Armas inscritas por fallecidos y menores de edad: Contraloría detectó graves irregularidades en el Ejército

Un informe realizado por la entidad fiscalizadora sobre la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), descubrió que durante el 2018 hubo 1.083 armas de fuego inscritas por personas que no cumplían la mayoría de edad, 132.921 inscritas por personas fallecidas y 22.987 inscripciones realizadas por personas con antecedentes penales. La investigación también detectó más de 1.600 millones sin rendir.

De un tiempo a esta parte se ha visto un alza en el número de armas de fuego en manos de civiles y delincuentes.

De hecho, los primeros días de marzo, y a días de dejar La Moneda, el por entonces ministro del Interior Rodrigo Delgado anunció que en los últimos cuatro años se habían incautado 15.400 armas de fuego y 6.120 bandas delictuales se lograron desbaratar.

Sin embargo, la mañana de este lunes se supo del robo de 56 armas automáticas que fueron sustraídas del Instituto de Investigación y Control del Ejército, lo que ha generado preocupación en las autoridades debido a que son precisamente las Fuerzas Armadas y Carabineros los que tienen el monopolio de las armas.

Según un informe de la Contraloría General de la República que estudió el periodo 2018 sobre el trabajo de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), en esta entidad se detectaron irregularidades como armas inscritas por fallecidos, menores de edad y personas con antecedentes penales, sumado a más de 1.600 millones sin rendir.

“Se advirtieron un total de 22.987 casos de civiles con antecedentes penales que mantienen armas vigentes en Chile; además, de 1.714 personas que no reúnen la idoneidad requerida para mantener armas de fuego a su nombre, toda vez que poseen antecedentes penales por violencia intrafamiliar”, señala el documento.

Respecto a las personas fallecidas, Contraloría detectó que hay un total de 132.921 que figuran en los registros de la DGMN, de las cuales 182.898 tenían inscripciones de armas vigentes al 31 de diciembre de 2018.

El informe señala que esta irregularidad “deja de manifiesto la falta de análisis, revisión, control y gestión de la información con la que dispone esa entidad en el sistema”.

Según el informe de Contraloría, esta labor tiene relación con las inscripciones de armas, los tenedores registrados, ubicación física y destino de las mismas que circulan en el país. Sin embargo, el informe señala que “no se aviene con lo previsto en los artículos 3º y 5º de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

Tras las irregularidades detectadas, la entidad fiscalizadora ordenó a la DGMN y Carabineros de Chile realizar una auditoría detallada de los casos detectados en un plazo de 60 días.

“Deberán realizar un análisis detallado de los casos detectados, adoptando las medidas que permitan aclarar y/o regularizar el destino de esas armas, cuyo estado de avance deberá acreditarse en el plazo ya informado de 60 días”, señala el órgano fiscalizador.

Pero las irregularidades no solo tienen relación con el armamento, ya que también se detectó que hay más de $1.600 millones sin rendir y que corresponden a la Direcciones de Finanzas de Carabineros de Chile.

“De acuerdo a lo estipulado en el artículo 10, literal t), del mencionado Reglamento Complementario de la ley Nº 17.798, la DGMN deberá remitir directamente a las Direcciones de Finanzas de Carabineros de Chile, el 50% de los fondos recaudados por las actuaciones realizadas en las Autoridades Fiscalizadoras de la ley de Control de Armas y Elementos Similares, los que serán reinvertidos por estas única y exclusivamente en bienes y servicios de consumo e inversión real, necesarios para el cumplimiento integral de las funciones que la ley les encomienda”, consta en el informe.

No obstante, se constató que por dicho concepto, al 31 de diciembre de 2018, de los $ 2.742.909.871 transferidos a Carabineros de Chile, solo fueron rendidos $1.124.301.004.

Esta situación no se aviene a lo dispuesto en el artículo 20 de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, “que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuenta, por lo que la institución policial deberá, en lo sucesivo, implementar medidas tendientes rendir oportunamente los citados recursos”.

En conversación con La Redacción, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, calificó de la “máxima gravedad” lo ocurrido con el robo en el Instituto de Investigación y Control del Ejército.

El parlamentario también se refirió al informe de Contraloría, señalando que “revela un completo descontrol sobre la manera en que el Ejército está administrando todas las autorizaciones para que las personas puedan tener armas en sus casas”.

“Si el Ejército tiene las cosas de esta manera es fácil presumir que son responsables de la gran parte de la mayoría de las armas que se encuentran en el mercado negro”, señaló.

“Son cómplices de que las armas lleguen a poder de organizaciones criminales”, agregó el diputado socialista.

Cabe recordar que en enero pasado un reportaje de La Red.cl reveló que bajo la Intendencia Regional de Magallanes, la Sección de Asuntos Internos de Carabineros encontró un verdadero polvorín donde había  un lanzacohetes, armas de grueso calibre, cajas con municiones y hasta fuegos artificiales.

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