Comisión de la Convención aprueba norma para eliminar fuero de los jueces y poder judicial estalla en recriminaciones: acá te explicamos por qué no es una mala idea
Un sector no ha visto con buenos ojos la norma aprobada en la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, que elimina el rango constitucional del fuero de los jueces. Acusan que que los jueces podrían ver afectada su independencia. Sin embargo, hay casos de magistrados que han ocupado ese poder y fuero para favorecer a cercanos o enriquecerse gracias a su cargo, lo que da cuenta de que esa independencia en ocasiones no tiene controles y se da para incurrir en ilícitos.
La mañana del martes, la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó la norma que elimina el rango constitucional del fuero de los jueces.
Ahora deberá ser discutida la segunda semana de febrero en el pleno de la Convención, donde requieren 2/3 de quórum para ser aprobadas.
En concreto, actualmente la Constitución señala en su artículo 81 que “las juezas y jueces no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley”.
La iniciativa fue impulsada por los convencionales Manuela Royo (MSC), Daniel Bravo (ExLista del Pueblo), Mauricio Daza (INN), Luis Jiménez (Pueblo Aymara), Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche), Rodrigo Logan (Colectivo del Apruebo) y Daniel Stingo (Frente Amplio).
Si la norma se aprueba en el pleno, perderían el fuero del que actualmente gozan los jueces, algo que ha puesto nervioso al Poder Judicial ya que sin fuero, los jueces podrían ver afectada su independencia ya que cualquier persona podrá querellarse contra ellos.
Cabe recordar que hace un par de semanas la Corte Suprema se mostró contraria a la propuesta de limitar el tiempo de los jueces en su cargo.
“No solo contradice las recomendaciones internacionales, sino que pone en riesgo un elemento fundamental de toda sociedad democrática, que es el contar con jueces independientes”, señaló la magistrada Ángela Vivanco.
En respuesta, los convencionales acusaron “intromisión indebida” e “intimidación” por parte del máximo tribunal del país.
“Estamos derechamente ante una reacción corporativa por parte de un gremio que pretende que no se efectúen modificaciones al estatuto que le entrega un privilegio”, señaló en esa oportunidad el convencional y abogado, Mauricio Daza.
Tras la aprobación de la Comisión de Sistemas de Justicia, Daza señaló que el objetivo de esta norma es tener una justicia “más cercana a la ciudadanía, más respetuosa con las personas que acceden a ella y que busque aplicar el derecho de una manera que sea justa e igualitaria”.
Pese a que sectores de derecha pusieron el grito en el cielo y advirtieron que este tipo de normas vulneran la independencia del Poder Judicial y afectará la estabilidad futura del país, lo cierto es que en la historia reciente se han conocido casos de jueces involucrados en temas de corrupción, donde las investigaciones han demorado precisamente por el poder y fuero que tienen.
Recordado es el caso de la jueza que ayudaba a su hijastro narcotraficante a evadir investigación de Fiscalía.
En agosto del año pasado se conoció el caso de la jueza de garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina, quien revisaba constantemente el expediente judicial secreto alojado en el sistema informático del Poder Judicial.
La información obtenida se la hacía llegar a su marido y éste a su biológico, apodado “El Matanga”, quien operaba en una banda criminal dedicada al tráfico de drogas.
Ante los antecedentes, el fiscal regional de Aysén Carlos Palma, interpuso una querella ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique en contra de la magistrada Urbina, por los delitos de revelación de secreto en una causa por Ley de Drogas y corrupción judicial.
La acción legal, básicamente, buscaba que el tribunal de alzada permita que la mujer pueda ser formalizada por los delitos antes mencionados.
Otro caso que involucra a magistrados en temas de corrupción es el de las luminarias Led.
Desde 2013 que el abogado Marcelo Campos Henríquez asesora a la Municipalidad de Chillán, donde actuó a favor de la empresa Itelecom Holding SPA para que se adjudicara una licitación de 4 mil millones de pesos.
Paralelamente, Campos se desempeñaba como juez de Policía Local de Pemuco, a 44 kilómetros de Chillán, cargo que mantuvo solicitando días de vacaciones y permisos.
Campos fue imputado por los delitos de cohecho y violación de secreto, al recibir 37 millones de pesos parte del dueño de la empresa, Marcelo Lefort.
Pero uno de los más bullados y mediáticos casos de corrupción en que se ven involucrados jueces fue lo ocurrido en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
En agosto de 2019 Emilio Elgueta y su entonces compañero de labores, el también ministro Marcelo Vásquez, parte del tribunal de alzada de Rancagua, fueron removidos del Poder Judicial por el pleno de la Corte Suprema tras un sumario que estableció que ambos incurrieron en irregularidades graves, por lo que fueron expulsados de la institución.
Elgueta fue formalizado por tráfico de influencia prevaricación y enriquecimiento ilícito. A los cuestionados jueces se les acusó de estar involucrados en nombramientos irregulares y relaciones indebidas, que incluirían pagos de abogados litigantes en plena vista de sus causas.
El Ministerio Público investigó a Elgueta por haber nombrado en cerca de 10 ocasiones como asesora técnica a la hija del ministro Vásquez en diversos tribunales de la región. Además, el haber favorecido a un médico amigo condenado por tráfico de sicotrópicos, al levantarle la prohibición para recetar el medicamento fentermina.
En mayo del año pasado el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y su equipo, imputó al ex magistrado de 24 delitos de prevaricación, por lo que solicitó penas que en total suman 10 años de cárcel y se pide, como accesoria, que la justicia lo condene a no poder ejercer nunca más en su vida un cargo público.
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