“Amarillos por Chile”: la nueva ocurrencia de Cristián Warken, Fulvio Rossi, Mariana Aylwin y otros, para interpelar a la convención
Sus fundadores dicen que el país quiere “reformas y no revolución”. Con ese slogan se pone a la fila de la derecha para criticar la labor de los convencionales, como tantos otros ya lo han hecho, sin esperar siquiera que las reformas avancen para ver el resultado final.
Lo decía un estudio, la convención sí está bajo ataque permanente. Esta vez eso sí, el ataque es mesurado, al menos eso podría interpretarse del nombre del nuevo colectivo fundado por Cristian Warnken, el sobrino de Enrique Lihn que se unge hace décadas como un pensador ilustrado de la elite cultural del país.
Se llaman “Amarillos por Chile” y firmaron una carta con sus principios, en la cual aparecen 80 nombres, entre los que se cuentan figuras como el cuestionado por probidad ex senador Fulvio Rossi, además de Mariana Aylwin, Alejandro Foxley y Soledad Alvear figuras icónicas de la DC hace dos década, y que siempre fueron catalogadas como cercanas a la derecha . De hecho, dejaron ese partido en medio de duras críticas por su izquierdización. De ahí viene lo de amarillos, un término que se usa para denostar en política pero que se usa para referirse a la centro derecha en el imaginario colectivo.
Algunos creen que tienen miedo, otros simplemente que cuidan sus intereses, más ahora que pasaron de ser figuras relevantes a meros actores secundarios en la historia reciente del país.
Lo cierto es que en su manifiesto, los firmantes advierten de parte de la convención una “euforia refundacional”, acusando “radicalidad y maximalismo”, esa es su sensación ante normativas que buscan transparentar y perfeccionar la labor de los estamentos del estado de manera radical en busca de mejoras que permitan a los chilenos, en materia de justicia al menos -que es lo que se va discutiendo en estos días-, una sensación de igualdad ante la ley y de menos impunidad; así como también de respeto a las etnias originarias.
Cabe recordar que Chile tiene una bajísima percepción de la ciudadanía en materias de justicia. De hecho, la OCDE señala que desde el año 2015 somos el país que tiene peor índice de confianza de los ciudadanos en su trabajo judicial.