Corte de Apelaciones de Concepción devuelve a la cárcel a condenado del estallido pese a informe contradictorio que lo inculpa

Carlos Peyrin había obtenido la libertad condicional tras cumplir más de la mitad de su condena. Sin embargo, el tribunal de alzada revocó la medida mientras que su abogado afirma que la decisión se tomó en base a informes contradictorios y poco objetivos.

Carlos Peyrin está cumpliendo una sentencia de tres años y un día, acusado de lanzar una bomba molotov durante el estallido social en la ciudad de Concepción. Desde junio del año pasado está bajo libertada vigilada tras cumplir la mitad de su condena. Sin embargo, arriesga volver a prisión por un contradictorio informe de Gendarmería.

Peyrin es el primer condenado político del estallido en Concepción y arriesga volver a prisión luego de una resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la ciudad.

Sin embargo, su defensa alega que la decisión del tribunal se adoptó únicamente tomando en consideración el informe del consejo técnico de Gendarmería y por la apreciación subjetiva de una posible reincidencia, elaborada por la delegada de libertad condicional de El Manzano., según informa el sitio Resumen.

“Solamente examinó la resolución desde el punto de vista formal, es decir, si se cumplían los requisitos de esta resolución, sin calificar ni examinar el fondo del asunto, ni el caso completo”, señala Esteban Arévalo, abogado de Peyrin.

“No hay un criterio matemático, se debe examinar el caso concreto y en el de Carlos Peyrin, la Corte de Apelaciones no hizo este examen, pese a que le manifestamos una serie de antecedentes para que pudiera evaluar esto en su conjunto”, agregó.

Gendarmería sostiene que Peyrin no cumplió con la asistencia mínima a los talleres enmarcados en un plan de intervención social. Sin embargo, su defensa sostiene que justificó sus ausencias mediante un contrato de trabajo como jornal en una construcción.

“Existía una justificación laboral para haber faltado a los talleres”, señala el abogado y agrega que “en los informes de la delegada de libertad condicional no se señala que Carlos estaba trabajando con un contrato y en el ítem de empleabilidad del plan de intervención tiene como objetivo que la persona busque y encuentre trabajo”.

Es por ello que la defensa de Peyrin recurrió a la Corte Suprema que debería pronunciarse al respecto del caso de Peyrin durante la próxima semana, a menos que solicite un nuevo informe a Gendarmería que aporte más antecedes.

“Esperamos que la corte pueda examinar el caso concreto, viendo todos los antecedentes, no solo enfocarse en un solo ítem que es la asistencia o no a los talleres. El objetivo del plan de intervención es la reinserción de las personas y por un incumplimiento de este tipo, no es razonable devolver a la persona a la cárcel, porque ahí no se logra nunca una reinserción”, señala el abogado de Peyrin.

La pena impuesta en este caso está vigente hasta diciembre de 2022, por lo que si el máximo tribunal del país confirma el fallo de la justicia penquista, Carlos Peyrin deberá pasar todo este año privado de libertad.

Fotos: Flickr/Shtterstock

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