CIDH afirma que en el estallido social “hubo uso excesivo de la fuerza por parte del Estado” y que “las protestas no constituyen una amenaza”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre las violaciones a los DD.HH. durante la revuelta de octubre de 2019 y establece que la respuesta del Estado a las manifestaciones “se caracterizó por patrones de violencia” que resulto en la pérdida de 5 vidas humanas “por acción directa de agentes del Estado”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre las violaciones a los derechos fundamentales durante el estallido social de octubre de 2019.

“Situación de Derechos Humanos en Chile” se titula el documento que recoge la visita realizada del 25 al 31 de enero de 2020, con el propósito de conocer las causas subyacentes y las consecuencias de la revuelta de 2019.

La CIDH destaca en el informe que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un “uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica”.

El documento destaca que el accionar de los Estados democráticos “debe considerar que las protestas no constituyen una amenaza al orden público; estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana”.

“La respuesta del Estado a las manifestaciones, por parte de los órganos encargados del orden, se caracterizó por patrones de violencia y el uso excesivo de la fuerza, que resulto en la pérdida de 5 vidas humanas por acción directa de agentes del Estado y 26 muertes en el marco del ‘estallido social’, así como cientos de personas heridas, en particular con lesiones oculares”, señala.

Por otro lado, el documento apunta a la cantidad de personas que fueron detenidas por Carabineros durante las protestas. “Con respecto a la privación de la libertad en el contexto de las protestas, la Comisión observó con preocupación el extremadamente elevado número de personas detenidas en relación con el conflicto social. Según información oficial, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020, un total de 24.559 personas fueron detenidas. De ellas, 21.637 detenciones tuvieron lugar entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019″, señala la investigación.

Respecto al derecho a la integridad personal, la Comisión expresó su preocupación por los alegados hechos de tortura y tratos crueles ocurridos en situaciones de detención. “De acuerdo con información recabada por la CIDH, dentro de las modalidades de torturas y otros tratos se destacarían lesiones, en algunos casos por varios agentes, con puños, rodillazos y puntapiés; golpes con bastones policiales y con armas reglamentarias; golpes con toallas húmedas, particularmente en perjuicio de mujeres; diversas modalidades de neutralización física desproporcionada que habrían derivado en pérdida de conciencia; diversas formas de violencia sexual; uso prolongado de esposas; torceduras de extremidades superiores; aplicación directa de gas irritante en el rostro o en los recintos de privación de libertad; privación de agua y comida; exposición de detenidos mojados a temperaturas frías”, detalla el informe

El informe establece que los hechos descritos son “incompatibles con los estándares interamericanos de Derechos Humanos y con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile en esta materia”

El informe se publica 37 años después del último documento dedicado a un análisis integral de la situación de derechos humanos de Chile.

El documento pone el acento en la importancia del derecho a la libertad de expresión como eje central en las protestas empezadas en 2019, analizando los reclamos de la sociedad conectados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y su relación transversal con grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad.

“Se resalta el carácter universal, indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, reconociéndose el estrecho vínculo entre la protección de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales”, indica el informe.

La CIDH espera que el informe publicado ayude a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Chile, “haciendo un llamado al Estado a continuar y profundizar sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas, y a mantener un diálogo abierto y respetuoso con los organismos internacionales de derechos humanos y con toda la sociedad”.

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