Sigue el abandono en la frontera: Joven migrante fallece en Colchane

Esta ya es la muerte número 20 de una persona migrante en la comuna en el 2021. Desde la ciudad denuncian una grave situación de hacinamiento e insalubridad en el refugio transitorio del Gobierno, además de un colapso de la red de salud, todo mientras el presidente Sebastián Piñera insiste en su cuestionada política de expulsiones ilegales, que incluso ha enfrentado al Ejecutivo con el Poder Judicial.

A eso de las 6 de la tarde de este miércoles, Miguel Palominos Velásquez, un hombre peruano de 21 años, falleció en la Urgencia del Servicio Médico de Colchane.

Hasta allí llegó trasladado por un compatriota, sin signos vitales, y pese al trabajo de reanimación del personal médico, no logró sobrevivir.

De acuerdo al testimonio de su acompañante, ambos viajaban desde Santiago para trabajar en una obra. La directora de salud municipal, Yolanda Flores, señaló que este “no recordaba ni el lugar ni la empresa contratista”.

“Informó que durante el día tosía con flema y que inesperadamente se desmayó, y lograron trasladarlo tras pedir un aventón a un vehículo que pasaba por el sector”, agregó la funcionaria.

Esta ya es la muerte número 20 de una persona migrante en la comuna durante el 2021, lo que mantiene gran preocupación entre las autoridades de Colchane. La mayoría ha ocurrido mientras cruzan por pasos fronterizos inhabilitados en medio de extremas condiciones climáticas.

La ciudad vive desde febrero una grave crisis migratoria y humanitaria, recibiendo masivos flujos de personas migrantes en situación irregular que ingresan al país por la frontera con Bolivia.

Abandono del Gobierno

En octubre, tras casi 9 meses de crisis migratoria, el Gobierno instaló un refugio transitorio para recibir a las personas migrantes en Colchane. Allí se brindarían servicios básicos y apoyo a las familias.

La semana pasada, trabajadores de la salud de la comuna se manifestaron afuera de la posta acusando un colapso de la red asistencial y una abrumadora situación de estrés y sobrecarga laboral.

El refugio del Gobierno, acusan, está a cargo de una empresa productora de eventos que no dispone de personal de atención médica, por lo que los funcionarios municipales deben asumir esa tarea.

También se acusa un colapso absoluto en sus instalaciones, con una crítica situación de higiene y salubridad. “Llevamos bastante tiempo esperando soluciones concretas y reales y esto del refugio no ha sido la solución adecuada”, indicó Romina Aguilar, una dentista de Colchane.

“Ha sido bastante caótico porque el personal no da abasto para satisfacer las necesidades de los migrantes. Nos damos cuenta que en el refugio no están las condiciones básicas para velar en su salud, en sus derechos. En estos momentos están hacinados. Allá no hay personal de salud que los atienda en primera instancia y siempre llegan a la posta buscando ayuda. Han llegado pacientes con fracturas, muchas embarazadas, deshidratados y hemos tenido que ocupar recursos del Consultorio General Rural para poder atenderlos”, explicó Aguilar.

La directora de salud municipal, Yolanda Flores, denunció “una irresponsabilidad de parte del gobierno, del Estado de Chile, implementando una carpa transitoria para la gente que llega angustiada, que no tienen personal a cargo para que puedan acoger a esta personas. Les siguen vulnerando sus derechos y no tiene recurso humanos de salud para poder darles atención”.

Flores pide la implementación de un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu), asegurando que “no podemos seguir presionando a nuestros funcionarios, agotándolos mental y físicamente”.

En paralelo, algunos migrantes denuncian una prohibición de su traslado instruida por las autoridades. Luisine, una mujer venezolana, indicó que “no nos están dejando pasar a nosotros, a los venezolanos. Estoy con mi bebé desde ayer. Los conductores nos dicen que está prohibido llevarnos a nosotros pero vemos que han montado a otros bolivianos, colombianos… Me siento horrible que nos discriminen así”.

Expulsiones indiscriminadas y la cuestionada Ley Migratoria de Piñera

En un 2021 crítico en cuanto a la crisis migratoria en el norte del país, el gobierno de Sebastián Piñera ha adoptado una pol´ítica de expulsiones indiscriminadas de los migrantes en condición irregular.

Se han dispuesto de aviones para concretar la deportación de cientos de personas que han llegado a Chile desde distintos países latinoamericanos, en su mayoría de Venezuela.

Organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Jesuita Migrante han denunciado la ilegalidad de estas expulsiones administrativas, donde no se respetaría el debido proceso y se obstaculizaría el acceso a la justicia de los afectados.

Esto mantiene una disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, donde los tribunales han revertido algunas expulsiones de migrantes, criterio que ha sido cuestionado por el Gobierno.

En los últimos cuatro años, la Corte Suprema ha declarado ilegal la expulsión de más de 700 migrantes en 400 fallos que ratifican las irregularidades de estas deportaciones.

Todo esto ocurre bajo el manto de la Ley Migratoria de Piñera, promulgada en abril de este año con la consigna de “ordenar la casa”.

La legislación también ha sido ampliamente cuestionada por distintas entidades, como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que ha acusado una estigmatización y criminalización de la migración.

Bajo repetidas alusiones a frenar el narcotráfico, el Gobierno impulsó su ley apelando a una necesaria regulación de la migración. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional declaró inconstitucional seis artículos de ella en enero.

Una vez promulgada la ley, la Universidad de Chile condenó que “el Gobierno de Chile corona tres años de instrumentalización de la política migratoria y de discriminación de carácter racista”.

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