Sename: En cinco años, Fiscalía solo ha logrado cuatro condenas en las más de 300 causas por muertes de menores

Desde que comenzó a investigar el fallecimiento de niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado en 2016, el Ministerio Público ha abierto 347 causas. A la fecha, solo cinco ex funcionarias han sido condenadas y tres ya han cumplido su sentencia. Según Fiscalía, de las 25 procesos aún vigentes, la mayoría tiene “decisión de término ya adoptada sin imputado conocido”.

El 11 de abril de 2016, una noticia sacudía al país y comenzaba a destapar uno de sus mayores escándalos de violaciones a los derechos humanos. Lissette Villa, de 11 años, fallecía en el Servicio Nacional de Menores (Sename) tras ser asfixiada por dos cuidadoras.

Conne Fritz y Thiare Oyarce, funcionarias del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Galvarino de Estación Central, ahogaron a Lissette al intentar contenerla en una arrebato de ira.

El caso causó tal revuelo, que tres meses después, el Fiscal Nacional Jorge Abbott le ordenó al entonces Fiscal Regional de Los Lagos Marcos Emilfork investigar las responsabilidades penales en muertes de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado.

En estos cinco años, 347 causas han sido abiertas por el Ministerio Público. Sin embargo, solo se han conseguido cuatro condenas.

Según datos de la Fiscalía de Los Lagos obtenidos por La Tercera, 322 de esas causas ya han terminado, de las cuales 78 concluyeron con sobreseimiento definitivo por no encontrarse hechos constitutivos de delitos.

De las 25 que aún están vigentes, el Ministerio Público señaló que la mayoría tiene “decisión de término ya adoptada sin imputado conocido”.

Del total de causas iniciadas, 339 perseguían el delito de cuasidelito de homicidio. Solo una lo hizo por el delito de torturas y apremios ilegítimos: la de Lissette Villa.

Cuatro condenas contra cinco ex funcionarias

Entre las cuatro condenas se encuentra el caso de Lissette Villa, donde Fritz y Oyarce fueron declaradas culpables de apremios ilegítimos y esperan su lectura de sentencia del próximo 7 de enero. Fiscalía pide siete años de cárcel.

En las otras condenas, tres ex funcionarias ya cumplieron sus penas. En 2017, la educadora Virginia Ferreira fue sentenciada a 300 días de reclusión menor en su grado mínimo por cuasidelito de homicidio en la muerte de un lactante en un hogar de Puerto Varas.

El 2018, la enfermera Karina Muñoz Arenas fue sentenciada por el mismo delito, ocurrido en un centro de Rancagua con una adolescente como víctima, a 60 días de prisión en su grado máximo.

La última de las condenas fue contra la directora de un centro de organismo colaborador, que fue sentenciada a 41 días de prisión en su grado máximo por presentar documentos falsos ante un tribunal, esto en el marco de la investigación por la muerte de una niña que padecía lupus cuando se encontraba en actividades recreacionales en Pichidangui.

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