Contraloría detectó el desvío de más de $140 millones destinados a las víctimas de trauma ocular en el estallido
La entidad fiscalizadora reveló que en el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) existen problemas en el inventario, fichas clínicas sin registro de atenciones, además de millones de pesos que no se sabe en qué fueron utilizados.
En mayo de 2021 la Comisión de Derechos Humanos del Senado pidió a Enrique Paris, ministro de Salud de ese entonces, enviar un informe bimestral sobre la ejecución del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO).
Cabe recordar que el PIRO surgió como una forma de ayudar a las víctimas de trauma ocular desde las manifestaciones de octubre de 2019. Sin embargo, un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que hay más de $140 millones que no se sabe en qué fueron utilizados.
El informe surgió tras un oficio enviado por diputados de la bancada de Convergencia Social el año 2021, cuando en ese entonces era diputado el actual presidente Gabriel Boric.
El documento de la entidad fiscalizadora reveló que existen problemas en el inventario, fichas clínicas sin registro de atenciones, además de los millones antes mencionados.
La Redacción habló con Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular, quien espera que se tomen cartas en el asunto para que los recursos lleguen efectivamente a las personas que los necesitan.
“Esperamos que con esto se tomen medidas y efectivamente se tome en cuenta a la víctimas y familiares para poder efectivamente diseñar un programa que no sea precario como hubo en el gobierno de Piñera y efectivamente sea un programa de reparación integral para las víctimas”, señaló.
Valdés afirmó que el gobierno de Piñera nunca cumplió con las necesidades de las víctimas de trauma ocular y espera que con el cambio de administración esta realidad cambie.
“Que tengamos una salud digna y un trato digno para nuestros compañeros y compañeras de trauma ocular”, señaló.
Al respecto, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, calificó el hecho como una “negligencia criminal”.
“Lo consideramos inaceptable. Exigimos transparencia y probidad de todos los programas del Estado, pero este en particular es sensible para reparar las violaciones a los derechos humanos. La rehabilitación de las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos y mutilación de sus ojos son una prioridad para el Estado y este programa debe procurar eficacia, responsabilidad para con las víctimas”, señaló.
El parlamentario agregó que van a solicitar una reunión con la ministra de Justicia, Haydee Oberreuter, quien está al tanto de esta información para que desde las instituciones agilice la corrección de los puntos denunciados por Contraloría.
La Contraloría dio un plazo de 60 días para que el Hospital del Salvador entregue una auditoría que esclarezca las dudas respecto a las negligencias detectadas.
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