Desfalco en Gendarmería: condenados con pruebas falsas demuestran inocencia y acusan a Javiera Blanco por desvío de fondos por más de $10 mil millones

Leandro Tegler había denunciado graves ilícitos en Gendarmería bajo la administración de Javiera Blanco como ministra de Justicia, junto a dos directores de la institución. Entre ellos, malversación de caudales públicos y una caja pagadora de favores con las pensiones de Dipreca, la que desvió más de $10 mil millones en sólo dos años. Esta denuncia le costó un calvario judicial, en el que mediante pruebas adulteradas, Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, señala, lo condenaron por falsificación de títulos universitarios. Toda una maquinaria política y judicial destinada a acallar el escándalo que hoy queda al descubierto.

Por: Laura Landaeta L.

“Fui perseguido, amenazado, imputado y sentenciado judicialmente con pruebas falsas. Dañaron a mi familia, perdí un hijo y todo por denunciar la verdad”. Con esas palabras, Leandro Tegler comienza un relato espeluznante en esta entrevista en el que deja en evidencia cómo el entramado judicial y político se confabuló para detener una denuncia que hoy se investiga por un escándalo de corrupción de proporciones al interior de Gendarmería en el período en que Javiera Blanco era ministra de Justicia.

Tegler fundó junto a otros dos profesionales de Gendarmería un sindicato de trabajadores de la institución que funcionó entre los años 2014 y 2016 y que reunió a más de 250 asociados en todo Chile. “Le pisamos los callos al poder corrupto y pagamos por ello”, dice el hoy ex funcionario.

Tanto fue así que Tegler y sus socios en este periplo sindical fueron acusados por el Consejo de Defensa del Estado de manipular y presentar certificados de estudio falsos en una causa por la que fue condenado a 541 días de pena remitida, lo que dejó su imagen por el suelo en 2015. Hoy, seis años después, Tegler logra demostrar su inocencia y se lanza con todo en un pleito judicial por llegar a la verdad y que los culpables paguen.

En total ocho querellas, todas admisibles y que ponen foco en un entramado en el cual están involucrados dos directores de Gendarmería y varios funcionarios de alto rango: la entonces ministra de Justicia Javiera Blanco; el Fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Jaime Retamal; el Fiscal Nacional Jorge Abbott, el diputado Osvaldo Andrade y otros políticos y operadores cercanos al Partido Socialista, incluyendo un senador de la república.

Los hechos y las denuncias

En septiembre de 2014, Rodrigo Luna, Rodrigo Vega Marchant y Leandro Tegler eran capitanes de unidades penales en distintas partes del país. Tegler trabajaba en Puente Ato haciendo investigaciones, Luna trabajaba en un hogar de menores de Gendarmería y Vega en Temuco.

Ellos vieron irregularidades en sus recintos carcelarios y evidenciaron que las prestaciones de Dipreca habían dejado de pagarse y no había médicos para atender a los funcionarios, pues se había hecho una maniobra de mover capitales de la institución para pagar abultadas e ilegales pensiones como forma de devolver favores políticos a cercanos a la ministra de Justicia, en desmedro de todos los funcionarios.

Posteriormente evidenciaron además que se les estaban recortando entre 50 y 140 mil pesos mensuales en bonificaciones, lo que sumaba alrededor de $650 millones mensuales, considerando los 13 mil funcionarios que tiene la institución. Con ese dinero, se estaban pagando beneficios a nuevos miembros de la institución que llegaban a Gendarmería sólo a pasar un corto período antes de pensionarse por Dipreca.

Incluso en esa época se conoció de personas que ingresaban a la institución solo por unos meses, para posteriormente pensionarse por el sistema de Fuerzas Armadas, el cual considera el último sueldo recibido como el dinero total de su pensión a futuro. Es decir, funcionarios sin experiencia o carrera tenían rangos de sueldo de uno a tres millones de pesos pero con estas bonificaciones podían sumar hasta siete millones mensuales que se traducían en su futura pensión mensual.

De esta forma descubrieron un entramado en el cual se utilizó este mecanismo para pagar favores políticos de parte de la Ministra de Justicia y beneficiar con ello a militantes y simpatizantes del Partido Socialista, a través de esta modalidad de estafa al Estado.

Por ejemplo, Ema Myriam Olate Berríos, esposa del socialista Osvaldo Andrade, aceptó su renuncia voluntaria al cargo de Subdirectora Técnica de la institución a contar del 1 de octubre del 2015 y percibió una pensión de $5.214.799 mensuales.

“Marco Antonio Fuentes Mercado, ex director de Gendarmería, junto al actual director de la institución, Christian Alveal Gutiérrez, idearon un método para defraudar al Estado”, cuenta Tegler.

“Nosotros en 2014 nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y creamos la Asociación Nacional de Profesionales de Gendarmería, ANOPRO. Veíamos hechos de corrupción y denunciamos en enero de 2015, cuando vemos que se les quitan las asignaciones críticas, fondos destinados para que el Director de Gendarmería, de manera discrecional, le pague a los funcionarios de alto rango por la complejidad de trabajo en distintos penales del país. Bajo la idea de Alveal colocaron a una mujer, Gema Paillado, pese a que salió no apta en su examen sicológico, para redestinar estas asignaciones críticas para dárselas a personas de su confianza”.

Como estas asignaciones eran entregadas a discreción del director, él contaba con la venia para hacer esta maniobra, la cual sumaba aproximadamente cerca de $550 millones al mes, por un total de al menos dos años, lo que resulta en un desfalco de más de $10 mil millones, los cuales fueron reasignados para abultar las pensiones de amigos y colaboradores cercanos a la ministra de Justicia Javiera Blanco y el director de la institución.

Con esta denuncia en curso y siendo atendidos por el Poder Legislativo, el cual armó una comisión investigadora por las denuncias de los dirigentes gremiales, es que la asociación recibe una invitación para que sus asociados participen de una iniciativa de la Universidad SEK para tomar clases y sacar títulos y posgrados profesionales como beneficio sindical, por una módica suma mensual.

Es así como Tegler y Luna incluyen en la nómina a 30 asociados a su sindicato sin prever lo que se les vendría, pues meses después, en noviembre de 2015, ambos son procesados y denunciados por el Consejo de Defensa del Estado por fraude y falsificación de títulos universitarios.

Así, todas sus denuncias se acallaron y quedaron en nada. Incluso su federación sindical se terminó. Nunca más se habló de las pensiones fraudulentas de Gendarmería y Tegler comenzaría a vivir su peor pesadilla.

Según los antecedentes reunidos en la causa que dirigió el fiscal de Alta Complejidad Metropolitano Centro-Norte, Jaime Retamal, casi 300 funcionarios presentaron certificaciones o títulos profesionales entre 2012 y 2015, que habrían sido emitidos por las universidades La República, SEK y el Instituto Valle Central, en sus sedes de Santiago y Talca, los que resultaron ser falsos.

También fue sentenciado por estafa y falsificación de títulos el empresario Patricio Silva Espinosa, representante legal de la Sociedad Jorquera y Compañía Limitada (Siljor), quien realizó el timbraje y suscripción de los certificados, quien fue condenado a cumplir cinco años y un día de manera efectiva. Mientras que Tegler, Luna y otros dirigentes fueron condenados a 541 días de pena remitida y alejados de sus funciones sin ningún beneficio.

La investigación y las pruebas falsas

En noviembre de 2015 Gendarmería comenzó a investigar internamente una denuncia de títulos profesionales falsos de la cual se desconoce su procedencia. En este contexto citan a declarar al empresario Patricio Silva Espinosa, quien había realizado este convenio entre la Universidad SEK y los trabajadores de Gendarmería.

Días después, el 11 de noviembre, Fiscalía toma el tema y ordena incautar y allanar la sede de la asociación de trabajadores de Tegler y Luna y estos se les acusa de haber cobrado a los funcionarios para entregarles títulos falsos. Todo esto avalado por la declaración del empresario Patricio Silva, quien reconoce una concitación con los dirigentes para delinquir y estafar a gendarmes.

Incluso se acusa a Tegler de poseer un título falso de la Universidad de la República y haberlo presentado para tener derecho a usufructuar de la bonificación profesional que se entrega a funcionarios que cumplen ese rol, pero el capitán asegura que eso no es verdad, que él jamás había visto ese título y que su título real, reconocido por el Estado, es de otra universidad y, por cierto, no es falso. Tal como demuestra su cédula de identidad en la que se le reconoce como ingeniero de la universidad Arturo Prat.

La causa fue llevada por la Cuarta Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el mismo que es hoy investigado por corrupción, por solicitud de los abogados del ex ejecutivo de SQM, Aldo Motta, luego de que el magistrado Soto Galdames confesara haber redactado un borrador del fallo condenatorio antes de que se acabara el juicio.

Ese tribunal además lo integra la jueza Gigliola Devoto Squadrito, quien abiertamente confesó en plena causa contra Tegler y Luna que era amiga de Retamal, a quien trataba de “Jaimito”. “Yo no estuve en un tribunal, estuve en un circo”, acusa Tegler.

Es así como comienza un periplo judicial en el cual se le imputan documentos falsos que él no firmó ni conocía, se les esconden evidencias, el fiscal Retamal no permite acceso a las carpetas completas y bajo falsos testimonios, que Tegler acusa fueron conseguidos con amenazas, se le condena.

El día antes de su presentación de defensa en el caso en su contra, Tegler, que a esas alturas ya contaba con pocos elementos para defenderse pues se le había incautado todo por orden de Retamal, mientras se baja a comprar y mantiene los documentos que llevaba al tribunal, es víctima de un robo en el cual se le abre el vehículo y se extraen sólo esos documentos.

“Al perder esos documentos y sin poder extraer los demás antecedentes de los implementos incautados durante el allanamiento, perdimos toda posibilidad de defendernos. Solo me queda demostrar que mi título no era falso. Y lo hice, pero no sirvió de nada en ese entonces y me condenaron igual”.

“Acusaron a un colega de que estaba en segundo medio y no podía acceder a título universitario, pero ese colega estaba desde 2011 en la institución y había cursado todos sus estudios. Se me acusó de instigar doctrina militar en Gendarmería desde hace 30 años, y yo hace 30 años tenía 8 años. Fue así de burdo el montaje pero avalado por los jueces, llegó a ser condenado en diciembre de 2018”, recuerda Tegler.

“Como si eso fuera poco, en medio del juicio, cuando se abre la carpeta investigativa de la causa, donde estaban todos los certificados reales y falsos, el juez consideró que estaba muy desordenada y le permitió a Retamal llevarla a su casa para ordenarla, así tal como te señalo. Se rompió la cadena de custodia y ahí se pierde mi certificado de título real”, señala el afectado.

Además, jamás se mostró hasta hoy el famoso título falso que se le imputa a Tegler. Nunca ha sido visto ni en el juicio ni posteriormente. Sólo se señala que existe. Tampoco hubo testigos de la universidad SEK que reconocieran que ese título les llegó de manos de Tegler.

Sólo dos funcionarios de Gendarmería atestiguaron contra Tegler y ambos posteriormente se desdijeron. Sin embargo, y de manera insólita, éste fue sancionado y condenado como parte del entramado de las falsificaciones. Lo mismo sucedi´ó con el capitán Luna, el entonces presidente de la asociación gremial que acusaba la malversación de dineros en Gendarmería

Curiosamente, Tegler pidió que se realizaran peritajes a sus especies. Luego de pedir un cumplimiento forzado del fallo, solicitan de vuelta sus especies para pensar en apelar a la Suprema o abrir querellas en contra de los involucrados en este montaje, y al recibir sus teléfonos y computadores, se dan cuenta que parte de ellos fueron formateados y que la evidencia que los exculpaba desapareció.

Es así como contratan peritos que analizan esta evidencia y ellos confirman que la fecha en que desaparecieron estos documentos e incluso el chip del celular de Tegler, fue durante la época en que sus bienes estaban en cadena de custodia de evidencia por estar incautados.

Mientras estaba el caso en investigación Gendarmería hace un escrito interno donde se notifica su destitución y la de Luna, según Tegler, “como forma de evitar que nos colaboren otros funcionarios”.

“Lo peor de todo es que esa resolución tiene una firma del director de entonces, Jaime Rojas, el cual confesó posteriormente que su firma había sido falsificada pues él no quería firmar ningún documento en nuestra contra pues sabía que éramos inocentes y posteriormente nos lo hizo saber”.

“Interpusimos una querella pero nuevamente no se consideró. Ahora, años después, esperamos que esto se analice pues con las presiones de la ministra de Justicia Javiera Blanco se insistió en acallarnos e involucrarnos en esta historia de manera ilegal”, explica Tegler.

La verdad sale a flote

Cinco años después, el capitán demuestra su inocencia: “Durante toda la investigación solicité mis equipos incautados porque en estos estaban los documentos que nos liberaban de cualquier culpa en este tema, pero nunca me permitieron acceder a ellos por lo que no pude defenderme correctamente”.

“Me querello por el caso y mi querella cae en manos del fiscal Marcelo Carrasco Gaete, el mismo que investigó a Sebastián Piñera y lo dejó libre por el caso Dominga. Entrevista a los funcionarios que me inculparon en la investigación interna de Gendarmería y ellos señalan que el propio fiscal Retamal fue quien elaboró esta falsa denuncia. Sin embargo, los avances y la investigación quedan en nada y se procede con nuestra condena pese a que ya estaba claro que se trataba de un montaje”.

Condenado, Leandro Tegler comienza una seguidilla de querellas para limpiar su nombre. Entre ellas, acusa de corrupción al fiscal Retamal con pruebas y testimonios que avalan las presiones recibidas para incluirlo en el escándalo de los títulos falsos con la idea de sacar de circulación no sólo a la agrupación sindical y sus líderes, sino además con la férrea voluntad de que no se investigue más el tema de las pensiones millonarias y el desfalco de Gendarmería.

“El Ministerio Público se investiga a sí mismo y son todos amigos. Yo denuncio al fiscal Retamal por corrupción y lo investiga otro fiscal que después de tener la evidencia testimonial de los gendarmes que me acusaron, de que fueron presionados por Retamal, sobresee la causa porque yo tenía una condena. O sea, todos se protegieron”.

Ahora, la causa contra Retamal es nuevamente investigada, esta vez por el Fiscal Regional de Alta Complejidad José Luis Pérez Calaf, quien no le da garantías a Tegler de que se haga justicia, ya que ha frenado varios intentos por denunciar las irregularidades de Retamal. Para colmo, se acaba de redestinar al funcionario policial que tenía avanzadas diligencias en la causa a la región de Arica con lo que esta denuncia esta prácticamente partiendo desde cero.

“Nosotros le pedimos a Jorge Abbott que investigara a Retamal por su negligencia y por corrupción pero el Fiscal Nacional le envía la solicitud al Fiscal Cooper, jefe de Retamal, quien indica que todo está bien hecho. Pero, ¿cómo va a estar todo bien hecho si los testimonios son falsos, si se escondió mi título real, si se me imputo haber enviado un título falso sin mostrarlo jamás como evidencia y sin además mostrar pruebas de que efectivamente yo envié ese título?”, acusa Tegler.

Además el ex director de Gendarmería, Freddy Larenas se contactó con los falsamente imputados y les comentó la verdad poco antes de fallecer en circunstancias que hasta hoy no son claras. Algunos dicen que fue suicidio.

“Larenas nos dice que efectivamente un operador político involucrado en el caso Corpesca se acercó a decirles que el Partido Socialista estaba preocupado por las imputaciones contra Osvaldo Andrade por el tema de las pensiones de Gendarmería y que fue él junto al entonces subdirector Jorge Ortiz Silva, el mismo que trabajando para el INDH recibió perdigones en una manifestación, quienes detonaron nuestra denuncia falsa. Nos entregó antecedentes y documentos y con ellos hoy estamos arremetiendo con todo contra estos corruptos”, finaliza Tegler.

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