La historia de la millonaria licitación que Contraloría le objetó a Sichel y a su círculo político

Finalmente y  luego de negarse a transparentar a la ciudadanía si había o no ocupado sus retiros del 10%, Sebastián Sichel confirmó lo que todos sabíamos: sí lo hizo. Su tardía confesión no hizo más que reflotar otros antecedentes de su historia política igual de inconsistentes con su discurso público como candidato. Entre otras cosas, su trabajo como lobbysta, el cual negó hasta el hastío y trató de esconder cambiando la información de su LinkedIn. En este reportaje revisitamos una historia poco conocida sobre el conflicto de interés y los problemas que tuvo en una licitación en 2014, cuando era un bacheletista declarado y, a su vez, funcionario de gobierno de la extinta Nueva Mayoría.

Por: Gustavo Manén

El candidato presidencial Sebastián Sichel, el mismo que dice no representar a “la vieja política”; el mismo que critica “cuando la política se politiza” o que, siendo ministro de Desarrollo Social, quiso cerrar el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), porque “los funcionarios son altamente politizados”, tiene -justamente- un episodio vinculado a esta última institución, que hizo relucir todas estas quejas que ha repetido una y otra vez durante su campaña.

Esto porque, a través de su -entonces- empresa de comunicaciones “Paréntesis”, Sichel postuló y se adjudicó en 2014 una campaña del INJUV, en un cuestionado proceso que tuvo que ser detenido tras una serie de denuncias por faltas a la probidad y conflictos de interés, recibidas en la Contraloría General de la República.

Para poder contar esta historia, tenemos que remontarnos a su pasado ex concertacioncita y ex Demócrata Cristiano y sus cercanos vínculos con el gobierno de Bachelet. “Paréntesis” postuló a “servicios de difusión, desarrollo y estrategia comunicacional del fondo concursable Desafío Clave 2014, del Instituto Nacional de la Juventud”, por la suma de $95.200.000, IVA incluido. En ese entonces, el director nacional del INJUV era el democratacristiano Nicolás Preuss, quien conocía a Sichel desde su vida en común en el partido de la falange y cuando, en 2013, Sichel fue candidato a diputado de la DC por el Distrito 23 y Preuss colaboró activamente en su campaña.

De hecho, a pesar de que al actual candidato presidencial de la derecha, “no le gustan las operaciones políticas”, una serie de parlamentarios transversales, desde el PS hasta la UDI, ingresaron hasta el órgano contralor documentos que apuntaban a una verdadera “operación política” para adjudicarle la licitación a la empresa de Sebastián Sichel.

El candidato, en su momento, argumentó que “la oferta de su empresa -a la que llegó hace seis meses- era más baja que su competencia” y, precisó que, “el hecho de trabajar en el gobierno no inhabilita a Paréntesis para postular a concursos públicos ni licitaciones”.

Claro, porque en la época Sichel, que hoy dice quiere terminar con el “cuoteo político”, además, trabajaba en la subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), a cargo de un programa de zonas aisladas.

LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

Tanto fue el revuelo que provocó en la época este proceso de licitación, que fue la misma Contraloría la que puso ojo avizor a los nexos políticos y conflictos de interés existentes, considerando que el “círculo de hierro político” de Sichel, que lo ha acompañado hace casi dos décadas, formaban parte de esa empresa y, además, eran parte de “Fuerza Pública”, aquel grupo disidente de la DC que nació para apoyar la aventura presidencial de Andrés Velasco y, si aún no fuera poco, eran el núcleo del directorio del medio electrónico “El Dínamo”.

En el documento de 40 páginas, al que tuvo acceso La Red, la mayoría de los nombrados en “Paréntesis”, son parte activa de su actual comando presidencial: Juan José Santa Cruz, el empresario que ha sido sustento político y económico de Sichel; la exministra de Educación Mariana Aylwin y su jefa de programación, Victoria Paz, quien inició la crisis por ‘dimes y diretes’ de los retiros tras ser consultada en el programa Estado Nacional de TVN, cuando dijo que se trataba de “una cacería de brujas ridícula”, hasta que Sichel arguyó que era un “debate moral” y, finalmente, terminó viralizando un video para confesar que sí lo había hecho y que había elegido un APV para depositarlo.

Tal como consta en el informe final del órgano contralor, el eventual conflicto de interés detectado, se gesta luego que quienes solicitaron revisar los antecedentes, denunciaron que la sociedad comunicaciones Paréntesis S.A., “adjudicatoria del proceso licitatorio, sería de propiedad del ex candidato a diputado de la Nueva Mayoría, señor Sebastián Iglesias Sichel Ramírez, en el cual también participaría el señor Carlos Portales Echeverría, quienes tendrían, respectivamente, el cargo de Director Ejecutivo y Director del movimiento político Fuerza Pública, al cual pertenecía igualmente el actual Director Nacional del INJUV, señor Preuss Herrera”. Agregan que, durante el periodo de la campaña a diputado para las elecciones acontecidas en el año 2013, por el distrito Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, “el mencionado director trabajó para el señor Sichel Ramírez y fue financista de su campaña”.

EL SALVAVIDAS DE PENTA

Así, entonces, se fue construyendo la trama de una polémica licitación que, de no haber sido denunciada, habría llegado a destino con una tosca maquinación política.

El concurso del INJUV tuvo que ser desechado ya que, a todas luces, dejaba en entredicho las buenas prácticas de la política con el servicio público y Sichel, por entonces Sebastián Iglesias, era el centro de los cuestionamientos.

El completo informe final de la Contraloría se diluyó de la controversia contingente de la época, porque a las semanas de los resultados de la investigación, estalló el bullado Caso Penta.   

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