Decretan prisión preventiva contra funcionario PDI imputado por torturas en el estallido social

El detective de iniciales M.R.O, cuya identidad se debe mantener bajo reserva por orden de la justicia, está inculpado de haber participado de la golpiza propinada a Héctor Pérez, abordado violentamente mientras grababa una manifestación en la comuna de El Monte. La defensa de la víctima acusa que la policía civil, Carabineros y el Ejército habrían sido responsables del delito de torturas y amenazas.

Esta mañana el Juzgado de Garantía de Talagante formalizó la investigación por los delitos de torturas y amenazas contra Héctor Pérez, víctima de una golpiza propinada en medio del estallido social.

El tribunal decretó prisión preventiva contra el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) de iniciales M.R.O, imputado en este caso por el delito de torturas y amenazas y cuya identidad se debe mantener bajo reserva por orden de la justicia.

Los hechos se produjeron la noche del sábado 19 de octubre del 2019, en la Plaza Independencia de la comuna de El Monte, Provincia de Talagante, donde se desarrollaba una manifestación que era reprimida por agentes del Estado.

A través de una transmisión en vivo por redes sociales, Pérez registraba en vivo las protestas, pieza audiovisual donde se puede ver cómo un contingente de Fuerzas Especiales dispara las escopetas antidisturbios y cómo un funcionario de la PDI dispara en múltiples oportunidades su arma de fuego.

Sobre el final del video se aprecia cómo la víctima es abordada por un grupo de personas, recibiendo insultos, acusando golpes y gritando de dolor por un pisotón en la cara. Además, una de las voces pide que le quiten su teléfono celular.

La defensa de Pérez, que es representado por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), acusa que en los delitos participaron miembros de la policía civil, Carabineros y el Ejército.