Cuando la inteligencia no funciona: Filtración dejó expuestos los datos de más de 70 informantes de Carabineros en La Araucanía

CIPER analizó cientos de documentos correspondientes a la mayor filtración de información sufrida por la policía uniformada.Los archivos dejan de manifiesto la poca prolijidad de la institución a la hora de resguardar la identidad de sus colaboradores, ya que no pusieron claves de acceso ni un sistema de cifrado para proteger sus identidades. También da cuenta de que Carabineros tiene informantes en la PDI y Gendarmería, como también investiga a ex miembros de otras instituciones.

En la mayor filtración de información sufrida por Carabineros, quedaron expuestos decenas de miles de documentos y datos personales de informantes reclutados por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) en La Araucanía.

Los documentos filtrados, a los que tuvo acceso CIPER, también dan cuenta de la poca prolijidad de Carabineros a la hora de resguardar la identidad de sus informantes, como también que la institución investiga a ex miembros de otras instituciones.

La lista, en la que aparecen al menos a 72 informantes o colaboradores que operaron en La Araucanía entre 2008 y 2018, está compuesta por estudiantes, funcionarios de universidades, comuneros mapuche, de la Conadi, de Junaeb, de municipalidades, gendarmes y también un oficial de la PDI.

CIPER se contactó con algunos de los informantes que aparecen en los documentos. Uno de ellos es Paloma (nombre ficticio), una comunera mapuche que según los documentos venía colaborando hace tiempo con  Carabineros. El 12 de enero de 2018 se reunió con un teniente de la institución en el mall Portal Temuco, con el objetivo de reclutarla como informante pagada.

Paloma habló con CIPER y aunque reconoció el encuentro en el centro comercial, afirmó que nunca aceptó ser informante. Aseguró que fue hostigada por agentes policiales para inculpar a comuneros mapuche por hechos que ella no presenció.

Según explica el reportaje, es común que quienes forman parte de este tipo de actividades nieguen cualquier vínculo con los agentes ya que se supone que es secreta. Paloma dijo que, si su nombre era revelado, su familia corría riesgo de muerte.

Pero lo revelado en la filtración de información, es la desprolijidad del trabajo de inteligencia de Carabineros, ya que no pusieron claves de acceso a los documentos ni un sistema de cifrado para proteger sus identidades, direcciones, teléfonos y ocupaciones, los que quedaron expuestos tras la masiva filtración que asciende a más de 220 GB de información.

Los datos analizados por CIPER, que tomó más de un año de trabajo periodístico, también muestran que la Dipolcar fichó a informantes de otras instituciones e, incluso, de otras reparticiones de la misma policía uniformada.

Por ejemplo, en la “Ficha de contactos” creada en 2013, están las identidades de tres colaboradores de la PDI, Gendarmería y Carabineros. Respecto al informante de la policía civil, se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y según el documento filtrado, entregó datos en los ámbitos “laboral, étnico, ambiental-subversivo”, que contó con acceso “alto” de información y que era “generalmente de confianza”.

Según la Policía de Investigaciones, “no existen vinculaciones” con la Dipolcar y que “todos los funcionarios de organismos de inteligencia están obligados, por la Ley de Inteligencia, a guardar secreto de los antecedentes que conozcan y la vulneración de ello es un delito”.

Pero los trabajos de inteligencia también se realizan para investigar a miembros de otras instituciones policiales. Según los documentos analizados por CIPER, en el “Informe de diligencias N° 582” de Carabineros, de agosto de 2017, explica que un ex comando del Ejército se transformó en blanco de la PDI.

“A contar del día miércoles 16 de agosto de 2017, personal de la BIPE Araucanía se encuentra en monitoreo y vigilancia, en el sector de Chol Chol”, y luego enumera los antecedentes de ese ex integrante del Ejército que ahora era investigado por la policía civil, señala el reportaje.

Los archivos filtrados también dan cuenta de que la Dipolcar tiene informantes en Gendarmería, que entregan información relacionada con visitas que reciben en la cárcel los comuneros mapuche imputados por hechos de violencia, como Celestino Córdova, condenado por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Al ser consultados por esta información, Gendarmería señaló que “los hechos que se denuncian son considerados graves por nuestra institución, ya que el vínculo de coordinación de las policías con Gendarmería de Chile es de orden interinstitucional, y no de colaboradores o informantes unipersonales. Todo antecedente que se relacione con lo denunciado, deberá ser investigado a través de los mecanismos definidos en el marco legal respectivo”.

“Existe una relación de colaboración interinstitucional entre Gendarmería de Chile con los órganos y servicios que forman parte del Sistema de Inteligencia del Estado, entre ellos, la Agencia Nacional de Inteligencia y las Direcciones de Inteligencia Policial, en el marco de la normativa vigente (…). En este sentido, todas las informaciones que se generen desde Gendarmería al sistema de inteligencia, principalmente asociadas a la seguridad pública del Estado, se enmarcan en la normativa vigente, guardando el debido secreto de las mismas”, agregó.

Los archivos también dan cuenta de informantes en las marchas estudiantiles de 2011. Tal como reveló CIPER respecto a que el actual general director de Inteligencia estuvo a cargo del monitoreo de Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, en los documentos dados a conocer queda de manifiesto el trabajo de inteligencia de Carabineros en la Universidad Católica de Temuco (UCT).

La agente de Carabineros encargada de controlarlos era identificada como “Claudia”. En el documento se menciona que “producto de las diversas manifestaciones realizadas por los alumnos de la Universidad Católica de Temuco, se logró tener como contacto de esa área a los encargados del (menciona un área de trabajo) de dicha casa de estudios”.

Desde la UCT señalaron a CIPER que en 2011 eran otras las autoridades directivas y que no tienen antecedentes de que funcionarios del plantel hayan sido reclutados por Carabineros.

“Actualmente no existe una coordinación de tipo permanente con las características que usted señala. Sólo coordinamos acciones y/o denuncias con Carabineros, PDI o Fiscalía, según corresponda, cuando se ha verificado la ocurrencia de hechos que podrían revestir caracteres de delito”, respondieron desde la casa de estudios.

También aclararon que la información de estudiantes, funcionarios y académicos es tratada como información personal sensible, de tal manera que solo se entrega cuando se verifican las causales legales para ello, como, por ejemplo, un requerimiento judicial.

Fotos: Flickr/Shutterstock

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