El “elefante blanco” en el INDH que ha impedido querellarse contra el alto mando de Carabineros por violaciones a DD.HH.
Hace más de seis meses se envió una solicitud al consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se hiciera parte de las querellas que buscan responsabilidades en el alto mando de Carabineros por las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Sin embargo, patrocinar las acciones judiciales sería reconocer que hubo crímenes de lesa humanidad, lo que “resultaría complicado para algunos consejeros”, por las implicancias políticas que acarrea. Esto va en contraposición al discurso de su director, Sergio Micco, de buscar “verdad, justicia y reparación”. “Hay una fuerza conservadora al interior del consejo que está frenando esta discusión”, señala una fuente al interior del INDH.
Por Felipe Avendaño
El viernes Patricio Pardo se quitó la vida tras no poder superar la profunda depresión que le casó perder la visión de su ojo derecho luego de recibir el impacto de una lacrimógena en el contexto del estallido social de 2019.
Pardo, de 26 años, era una de las cientos de víctimas de trauma ocular por parte de agentes del Estado que la frase “verdad, justicia y reparación” nunca se materializó en un apoyo concreto y real.
Ese mismo día y solo horas antes de su muerte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, encabezaba la ceremonia de la presentación del Informe Anual 2021 del INDH. En la instancia afirmó que “vamos a agotar todas las instancias nacionales” que permitan llegar a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la revuelta social.
En la misma presentación, Micco señalaba que “no puedo dejar de mencionar el ‘Elefante’ que está dentro de este escenario que se llama ‘toma de la casa del instituto Nacional de Derechos Humanos’”, refiriéndose a la acción realizada por estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y otras organizaciones sociales y que piden la salida de Micco, la libertad a los presos políticos y una real política de verdad, justicia y reparación hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Pero el “Elefante blanco” estaría al interior del consejo del INDH y tendría relación con la resistencia a discutir la solicitud que el 21 de mayo la abogada de Londres 38, Karinna Fernández, envió a todos los miembros del consejo para que el INDH se hiciera parte de las querellas en contra de los altos mandos de Carabineros.
Pese a que el INDH representa a más de 3.400 víctimas de violaciones a los derechos humanos, la querellas presentadas por Londres 38 junto a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) y el Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile (CED), son las únicas que buscan perseguir responsabilidades del alto mando de Carabineros por las violaciones a los DD.HH. durante el estallido social de 2019.
El hacerse parte de las querellas y por ende apuntar a agentes del Estado como responsables de violaciones a los derechos humanos sería reconocer que durante el estallido se cometieron crímenes de lesa humanidad, lo que “resultaría complicado para algunos consejeros”, por las implicancias políticas que acarrea, según señala, el reciente informe anual de DD.HH. del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Esta sería la razón de por qué, a más de seis meses de envidada la solicitud, el tema ni siquiera ha sido discutido en el consejo, aunque varios consejeros han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de hacerse parte de la acción judicial.
Así queda de manifiesto en el Acta 614 del 5 de julio, donde la consejera Margarita Romero solicita que “el INDH se haga parte de las querellas” y donde además hace referencia a los problemas de conducción y comunicación del INDH, los que apuntan al director del INDH al que pide que de “un paso al costado para ceder su cargo a quien estuviera en mejores condiciones de dirigir y reparar el daño causado”.
Al interior del consejo reconocen que la figura de Micco “no genera consenso” y que, al igual como señala el informe de la UDP, “hay una decisión política” que ha impedido discutir la solicitud de hacerse parte de las querellas.
Según el consejero Salvador Millaleo “el consejo está dividido desde el estallido social” y aunque ha solicitado discutir el tema de la querella, “la dirección no lo ha puesto en tabla”
“Debemos hacernos parte de la querella para no favorecer la impunidad”, afirma Millaleo.
“Hay una fuerza conservadora al interior del consejo que está frenando esta discusión”, señala otra fuente al interior del INDH, refiriéndose a la forma en que quedó configurado el consejo y que sigue la correlación de fuerzas que se expresó en la votación de 6 votos a favor y 5 en contra que puso a Micco al frente del INDH.
“Aquí los altos mandos de las fuerzas públicas, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, tienen responsabilidad. El problema radica en que una querella en contra de Carabineros es una cuestión de difícil resolución y decisión al interior del INDH”, señala Lidia Casas, abogada y Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.
Denuncias de tortura en Metro Baquedano y patrón represivo durante la revuelta
El 23 de octubre de 2019 comenzaron a circular una serie de denuncias de que había detenidos y torturas al interior de la estación de Metro Baquedano. Una fue la de Nicolás Lüer, un joven de 22 años que aseguraba haber sido detenido y golpeado por funcionarios de Carabineros.
Según señala el sitio Interferencia.cl, Lüer fue liberado, atendido por la Cruz Roja y trasladado a la Posta Central. En el centro de urgencias, una voluntaria de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile se percató del caso y el abogado Tomás Ramírez –docente de dicha institución– tomó el relato directamente del joven. En consecuencia, la también abogada y docente de la UCH, Myrna Villegas realizó una llamada telefónica al juez Daniel Urrutia, del 7mo Juzgado de Garantía, ingresando un recurso de amparo en favor de los supuestos detenidos que había visto Lüer.
“Esa misma noche, los jueces Urrutia y Darwin Bratti, ambos del 7mo Juzgado, junto al director del INDH, Sergio Micco, y funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, acudieron al lugar de los hechos sin encontrar detenidos; pero sí carabineros que parecían nerviosos y que entregaban versiones contradictorias respecto a las últimas horas”, señala Interferencia.cl.
Según el juez Urrutia, la única forma en que Lüer haya podido entregar una descripción tan detallada del lugar era habiendo estado ahí.
CIPER también dio a conocer otra denuncia en contra del cuartel del metro Baquedano. Se trata de la realizada por David Muñoz quien acusa que en el acceso al cuartel subterráneo le dispararon un escopetazo a menos de un metro, lo que habría ocurrido a la misma hora en que fue golpeado Lüer. Aunque se ha difundido que la acusación de Lüer fue descartada, la PDI informó a CIPER que la Fiscalía le ordenó investigar y Carabineros confirmó que inició un sumario.
La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, integrada por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), estudiantes y profesores de la UCH y el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, se conformó ese mismo día. Tras el estudio de las denuncias recibidas durante el estallido social, publicaron un informe que estableció que “en virtud de todo lo expuesto, corresponde concluir que a partir del 18 de octubre de 2019 hubo en Chile una vulneración sistemática y generalizada de los derechos humanos por parte de agentes del Estado”.
Pese a que el INDH ha descartado que haya una violación a los derechos humanos de forma sistemática -lo que por ley lo obligaría a querellarse por crímenes de lesa humanidad-, los abogados expertos en el tema señalan que la sola masividad de casos, por ejemplo, de víctimas con trauma ocular, configuraría un patrón con el que actuaron agentes del Estado.
“Analizada la información recabada por la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile se concluye que el Estado violó los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, salud, libertad personal, reunión y libertad de expresión. Y que esta violación, como consignamos arriba, es grave, generalizada y sistemática”, es una de las conclusiones del informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile.
Renuncia de Micco y el “error” de acusar a Piñera ante La Haya
Los primeros días de noviembre Micco afirmó que durante el estallido social no hubo una violación sistemática a los Derechos Humanos. Declaraciones que fueron rechazadas por trabajadores del INDH, quienes a través de un comunicado pidieron la salida del director.
“Es absolutamente falso afirmar que este tipo de crímenes sólo puede ser cometido mediante políticas explícitas y concertadas de terrorismo de Estado. Las violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos pueden producirse dentro de contextos formalmente democráticos y no siempre responden a políticas activas, sino que también a la falta de políticas adecuadas, o a la tolerancia con prácticas de violación de derechos humanos”, explicaron.
Según señalaron en el documento, “cuando la acción represiva de los agentes del Estado implica la comisión de delitos tales como: homicidio, lesiones corporales gravísimas, violación o abuso sexual, y tortura, y estos ataques se han hecho de manera generalizada o sistemática, ya estamos, en principio, frente a crímenes de lesa humanidad”.
Sin embargo, para Micco no hay sistematización en la violación a los derechos humanos durante el estallido y hace algunos días consideró “un error” haber denunciado al Presidente, Sebastián Piñera, por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
Según Micco, “se dio un paso en falso” y que la presentación de antecedentes fue una acción “precipitada”.
“Antes de estar pensando en tribunales internacionales, nuestra apuesta ha sido y es a través de nuestro Estado democrático de derecho (…) Nosotros tenemos el Estado de Chile para proveerse de todos los medios para que haya verdad, justicia”, sostuvo Micco.
Es a lo menos curioso que pese a las palabras de Micco sobre avanzar en “verdad, justicia y reparación”, la dirección del INDH no ha puesto en tabla la solicitud para hacerse parte de las únicas dos querellas que afirman que hubo crímenes de lesa humanidad y que apuntan al alto mando de Carabineros.
“La indolencia y el abandono del Estado lo empujó a tomar la decisión de quitarse la vida”, señaló Matías Vallejo, director ejecutivo de la fundación Los Ojos de Chile, sobre el suicidio de Patricio Pardo.
“Por parte del Estado se sabía que tenía una depresión muy profunda que no fue atendida a tiempo para que su caso tuviera un desenlace diferente”, afirmó Vallejo.
Según una fuente al interior del INDH, “habría una negligencia o actitud premeditada” para no discutir en el consejo la solicitud para hacerse parte de la querella que busca responsabilidades del alto mando de Carabineros.
Fotos: INDH/Flickr/Shutterstock
