Demora en las ayudas económicas y un desempleo sobre el 8%: El complejo escenario en el que podría arribar la variante Ómicron

Una posible llegada a Chile de la variante detectada en Sudáfrica se da en un contexto donde la sociedad chilena está con altos niveles de estrés, con ayudas económicas tardías, una tasa de empleo que no ha vuelto a números pre Covid y casos positivos al alza.

La pandemia del coronavirus y la aparición de una serie de variantes ha sido el contexto en que el mundo se ha tenido que desenvolver durante los últimos dos años.

Durante los últimos días se ha informado sobre la aparición de una nueva variante identificada como Ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recientemente la calificó como de alto riesgo de transmisión y que amenaza con una nueva ola de contagios.

“Puede haber nuevas olas de COVID-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran”, anticipó un informe dado a conocer esta semana por la OMS.

La variante se detectó el 9 de noviembre en Sudáfrica y actualmente ya se encuentra en África, Europa, Oriente Medio y Asia Oriental.

Australia tenía planeado abrir sus fronteras este 1 de diciembre, sin embargo, tras la confirmación de cuatro casos de la variante Omicron, el primer ministro Scott Morrison debió echar pie atrás y anunció la suspensión de la medida para ciertos trabajadores y estudiantes.

En el caso de Chile, la propagación del virus ha condicionado el proceso constituyente que se está llevando a cabo tras el estallido social  y las elecciones presidenciales que se definirán el próximo 19 de diciembre.

El país tampoco ha estado ajeno a las consecuencias sociales, políticas y económicas que ha dejado la pandemia y la aparición de la nueva variante sudafricana se da en medio de un complejo escenario político, social y económico.

Demora en las ayudas económicas y dilatación de discusión del cuarto retiro

Una posible llegada de la variante Ómicron al país ocurre en un escenario donde la mayoría de los chilenos viene arrastrando un desgaste y nivel de estrés que se ha prolongado desde el estallido social de 2019, el que se vio incrementado con la crisis económica y la demora en las ayudas por parte de las autoridades.

Debido al retraso inicial de ayuda económica por parte del Gobierno, la discusión se ha centrado en los retiros del 10% de las AFP y la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia, medida que ha sido cuestionada por la gran cantidad de personas que no ha podido recibir el beneficio económico.

El último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al trimestre julio-septiembre estimó la desocupación nacional en un 8,4%, contrayéndose 3,9 puntos porcentuales en doce meses.

Sin embargo, no hay que olvidar el alto porcentaje de personas que no tienen un trabajo formal. Entre 2017 y 2019 el promedio de trabajadores informales fue del 29%, es decir, casi uno de cada tres trabajadores en Chile no cuentan con cotizaciones de salud ni con previsión social.

En relación a la pandemia, si se compara el segundo trimestre de 2020 en relación con el segundo trimestre de 2019 hubo casi 2.5 millones de empleados que se perdieron producto del Covid-19.

De ahí la preocupación que existe tras el fin de la ley de acceso flexible el pasado 6 de octubre y que modificaba los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía. De esta forma se buscaba apoyar a quienes se encontraban cesantes pero no reunían los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía.

Cabe recordar que los afiliados recibieron un primer pago correspondientes al 70% del promedio de sus últimas 6 o 12 remuneraciones. A partir del segundo pago, los montos van decreciendo en un 55%, 45%, 40%, 35%, 30% hasta agotar el saldo de la cuenta.

Pese a que el Presidente, Sebastián Piñera, anunció hace algunos días la extensión del IFE Laboral hasta más allá del mes de diciembre, el beneficio no ha estado exento de críticas, debido a la demora de la entrega de los pagos y a la falta de información y respuestas a las personas que cumpliendo los requisitos no han obtenido el beneficio.

Según los datos del Sence, a mediados de este mes las personas beneficiadas con el IFE Laboral no alcanzaba al 60%, mientras que varios postulantes acusan que no han recibido el beneficio ni han tenido respuesta a sus solicitudes.

No son pocos los usuarios en Internet que han reclamado que no han recibido ningún pago pese a cumplir con los requisitos y presentar todos los documentos necesarios.

Esto se suma al retraso del cuarto retiro del 10% de las AFP, discusión que se ha dilatado en el Congreso y que actualmente se encuentra en debate en comisión mixta.

De hecho, hace dos semanas el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el senador Pedro Araya confirmó que el proyecto del cuarto retiro no será votado antes de las elecciones, lo que pone más presión a las familias que se encuentran en una difícil situación económica producto de la pandemia.

Cierre de fronteras y aumento de casos positivos

Desde hace varias semanas que el Ministerio de Salud ha venido informando sobre un aumento de casos positivos de Covid-19. Aunque la mayoría de los casos de gravedad corresponden a personas no vacunadas, lo cierto es que el aumento de la positividad ha puesto en alerta a las autoridades y expertos.

En esta misma línea, se suponía que el 1 de diciembre se abrirían las fronteras terrestres, sin embargo, la semana pasada la Sala del Senado le solicitó al Presidente Piñera que retrase esta medida en los pasos de Chacalluta y Colchane, para privilegiar la protección epidemiológica de la población de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.

Esta solicitud se debe al aumento de casos en Perú y Bolivia, donde aún no tienen un alto porcentaje de vacunación ni se ha implementado la tercera dosis o dosis de refuerzo.

El proyecto presentado señala que “en ambos países aparece como lejana la aplicación de una tercera dosis de refuerzo”, manifestaron que “la presión que la apertura de fronteras para los servicios de salud de las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá será muy alta, sobre todo que no se considera un mayor presupuesto, contratación de mayor personal ni dotación de nueva infraestructura para la prestación de los servicios de salud de dichas regiones”.

El último informe del Minsal señala que desde el inicio de la pandemia el número de casos positivos asciende a 1.761.365, mientras que los fallecidos son 38.343.

Respecto a la red integrada de salud, existe un total de 189 camas críticas disponibles.

Cabe recordar que a mediados de octubre, el Colegio Médico junto a Colegios Profesionales y organizaciones sociales crearon Mesa Unitaria para defender la salud pública y pidieron al Gobierno impedir el desmantelamiento de los sistemas de salud que se implementaron durante la pandemia.

Fotos: Flickr/Shutterstock

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