Abuso de prisión preventiva a presos del estallido: Denuncian ante la CIDH incumplimiento de recomendaciones post 18-O

La Comisión Chilena de Derechos Humanos además acusó que Carabineros mantiene “inaceptables patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza” y que existe un “lento avance de las causas por crímenes contra la humanidad”. 

Tras los abusos de las fuerzas de seguridad durante el estallido social en el país,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó una serie de recomendaciones al Estado chileno, las que a juicio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) no se han cumplido.

Así lo denunció este sábado ante una delegación de la CIDH, en la que acusó que “se mantienen privados de libertad un significativo número de jóvenes manifestantes del estallido social, con grave abuso de la prisión preventiva“, y que, a su vez, Carabineros “no sólo sigue reprimiendo legítimas manifestaciones callejeras sino que vulnera los derechos de los Defensores de Derechos Humanos cuando están ejerciendo su rol reconocido por la normativa internacional”.

En este sentido, el organismo nacional denunció que la policía uniformada sigue utilizando “inaceptables patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, todo lo cual se ha visto reforzado por la mantención en el cargo de Director General de Carabineros, a Ricardo Yáñez Reveco, denunciado y querellado como responsable de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH, tanto ante tribunales nacionales como internacionales”.

A través de un comunicado, aseguró que entregó antecedentes sobre el “lento avance de las causas por crímenes contra la humanidad, que seguimos impulsando contra Sebastián Piñera y otros altos personeros de su gobierno”.

Violencia en Meiggs

La Comisión Chilena de Derechos Humanos sumó ante la misma delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de violencia ocurridos recientemente en el Barrio Meiggs, en Estación Central, recoge Cooperativa.

“Hemos dado cuenta de graves nuevos hechos ocurridos en nuestro país en el contexto de manifestaciones sociales”, acompañando las querellas interpuestas “por los casos de Francisca Sandoval, comunicadora y activista asesinada el 1° de Mayo, y la del NNA, de iniciales C.S.C.M., agredido físicamente”, y “en las que se les imputa responsabilidad a Carabineros”.

Por estos casos, la Cchdh acusó una “grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales por no intervenir para evitar las agresiones graves que cometieron determinadas personas”.