Acusan al gobierno de Piñera de querer amarrar la Ley de Patrimonio antes de dejar La Moneda

La iniciativa, que actualmente se está discutiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, habría pasado por encima de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile, respecto a cumplir con el Convenio N°169 de la OIT sobre Consulta indígena y la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas.

Pese a que el gobierno de Sebastián Piñera está cerca de dejar La Moneda, son varios los proyectos de ley que ha intentado que se aprueben antes de dejar su mandato.

Ya ocurrió con una iniciativa que busca derogar la Ley N° 19.223 sobre delitos informáticos y que entre sus indicaciones está el modificar el Artículo 219 del Código Procesal Penal, con el objetivo de que las policías puedan exigir a las compañías de telecomunicaciones los datos personales de cualquier ciudadano.

Algo similar a la Ley de Patrimonio que el gobierno saliente intentaría dejar amarrado antes de dejar el poder y que acusan de no considerar una consulta indígena y que tendría como objetivo favorecer a privados y proyectos inmobiliarios.

La denuncia fue realizada por el Frente por el Patrimonio, movimiento que agrupa a una serie de sociedades civiles que buscan defender el patrimonio material e inmaterial de los pueblos.

Afirma que en junio de 2019 el Ejecutivo envió el proyecto de ley y en marzo del año pasado ingresó una indicación, sin consultarle previamente ni participación de las comunidades locales, pueblos, cultores y los sujetos y actores sociales del patrimonio en toda su diversidad.

Señalan que la iniciativa legislativa pasó por encima de las exigencias y obligaciones jurídicas del Estado de Chile, respecto a cumplir con las normas vigentes del derecho internacional sobre los pueblos indígenas, en particular el Convenio N°169 de la OIT sobre Consulta indígena y la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas.

En enero pasado denunciaron que el informe técnico que se envió a la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados, fue realizado por el propio Ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Este documento sirvió de base para que el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez y el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda Errázuriz, señalaran que debido al carácter general de la ley, no haría necesaria la consulta indígena.

“Los parlamentarios de la Comisión de Cultura, sobre la base del informe técnico que entregó el experto asesor en legislación internacional de la Biblioteca Nacional del Congreso, exigieron al Ejecutivo la realización de la consulta indígena, lo que el gobierno se negó”, afirma la carta de Frente por el Patrimonio.

En esa oportunidad, acusaron que en plena discusión en la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados, se ingresaron indicaciones como una “maniobra y operación política de amarre de último minuto”,

“El Ejecutivo representado por el Subsecretario de la Presidencia, el subsecretario del Patrimonio en complicidad con el diputado Luciano Cruz Coke, ex Ministro de Cultura del primer gobierno de Piñera sobre la base de colocar urgencia de ‘discusión inmediata’ al proyecto, mediante oficio de la Mesa de la Cámara, lograron ‘sacarlo reglamentariamente por secretaría’ a la Comisión de Hacienda de dicha Corporación”, afirman.

Finalmente el proyecto se envió sin el informe que debía incluir la discusión, propuesta y opiniones de las organizaciones del patrimonio, realizadas al interior de la Comisión de Cultura, las que mayoritariamente, según señalan, se oponían al proyecto por las razones anteriormente señaladas.

A las 15: 30 horas de ayer lunes 1 de marzo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó la discusión del proyecto, con el objetivo de despacharlo a Sala.

Las organizaciones sociales acusan que el Ejecutivo quiere que el proyecto pase lo antes posible al Senado, “con el objetivo que sea aprobado rápidamente, o en su defecto la Sala lo rechace y con ello el nuevo gobierno no pueda presentar en un año más un nuevo proyecto”.

Frente por el Patrimonio hizo un llamado a los legisladores a “detener este proyecto y votarlo en contra, e impedir el amarre del gobierno”.

Fotos: Shutterstock/Flickr/Frente por el Patrimonio