A dos años de que comenzaran las masivas movilizaciones de los derechos humanos, el país enfrenta aún el desafío de construir una República de los Derechos Humanos que pueda acoger y desarrollar las dignidades, preocupaciones y demandas de todos los sectores de la sociedad.
Este lunes la Convención Constitucional, tras acordar los reglamentos que regirán sus debates y votaciones, comenzó a redactar el marco legal que regirá en Chile las próximas décadas, mientras que en el sur del país un millar de militares, con helicópteros y tanquetas, despliegan la última apuesta del presidente Sebastián Piñera por la fuerza.
Es de esperar que en el Chile del futuro ningún mandatario pueda declarar la guerra a su propio pueblo y que ningún general crea que sus tropas están al servicio de una estrategia electoral de algún político enfrentado a los tribunales de justicia.
El desafío político, social y ambiental de Chile es enorme y nadie parece dispuesto a acometerlo. Algunos prefieren, en especial en el centro y la izquierda, que el nuevo gobierno dure sólo dos años y otros, en la derecha, buscan retrotraer la situación al orden institucional derrumbado en 2019.
Construir una República de los Derechos Humanos es un camino viable, pero complejo. El país tiene las capacidades y riquezas. El ingreso per cápita actual de Chile es superior al que tenían el año 2000 países como Estonia, Lituania o Eslovaquia, todos ellos miembros de la zona Euro.
Para facilitar el diálogo y la construcción colaborativa de nuestro proyecto país debemos hilvanar equilibrios institucionales que den cuenta de nuestra diversidad, eliminar el uso de las fuerzas armadas y de orden como dirimentes de las diferencias políticas y desprivatizar el Poder Judicial, capturado hoy por sectores que privilegian el abuso y la impunidad.
Pero también debemos articular un nuevo modelo de desarrollo que impulse al país al desarrollo tecnológico, la protección ambiental y la articulación ciudadana sobre los territorios.
Todo ello mientras articulamos una sociedad de derechos respetuosa de las libertades individuales, capaz de acoger e impulsar, por ejemplo, las demandas del feminismo.
La posibilidad de este destino, por cierto, no sé resolverá en la nueva Constitución. En realidad, ella sólo será el marco para empezar a construir un país que hoy es tan viable como lejano.