A dos años de la toma del aeropuerto de Rapa Nui: Familia exige la devolución de esas tierras usurpadas por el Estado en 1967
La familia Roe reclama la restitución de 3,9 hectáreas del aeródromo de la isla, donde actualmente se encuentra el terminal y la pista de aterrizaje. Además, exigen una compensación económica por el usufructo del lugar desde hace 55 años. De momento, ningún gobierno ha podido solucionar este conflicto. Mientras tanto, el aeropuerto no ha podido retomar su flujo normal, lo que ha afectado el bolsillo de quienes viven del turismo en Rapa Nui.
En 2020, tras el cierre de Rapa Nui a turistas a causa de la pandemia, una familia se instaló en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Mataveri. Desde entonces, el recinto ha funcionado a media máquina, lo que ha impedido la apertura al turismo en la isla, donde el 90% de los habitantes trabaja en este rubro.
La protagonista de esta historia es la familia Roe. Según una investigación de La Tercera, ellos construyeron una casa y bloquearon dos portones de acceso al aeródromo. Pero, ¿cuál es la razón de la ocupación?
Los Roe reclaman la restitución de 3,9 hectáreas del aeródromo –donde está el terminal y la pista de aterrizaje–, puesto que pertenecían a sus antepasados. En 1967, ese territorio fue usurpado por el Estado, lugar donde años más tarde se construyó el terminal aéreo.
Por ello, los Roe no sólo exigen la restitución de las tierras robadas, sino también una compensación económica por el usufructo de ese lugar desde 55 años.
La Tercera reveló que el reclamo de la familia está amparado por el Informe Histórico Cultural para Mesa de Tierras 2020 “Caso aeropuerto”, el cual fue publicado por la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (Codeipa) y el Consejo de Ancianos en enero de 2021. “Existe una legítima reivindicación por parte de la sucesión de don Rafael Roe”, señala el documento.
Rafael Roe es el patriarca de la familia. Sobre él, se dice que “nunca recibió compensación alguna por la destinación de parte de su superficie para fines de uso público de Aeropuerto, dependencias adyacentes y camino público”. Por ello, concluye el informe, “es procedente que el Estado repare el despojo que realizó respecto de sus terrenos”.
Problema sin solución
El Informe Histórico Cultural para Mesa de Tierras indica que el Estado reconoció en 2016 que la familia Roe fue “confiscada”. Pese a ello, los afectados no han recibido “compensación alguna”.
Elizabeth Roe es nieta de Rafael. Actualmente, Elizabeth es quien encabeza el reclamo familiar. Según explicó a La Tercera, el segundo gobierno de Michelle Bachelet les presentó una propuesta, en la cual “nos ofrecía terrenos acá en la isla, casas con subsidio para las cuatro ramas de la familia, proyectos semillas de $ 6 millones, pozos y tratamiento de aguas servidas”.
Sin embargo, los Roe rechazaron la oferta. La solución que buscan es clara: “Nosotros queremos la restitución total de los predios en discusión, el 2 y el 32, y el pago del usufructo del aeropuerto por 55 años”. Por ello, exige Elizabeth, “lo primero es la restitución del terreno que fue robado a nuestro abuelo”.
El último gobierno de Sebastián Piñera también intentó resolver este conflicto. El Ministerio de Bienes Nacionales sería la cartera encargada de liderar las negociaciones. No obstante, puesto que los Roe buscan una indemnización por el robo, así como el arriendo futuro del terreno, “excede de las atribuciones de Bienes Nacionales”, declaró el exministro Julio Isamit a La Tercera.
“A diferencia de otros casos de tierras en la isla, donde el ministerio efectivamente pudo compensar vía asignación de terrenos, en este caso en particular, se requirió la intervención y coordinación con otros ministerios”, explicó Isamit.
Sin embargo, esa “coordinación con otros ministerios” jamás dio resultado. En tanto, la nueva ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, ni siquiera ha tomado contacto con la familia.
“El Estado tiene una deuda histórica con todos los pueblos originarios y esta familia es un claro ejemplo del abandono en cuanto a temas de tierras indígenas”, reconoce la Delegada Presidencial Provincial de Rapa Nui, Juliette Hotus. “Hoy día no es una ocupación, o una toma, es un derecho histórico al que una familia apela. Por eso, no es mandarlos a desalojar, aquí hay historia”.
De momento, las nuevas autoridades de Gobierno no han ofrecido a la familia una solución concreta. En consecuencia, el aeropuerto continuará funcionando a media maquina por tiempo indefinido, lo que significa que los habitantes de Rapa Nui seguirán sin gozar de su principal fuente de ingreso: el turismo.