Diputados de oposición esperan que Contraloría investigue a Allamand por presunto uso de recursos públicos para obtener el cargo en la SEGIB
Además, los parlamentarios advirtieron que sigue en pie la idea de levantar una acusación constitucional en contra del ahora ex Canciller por “no cumplir el principio de probidad”.
Tras recibir una serie de cuestionamientos por viajar a España para participar de su primera reunión como secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand presentó esta mañana su renuncia al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.
Las críticas surgieron porque este viaje ocurrió en medio de una crisis migratoria sin precedentes que afecta a la zona norte del país, un conflicto que requiere ser abordado a través de una coordinación entre países vecinos, como Perú y Bolivia. Sin embargo, la autoridad que tenía el mandato para liderar esa gestión se encontraba en España asumiendo otro cargo que le permitirá ganar un sueldo de casi US $18.000 mensuales (cerca de 15 millones de pesos).
Tras renunciar a la Cancillería, Allamand salió a enfrentar a la prensa en los patios de La Moneda y lamentó que su nombramiento en el organismo Iberoamericano haya “originado una serie de críticas que afectan al Gobierno del que formo parte y, de paso, pretenden desacreditar el trabajo de la Cancillería”.
Luego agregó que “tales críticas no sólo han distorsionado las actividades que he realizado en el extranjero, sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político”.
Tales declaraciones revelan que la intención de Allamand al presentar su renuncia era poner fin a las críticas y sobre todo evitar un posible juicio ante el Congreso por infringir la Constitución.
Sin embargo, diputados de la oposición le aguaron la fiesta a Allamand luego de advertirle que aún sigue en pie la idea de levantar una acusación constitucional en su contra por “no cumplir el principio de probidad”.
Al acecho de Allamand: Acusación constitucional y Contraloría
El parlamentario socialista, Jaime Naranjo, expresó en un video que “la renuncia del ministro Allamand viene a confirmar que no estamos equivocados en los argumentos que habíamos señalado en cuanto al abandono del Ministerio de Relaciones exteriores y por su ausencia ante la grave crisis migratoria que vive el país”.
En ese sentido, puntualizó que “los diversos cursos de acción que hemos impulsado —como oficiar a la Contraloría para que señale si hay recursos públicos involucrados en su elección o bien evaluar una posible acusación constitucional— siguen en curso”.
Recordemos que Naranjo presentó el pasado viernes un oficio ante la Contraloría para que esta se pronuncie sobre una presunta “incompatibilidad” respecto al hecho de que Allamand haya asumido un cargo en la Secretaría General Iberoamericana en pleno ejercicio de sus funciones ministeriales en Chile.
“Resulta preocupante que participe en reuniones de trabajo con autoridades extranjeras en el marco de las funciones que le son propias al nuevo cargo, aun cuando se encontrara en su feriado legal, en razón del principio de probidad y el deber de velar por los intereses del país”, se lee en el documento dirigido al Controlador General, Jorge Bermúdez.
A su vez, el diputado DC, Gabriel Ascencio, se cuadró con Naranjo y confirmó que “es perfectamente posible estudiar una acusación constitucional basada en que el ministro Allamand haya infringido la Constitución y la Ley por no cumplir el principio de probidad”.
Al igual que su par socialista, Ascencio espera que la Contraloría inicie una investigación para “informar acerca de los recursos públicos, humanos y financieros” que presuntamente habría utilizado Allamand en su calidad de Canciller para ganar la elección al cargo de secretario general en la SEGIB. “Esa elección la consigue a través de los recursos de la Cancillería”, insistió el diputado DC.
Un ejemplo de ello es que, tal como reveló LaRed.cl, el Ministerio de Relaciones Exteriores —durante la administración de Allamand— duplicó sus aportes económicos a la SEGIB en comparación a años anteriores (ver imagen).
Por otra parte, nuestro equipo periodístico también advirtió sobre la posible participación de miembros de la Cancillería durante el horario laboral en la campaña de Allamand para ganar la elección al máximo cargo de la SEGIB.
Tal es el caso de Cristián Jara, quien es Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), un organismo perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo a fuentes internas de la cartera, Jara habría viajado por diversos países latinoamericanos y también por España para ejercer presión sobre autoridades internacionales con el objetivo de que su jefe, Allamand, obtuviese el timón del órgano Iberoamericano.
En detalle, según la Plataforma Ley del Lobby, el funcionario de la Cancillería recorrió 8 países en 2021, todos ellos pertenecientes a la Secretaría General Iberoamericana. Esos viajes tuvieron un costo de cerca de 30 millones de pesos, es decir, fueron pagados con la plata de todos los chilenos.
La pregunta es, ¿Jara viajó para desempeñar las funciones que le corresponden a su cargo? ¿O utilizó ese cargo para cumplir las aspiraciones de su jefe?
“Aquí la impudicia está en que el mismo Canciller Allamand propone al Canciller Allamand para ser designado para un cargo de 4 años, prorrogables por 8 años, con un sueldo entre US $15.000 y US $18.000”, concluyó Ascencio.
Por todas estas razones, el diputado PS, Tomás De Rementería, considera que el caso Allamand no debe quedar en la impunidad. “La renuncia de Allamand no quita que analizaremos una acusación constitucional en marzo, tal nivel de desprecio por la patria no puede quedar impune”, escribió en su cuenta de Twitter.