Mauricio Daza, la democratización del sistema y la férrea oposición de los jueces: “Queremos una justicia que se haga cargo de la desigualdad, le guste a quien le guste”

La creación de un consejo de la magistratura, la disminución de la edad tope de los jueces y establecer mecanismos efectivos de control a su desempeño con la posibilidad de que sea destituidos son sólo algunas de las primeras medidas aprobadas por la comisión de la convención dedicada a materias judiciales. Aún falta el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Muchos ya recienten su labor y han generado sendas campañas de desprestigio. En el foco de atención, este abogado elegido por la Región de Magallanes que representa los cambios que el sistema se niega a aceptar.

Mauricio Daza es hoy por hoy el menos querido por los jueces. Un abogado magallánico que llegó a la Convención como uno de los más votados, pues representa la imagen de los cambios que el poder judicial se niega a aceptar. Una modernización y una mayor transparencia son su motor, y el de todos los convencionales que se han unido a sus propuestas por mejorar el sistema judicial y democratizarlo aún más buscando eliminar los vicios que por décadas están tan arraigados en su ADN.

Ha sido amedrentado, cuestionado, acusado de figurón y un sinfín de otras cosas. Pero en realidad su única motivación es mejorar el sistema que tan bien conoce desde dentro. Ese mismo sistema que castiga al chileno de a pie con cárcel, muchas veces sin una investigación decente y otras incluso con pruebas falsas. El mismo sistema que mientras oprime a algunos -casi siempre los más pobres-, suelta la manija a destajo contra otros sólo por tener poder político o billeteras abultadas.

En esta conversación, el abogado nos cuenta de qué se tratan esas mejoras que busca la Convención en un sistema añejo, anticuado y que pide a gritos ser cambiado. Nos explica qué significan para el país y para los chilenos cada una de estas modificaciones a un sistema en el que la corrupción y el descrédito se han vuelto pan de cada día.

–Mauricio, hola. Por estos días eres el menos querido del poder judicial. ¿Qué te parece eso?

-(ríe) Es un honor si se debe a que estamos tratando de modificar un sistema arcaico en beneficio de la gente, más si pensamos que la OCDE señala que desde el año 2015 somos el país que tiene peor índice de confianza de los ciudadanos en su trabajo judicial. Entonces, si mi estatus de persona non grata para parte de los jueces permite cambiar eso. Feliz. Nosotros queremos una justicia que se haga cargo de una realidad que es muy complicada: la desigualdad.

-Una modernización que se pedía a gritos, más cuando vemos que hoy en Chile existe la justicia de clases

-Yo creo que en el fondo hay problemas estructurales y que tienen que ver con la forma cómo se regulan y cómo funciona los tribunales. Estando muy marcado por una cuestión del siglo XIX, como una jerarquía, casi un poder militar, estructurado. No hay una transparencia en las designaciones de los cargos. Está metida la cola política, ya que finalmente los jueces son designados por el Presidente de la República y ahí todo se politiza. Eso va generando ciertas prácticas, que son torcidas y que la gente no conoce, como los “besamanos” y los operadores judiciales.

-Eso además va mermando en los resultados y vemos cómo se hace justicia a la medida en casos como Penta o los mismos casos por violación de derechos humanos del estallido social, donde los pares persiguen a un magistrado sólo por hacer valer la justicia en contra de ciertos intereses

-Claro, es que la forma en como está organizado el sistema judicial hace que haya una cultura de proteccionismo que a muchas veces cae en la verdad no dicha, algo que simplemente se debe hacer aunque nadie te lo solicite. Los muchos jueces no tocan al poder político, lo que va generando una sensación de impunidad dentro de un determinado ámbito. Eso sin contar además que se ha visto como muchos jueces en regiones y zonas mas apartadas se transforman en pequeños reyes, intocables. Se genera alrededor de parte del poder judicial una cultura corrupta que queremos erradicar con esta nueva discusión en la Convención.

-Y es que cómo no enojarse cuando algunos pagan con clases de ética por defraudar al sistema corrompiendo los cimientos de la política, mientras otros por vender CD piratas terminan en una cárcel. Ese tipo de hechos ha convertido a la justicia en elitista, sesgada y, ciertamente, poco creíble

-Es que es más, si analizamos cuales son las calificaciones de los jueces, que es el sistema que hoy día existe, para saber cual ha sido su desempeño, se puede ver que el 98% de los jueces tienen notas sobresalientes. Eso significa que no hay un control real concreto sobre su desempeño. No pueden seguir calificando entre ellos y menos aún sabiendo el sistema jerarquizado que poseen. Los jueces tienen que darle un trato digno a las personas, lo que queremos consagrar como una obligación de rango constitucional.

-¿Y cómo les ha ido con eso, muchas llamadas o amenazas?

-Hemos tenido que enfrentar muchas presiones y ataques de muchas naturaleza. Manuela Royo, ha recibido amenazas de muerte, y yo me gané dos páginas completas en La Tercera, con un perfil infame, donde se tergiversa, solo para poder descalificarme. Hay un ataque sistematizado, una presión enorme que hemos recibido, nos mandan mensajes a whatsapp, amenazándonos para que no hagamos ciertas cosas. Es un gremio instalado en el Estado que se resiste a estos cambios que son fundamentales.

-Da un poco de vergüenza ajena evidenciar como algunos protegen sus intereses cuando todavía están en una etapa tan primitiva del debate. Además, todo el país coincide que es un debate necesario

-Y es que más encima en ninguna de sus intervenciones públicas los jueces se refieren a la ciudadanía, no hablan de la crisis de confianza profunda que hay de la ciudadanía con respecto a los tribunales de justicia y como ellos se pueden hacer cargo de ello. Se han llenado de declaraciones, de presiones para defender la situación de los jueces, ese es el problema, no piensan en la ciudadanía, solo en ellos.

– ¿Qué tipo de presiones te han llegado?

-Primero son los comentarios de la gente, que por lo que estoy haciendo no podré volver a litigar nunca más. Yo fundé un estudio que litiga ante los tribunales, cosa que no se si podré volver a hacer nuevamente. Podría sentirme alegre, por considerar que soy un “peligro” para ellos y que tengo un peso real en la discusión, pero hacen esto para que se cree duda en la población y disminuir mi posición acerca de mis propuestas. Eso nos ganamos, por el pecado de tocar estos grupos que son “intocables”, nadie ha tocado a los jueces en los últimos 100 años. Y no son sólo los jueces. Hace pocos dias desde la cuenta institucional del Ministerio Público se subió un comunicado apoyando al Fiscal Nacional Jorge Abbott de las criticas que le hemos hecho por su papel en el desmantelamiento de las causas por financiamiento ilegal de la politica, donde además me aluden directamente. Te insisto, desde la cuenta institucional oficial del Ministerio Público. Para alguien que se dedica profesionalmente a litigar en materias penales, resulta evidente que esto se plantea como una amenaza. 

-¿Qué es lo que queda pendiente por discutir y que nos permitirá enfrentar esta carta magna con la novedad y el alivio de saber que la justicia de clase se termina?

-Lo más importante es que hayan mecanismos de escrutinio real acerca de cuál es la labor que realizan los jueces. Un órgano externo, autónomo, eso hará que cambie todo. El Consejo de la Magistratura.

-Pero, ¿cómo te aseguras que un órgano así no se corrompa en el tiempo?

-Los consejos en Argentina y Perú han fracasado porque han sido atrapados por la política. Uno lo corrige haciendo un buen diseño institucional, estamos consensuando en 17 personas, donde casi la mitad venga del mundo judicial y algunos funcionarios. Que en ese contexto, ellos sean elegidos por sus pares, todos los votos valiendo lo mismo y quienes votan son todos los jueces.

¿Y cómo funcionaría este órgano de control de los jueces?

-La idea es que los miembros de este Consejo duren solamente seis años sin posibilidad de reelección. Además, vamos a poner término a la carrera judicial y a la jerarquía, donde los jueces no van a ser superiores unos a los otros. Todos van a ser iguales, pero van a tener funciones distintas. Por ejemplo, el juez de la Corte Suprema va a ser igual que el juez de letras de Puerto Natales. Sacando la jerarquía judicial, se acaba la carrera. Todos los cargos al interior del sistema de justicia van a ser “concursables”, por ejemplo ya no tendrás que ser Ministro de la Corte de Apelaciones para ser Ministro de la Corte Suprema, cualquiera puede ser, en la medida que cumpla con los requisitos. La idea es que todos los concrusos sean públicos y transparentes, resueltos por un este órgano autónomo, y que se funde en criterios objetivos de mérito. Ahora, dicho eso queremos hacer que todo lo que tenga que ver la administración de las platas del poder judicial y además, todo lo que se vincula con el poder disciplinario de la conducta de los jueces, se le entregará al Consejo de la Magistratura. Los jueces solo tendrán la atribución de conocer y fallar en causas. En base a todo lo anterior, se eliminan todos los clientilismos, esa intervención de gente externa al sistema de justicia, en nominaciones.

–¿Qué pasa con la interacción entre el Ministerio Público y el juez?, cuando del ministerio se entrega una información y el magistrado recibe la información dando por hecho todo, sin revisarla.

-Eso es ser un mal juez. Por eso suceden esas cosas. La idea es tener lo contrario ahora, porque el juez que está ahí y hace mal su pega no llegó ahí por méritos, sino porque probablemente hay un ministro de la corte que lo tiene como protegido. Eso se va a terminar.

¿Este Consejo de la Magistratura tiene la capacidad o cuál es el mecanismo para sacar un juez de su cargo por falta de probidad?¿Como se van a investigar las denuncias contra los jueces?

-Habrá un procedimiento que estará regulado por la ley, pero que básicamente proponemos que tres miembros del Consejo reciban los antecedentes, sigan un proceso con todas las garantías, dictando una sentencia donde pueden proponer la destitución del juez. Esa resolución puede ser apelada para el pleno del Consejo de la Magistratura, que en el fondo tendrán que decidir si acoge esta petición de destitución. Además, estamos proponiendo que a lo menos cada cinco años, el Consejo haga una revisión integral de cada tribunal del país. En ese contexto se van a generar espacios para recibir denuncias u opiniones por parte de la ciudadanía. Todo con el fin de conocer si ha existido algún tipo de maltrato o abuso en el ejercicio de su cargo.

–¿Será a través de un llamado público, encuesta ciudadana?

-Se llevarán a cabo de audiencias públicas y también reservadas, ante las personas del Consejo a cargo de realizar esta suerte de auditoria integral. No será parte del tribunal, será de un órgano autónomo, en ese contexto con revisiones periódicas se puede también decidir la destitución de un juez.

–Con respecto a todos los fallos que son adversos a la justicia y la probidad, los fallos a medida, ¿ustedes confían que saneando el sistema con estas reformas se irán revirtiendo?

-Tiene que haber un cambio estructural, nosotros estamos pensando en el Chile de las próximas décadas. Pasa que hoy los jueces no están sujetos a ninguna revision real y objetiva de su desempeño y además están en sus cargos de por vida. Esa mezcla es muy mala, ya que genera abusos e impunidad, entonces tenemos que terminar eso.

-Existe hoy una profunda desconfianza en los fiscales, reuniones con políticos investigados de parte del fiscal nacional, selección de cargos al dedillo, persecución de fiscales que piensas distinto, mal trato a funcionarios…. y todo además con un profundo lobby en su beneficio dentro de la misma convención. ¿Están abocados a mejorar al Ministerio Público?

-Nosotros presentamos una reforma completa del Ministerio Público, hoy día las funciones de la Fiscalía, se asignan por medio de criterios de cercanía o amistad. Esto ha dado lugar a que se ha formado una verdadera camarilla al interior de la Fiscalia. Por ejemplo, em mi region, el fiscal regional Campos por ejemplo, llegó ahí por una cuestión de cercanía con el fiscal Abbott. Y ya vemos cómo tiene funcionando su fiscalía.

-O sea, denunciamos que más de la mitad de los funcionarios se encuentra con licencia siquiátrica en Punta Arenas.

-En ese contexto, quizás el único que realmente debería solicitar una atención de esa naturaleza es el fiscal regional. Paro más allá de eso, resulta lamentablemente el Ministerio Público haya caído en menos de 15 años desde su creación en las mismas malas prácticas que le criticamos al Poder Judicial. Es imprescindible sanearlo de figuras que le han hecho mucho daño y buscar los mecanismos para que no se repitan los abusos y la impunidad.