”, decía a través de una publicación en su sitio web este Instituto que, por lo demás, es albergado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.
La misma declaración del IMFD indicaba lo que ya varios veían en el actuar de las autoridades: que la emergencia sanitaria se estaba manejando según los costos o beneficios políticos que podría dejar la crisis del Covid-19, más que como una problemática de salud pública.
“Pareciera ser que la repercusión política que podría generar el hacer ciertos procesos auditables por la ciudadanía, se antepone al objetivo fundamental de enfrentar la pandemia con las mejores herramientas de las que disponemos, llevándonos a tener a científicos, expertos y la ciudadanía sin poder contar con datos importantes. Y esto es un problema que va más allá de la autoridad sanitaria, creemos que está arraigado en nuestra falta de cultura de datos abiertos”, señalaba.
Días antes, fuentes al interior del Minsal acusaban que se estaban ocultando datos y que no se estaba entregando toda la información a la ciudadanía.
Fotos: Flickr Minsal/Shutterstock