Consalud demandó por $22 mil millones a Piñera y al Fisco por pérdidas por licencias médicas: Acusan una “verdadera expropiación” del patrimonio de la compañía

Según la compañía, la implementación de la Ley 21.247 durante el Estado de Excepción a raíz de la pandemia, significó un perjuicio de $22.412 millones. La isapre acusa que el financiamiento de este tipo de subsidios, al ser una política pública, es responsabilidad del Estado y no de particulares.

Isapre Consalud presentó una demanda de indemnización contra el Presidente Sebastián Piñera y el Fisco por las millonarias pérdidas que tuvieron por la Licencia Médica Preventiva Parental implementada durante la pandemia del coronavirus.

La acción judicial, presentada ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, va en contra del mandatario, el Senado, la Cámara de Diputados, y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), donde se acusa que debido a la ley 21.247 Consalud tuvo perjuicios por un monto superior a los $22.412 millones.

Cabe recordar que la citada ley, publicada el 27 de julio de 2020, creó la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), la que permitía que los trabajadores que estaban haciendo uso del permiso de postnatal parental durante el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, a raíz de la pandemia, tendrían derecho, luego del término del mencionado permiso, a una licencia para cuidar a sus hijos, según informa La Tercera.

A raíz de esta ley, que tuvo vigencia hasta septiembre de 2021, fecha en la que terminó el Estado de Excepción, hizo que se presentaran casi 300 mil solicitudes de licencia.

Para la compañía, controlada por la Cámara Chilena de la Construcción a través de Inversiones La Construcción S.A., la implementación de la ley significó pérdidas millonarias, lo que para los ojos de la empresa fue “una verdadera expropiación o confiscación del patrimonio de la compañía, sin compensación o indemnización alguna”.

“Dichas pérdidas significaron que parte importantísima del patrimonio de la compañía haya desaparecido, lo que obligó a sus accionistas, para evitar su insolvencia y asegurar que la isapre siguiera prestando servicios a cientos de miles de beneficiarios que tiene, a realizar millonarios aumentos de capital”, señala la demanda.

Según Consalud, originalmente el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Congreso señalaba que los subsidios que otorgaría la ley serían financiados con cargo al seguro de cesantía de cada trabajador. Sin embargo, la compañía acusa que durante la tramitación la ley sufrió modificaciones que terminaron por perjudicar su patrimonio.

La empresa señala que se estableció que los subsidios serían de cargo directo a las isapres “sin ningún tipo de compensación o derecho a reembolso”.

Consalud argumenta que desde la década del ’80 que el subsidio de pre y post natal parental han sido financiados íntegramente por el Estado, por lo que no es responsabilidad de particulares.

“La protección de la maternidad es una política pública que concierne a la seguridad social, y por ello forma parte de las prestaciones que el Estado asume con el objeto de cumplir con su primera finalidad que es promover el bien común y garantizar a todas las personas un umbral mínimo de dignidad. Los particulares no están llamados a financiar políticas públicas”, señala la empresa.

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