Contraloría recrimina a ministro Figueroa luego de utilizar su cargo de forma descarada para apoyar a Kast en plena campaña presidencial

“El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego (…) Kast representa un ideario de mayor libertad”, confesó públicamente el ministro de Educación durante la campaña presidencial de cara al balotaje. Por aquel entonces, el gobierno de Sebastián Piñera negó que estas declaraciones fuesen un acto de intervencionismo electoral. Pero esta semana la Contraloría indicó lo contrario: el secretario de Estado cometió una “infracción a los deberes de juridicidad, prescindencia política y no intervención”. Lamentablemente, este no es el único caso de intervencionismo en el que ha incurrido el Ejecutivo.

Jaime Bellolio estaba equivocado. “En ningún caso aquí hay intervencionismo”, aseguraba tenazmente el pasado 30 noviembre, cuando salió a defender al ministro de Educación, Raúl Figueroa, luego de que este último anunciara públicamente su apoyo al entonces candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. 

“El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego”, aseguraba Figuroa un día antes, el 29 de noviembre, en conversación con La Tercera. “Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”.

Estas declaraciones molestaron profundamente en la oposición, pues se trataba de una sucia intervención en la campaña presidencial de cara al balotaje por parte de un secretario de Estado, en cuyo cargo debería primar la neutralidad frente a todos los chilenos. Por esta razón, un grupo de parlamentarios decidió denunciar a Figueroa ante la Contraloría General de la República. 

“Sus declaraciones son flagrantemente actos de intervencionismo, y en consecuencia, vamos a oficiar a la Contraloría no sólo para que le raye la cancha al ministro, sino que también genere sanciones ejemplares respecto de este tipo de declaraciones”, expresó Gabriel Silber (DC), uno de los diputados que impulsó la acusación. 

Pues bien, el pasado jueves, luego de más de un mes, la entidad fiscalizadora del país emitió su dictamen frente a este caso, señalando que Raúl Figueroa transgredió las atribuciones que le corresponden en su calidad de ministro de Educación para favorecer a una candidatura presidencial en plena campaña, hecho que configura “una infracción a los deberes de juridicidad, prescindencia política y no intervención”.

Contraloría y el llamado de atención a Figueroa 

El documento emitido por Contraloría, firmado por quien preside la institución, Jorge Bermúdez, indica que “las opiniones vertidas por el señor Figueroa Salas, en su calidad de ministro de Educación, no resultaron necesarias para dar cumplimiento a alguna de las funciones públicas que atañen a su repartición”.

“Por el contrario, lo que hizo a través de dichas apreciaciones subjetivas, consistió en emplear el ámbito de acción que le compete en dicho rol, en favor de una de las tendencias políticas que participarían en las elecciones presidenciales”, se lee en el dictamen de cinco páginas difundido por Radio Bío Bío. 

La conclusión del organismo fiscalizador es categórica: “Es posible afirmar que el ministro de Educación se valió de su cargo para un fin ajeno a las atribuciones que la normativa que regula la materia le otorga, cual es favorecer a una candidatura presidencial en época de campaña -declarando, incluso, que el Gobierno en su totalidad debía actuar en esos términos-, lo que configuró una infracción a los deberes de juridicidad, prescindencia política y no intervención que le corresponde observar”.

La Contraloría finalizó el escrito recomendando al titular de la cartera de Educación que “se abstenga de emitir declaraciones u opiniones con las características antes puntualizadas, a fin de evitar una situación como la analizada”.

Intervencionismo electoral: una práctica recurrente en el Ejecutivo

La reprochable acción de Figueroa durante la campaña presidencial, favoreciendo directamente al candidato de la ultraderecha desde el púlpito que goza como ministro de “todos” los chilenos, no es un acontecimiento aislado en el gobierno de Sebastián Piñera. Al menos, así lo ha determinado la Contraloría. 

Luego del segundo aniversario del estallido social el pasado 18 de octubre, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, culpó a Yasna Provoste y Gabriel Boric –abanderados presidenciales de la oposición por aquel entonces– por los hechos de violencia registrados en el país. 

“Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que no había consecuencias de cometer hechos de violencia”, expresó en la mañana del 19 de octubre durante un punto de prensa. “Lo hicieron proponiendo indultar a quienes saquearon y destruyeron, como Yasna Provoste (…) Lo hicieron visitando a imputados en prisión por lanzar bombas molotov, como Gabriel Boric”, dijo la autoridad del gobierno. 

Semanas más tarde, el 12 de noviembre, la Controlaría redactó un informe a través del cual reprochó las palabras de Galli, asegurando que el subsecretario se valió de los hechos de violencia ocurridos durante el 18 O para perjudicar a dos aspirantes a La Moneda. 

“No procede que en un contexto de campañas electorales el Subsecretario Galli Basili utilizara los temas de la seguridad pública interior y la mantención del orden público, para realizar críticas a una candidata al Congreso Nacional y a dos candidatos presidenciales”, señaló el dictamen.

“De este modo, para el cumplimiento de las funciones públicas que atañen a su repartición, no resultaba necesario que el Subsecretario del Interior formulara tales apreciaciones subjetivas en sus declaraciones, las que pueden afectar esas candidaturas”, concluyó el documento.

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