SML en la mira: Antecedentes de muerte de pequeño Tomás evidencia constantes falencias periciales y tanatológicas en casos tratados por la institución

El menor desaparecido en el sector de Caripilún, cerca de Arauco, no habría muerto de frío e inanición como había señalado la institución forense en primer momento. Pericias mal hechas o con resultados alejados de la realidad que nos recuerdan otro casos anteriores como el de Fernanda Maciel, Martín Larraín, Jorge Matute, la detective Valeria Vivanco, el caso de Luis Morales Balcarce, fallecido en Temucuicui y tantos otros donde el actuar de la institución forense ha sido a lo menos, deficiente .

El resultado de la pericia realizada al menor Tomás Bravo en Estados Unidos confirma que había participación de terceros, como siempre pensamos” señala el ex fiscal José Antonio Villalobos en Chilevisión en relación a lo arrojado por las pericias solicitadas por el padre del menor y que demostraron la participación de terceros en la muerte del pequeño.

Esto ya lo había dicho el Instituto Médico Legal (IML) en un segundo informe posterior a aquel que hablaba de fallecimiento por “hipotermia e inanición”, que se filtró a la prensa incluso antes de que fuese conocido por la fiscal que lleva la causa.

Falta de medios apropiados para las diligencias forenses, falta de preparación de profesionales, pericias hechas a la rápida e incluso algunos cuestionamientos éticos… De un cuánto hay, ha enfrentado esta institución cuyo trabajo en los últimos años deja mucho que desear.

“En el caso del pequeño Tomás, el IML cometió un error en su primer informe, pero lo aclaran ellos mismos con un nuevo informe posterior. Ellos se apresuraron, filtraron la información cuando la fiscal ni siquiera había abierto el e-mail donde venía el resultado de las pericias. Cometieron errores que no están a la altura de una institución de peso, como debería ser el IML”, señala el perito forense Carlos Gutiérrez, quien trabaja codo a codo con la familia de la madre de Tomás para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte del pequeño de tres años.

Y no es primera vez que vemos este tipo de situaciones impresentables en la labor del IML. De hecho, en el caso de Fernanda Maciel, la joven embarazada que fue asesinada por su vecino y en el cual, Gutiérrez también tuvo un rol importante al trabajar junto a la familia de la joven en la investigación de los hechos.

Carlos Gutiérrez recuerda al respecto que: “En el caso de Fernanda Maciel cometieron errores graves: la causa de muerte, no era la que ellos señalaron inicialmente. La forma en que ocurrió la muerte de Fernanda, según ellos, es diferente a la realidad, a lo concluido por querellantes, a lo que confiesa el imputado. Además a Fernanda la fracturaron, se les cayó cuando periciaban sus restos. Frente a esto se dispuso un sumario y le costó el puesto al director de ese entonces. Pero hasta hoy, no hay respuesta del sumario y fue hace dos años. Hasta ahora, nadie le da explicaciones a la familia de Fernanda”.

Y para que hablar de la situación de la detective Vican

La Fábrica Kayser y Temucuicui

El Doctor Jorge Rubio, era el director del IML cuando ocurrió el caso de Fernanda Maciel y él mismo señalaba en Hola Chile, en ese entonces que el Instituto Médico Legal “tiene telarañas”.

Protocolos antiguos, falta de preparación de sus funcionarios y falta de rigurosidad que llega a casos aberrantes. Como por ejemplo lo ocurrido en el caso de la muerte del detective de la PDI Luis Morales Balcarce, quien falleció en el operativo de Temucuicui de enero de este año.

En el informe entregado por la PDI a la familia del inspector Morales, un primer informe pericial a su cuerpo indica que tiene una herida sin salida de proyectil en el cráneo y un segundo informe habla de salida de proyectil e incluso pérdida de masa encefálica.

Algo similar a lo ocurrido en el caso de Derechos Humanos de los cinco fallecidos en el incendio de la fábrica Kayser, el cual ocurrió el 20 de octubre de 2019, al comienzo del estallido social.

Una de las víctimas del siniestro presentaba tres orificios en su tórax, sin embargo, las perforaciones no fueron indagadas en la autopsia del Servicio Médico Legal.

La información fue revelada por Interferencia, que accedió al documento luego de publicar un artículo en que el médico forense, Luis Ravanal, criticaba el proceder del Ministerio Público en vista de un video grabado por Carabineros después del siniestro en el que queda claro que las víctimas están en una dudosa posición que no es la posición habitual de una persona atrapada en un incendio.

El informe del IML no acredita heridas de proyectil en el cuerpo del menor de edad Yoshua Osorio, que podrían adjudicarse a proyectiles balísticos, tampoco se considera una herida de bala en un pie de otro detenido. De la misma forma todos los informes de las cinco víctimas señalan que las personas poseen el mismo peso, la misma talla y las mismas características físicas, algo que parecía, señala Solange Arias, la madre de Yoshua: “Como si hubiesen copiado y pegado; mi hijo no mide lo que sale ahí, no pesa lo que sale ahí y no tengo certeza de que ese informe sea de él”.

Martín Larraín y Jorge Matute

Martín Larraín atropelló a Hernán Canales y huyó del lugar en enero de 2016. El hecho fue conocido y ampliamente difundido por los medios de comunicación de la época. En medio del debate por el actuar del hijo del ex senador y ex presidente de Renovación Nacional Carlos Larraín, la Fiscalía del Maule condenó al médico forense Mario Peña y Lillo por haber cometido una serie de irregularidades en la autopsia del fallecido atropellado por Larraín. La investigación se inició cuando una segunda autopsia al cuerpo de Canales reveló datos distintos a los elaborados en el primer documento realizado por Peña y Lillo, lo que terminó en una acusación de falsificación de instrumento público contra el médico que en ese entonces trabajaba en el Servicio Médico Legal.

El fiscal jefe de Parral, Nelson Riquelme, señaló que “el informe de autopsia elaborado por el doctor Peña y Lillo decía y afirmaba hechos que en realidad no habían sido constatados y verificados durante el desarrollo de la autopsia y fue así que el tribunal lo apreció de la misma manera y determinó un veredicto condenatorio respecto del imputado”. “El juicio se desarrolló a través de un procedimiento abreviado en el juzgado de Garantía de Parral y se solicitó una pena, por parte del Ministerio Público, de 300 días de presidio menor en su grado mínimo atendidas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que fueron invocadas y reconocidas por parte del Ministerio Público.

El caso de Jorge Matute incluso es peor, hasta el día de hoy el servicio tanatológico no logra determinar cuál fue la causa de muerte de este joven que conmocionó a todo un país que lo buscó incesantemente por meses para luego encontrar sus restos en uno de los pilares que sostenían el nuevo puente que une Concepción y San Pedro de la Paz.

Carlos Gutiérrez tiene una explicación para estos y otros casos en los cuales se ha desarrollado una gestión mediocre o derechamente fraudulenta en desmedro de las víctimas y sus derechos: “Llegan personas que no tienen nada que ver con medicina legal, gente que es nombrada, por ejemplo por el presidente. Y en realidad, falta capacitación, ellos realizan capacitaciones internas que son buenas pero tienen pocos recursos y se capacitan con gente que, si bien es cierto puede ser muy buena, no se acerca a la realidad o estándar internacional que todos queremos que tenga una institución como esta”.

Gutiérrez agrega además que “hay un tema de recursos, a nadie le importa el IML. Yo recuerdo cuando iba desde la policía y nos pedían guantes mascarillas… No tiene recursos, no tienen nada. Hay Servicios médico legales en los que con suerte hay dos médicos para toda una provincia. Dos o tres; es compleja la realidad que tienen”, concluye.

Entre tanto, pericias cuestionadas se suceden en varios e los casos de conmoción nacional como los ya mencionados; algo que no nos puede garantizar al día de hoy que las pericias realizadas por esta institución estén a la altura de las necesidades que como país tenemos de llegar hasta las últimas instancias en los casos emblemáticos y en los más cotidianos. Porque cuando se trata de verdad y justicia, todos los chilenos exigimos el mismo resultado.

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