El complejo escenario de Siches: Se aleja de la Acusación Constitucional, pero tiene al acecho al Congreso, Contraloría y Fiscalía

La ministra del Interior está lejos de escapar del ojo del huracán, a causa de su falsa denuncia sobre un avión con migrantes expulsados que retornó al país con todos ellos. Si bien diputados opositores descartaron levantar un juicio político, Siches deberá enfrentar a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, a Contraloría y al Ministerio Público. 

De momento, la ministra del Interior, Izkia Siches, está zafando de la mayor amenaza de la derecha: una acusación constitucional. 

Esto, a raíz de la información falsa que emitió la jefa de gabinete en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados el pasado miércoles, cuando denunció al gobierno de Sebastián Piñera por supuestas irregularidades en un vuelo de expulsión de migrantes que regresó a Chile con todos sus pasajeros. 

Horas más tarde, fue la propia Izkia Siches quien a través de su cuenta de Twitter se retractó de su intervención en el Congreso. “Emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano, pido mis más sinceras disculpas”, escribió. 

Inmediatamente, se desató un vendaval de críticas en contra de la ministra. En ese escenario, figuras de la derecha no tardaron en exigir su renuncia, deslizando la idea de levantar un juicio político en su contra. 

Sin embargo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Andres Longton, descartó esa posibilidad. “Acordamos en la bancada que no vamos a proceder de esa manera (con una acusación constitucional). Por el momento, no vamos a interpelar”, afirmó el parlamentario en Radio Cooperativa.

Por su parte, el diputado de la UDI, Guillermo Ramirez, se cuadró con Longton y declaró que tampoco apoyaría una libelo. En conversación con CNN, señaló que la titular de Interior “cometió un error muy muy grave, pero soy muy serio y respetuoso de la institucionalidad”.

El legislador argumentó que “cuando uno lee la Constitución y ve las causales por las que uno puede acusar, lo que ocurrió no se enmarca en ninguna de ellas. La acusación constitucional es el último recurso”. 

Comisión de Seguridad de la Cámara cita a Siches 

Por ahora, la ministra del Interior se está eximiendo de un libelo acusatorio. Sin embargo, el incendio está lejos de extinguirse. 

La Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, misma instancia donde Siches presentó su polémica denuncia, citó a la jefa de gabinete para que explique sus dichos sobre el supuesto avión con extranjeros expulsados que retornó al país con todos ellos a bordo. 

“Pedimos que la aclaración sea en la misma comisión donde lo dijo y no caer en la normalización de disculpas por redes sociales, a través de Twitter, por lo que la mayoría de los diputados y diputadas de la Comisión de Seguridad Ciudadana resolvió citar a la ministra Siches para que entregue la explicación”, informó el diputado del Partido de la Gente, Francisco Pulgar. 

Oposición recurre Contraloría 

Además, parlamentarios de oposición solicitaron a Contraloría que se pronuncie en torno a las declaraciones de la jefa de Interior. Específicamente, el requerimiento busca esclarecer si es que Siches incumplió el “deber de la denuncia establecido en el Código Procesal Penal y el Estatuto administrativo”, el cual indica que todo funcionario público está obligado a denunciar ante el conocimiento de un delito. 

Sobre esto, el diputado Longton, uno de los firmantes del documento, argumentó que Izkia “tenía la obligación -como ministra de Estado- de haber denunciado los hechos. Si no, claramente estamos ante una ministra que, sabiendo que los hechos eran falsos, mintió y faltó a la verdad deliberadamente”. 

Fiscalía abre investigación 

Por si fuera poco, el Fiscal Nacional, Jorge Abott, anunció que la Fiscalía abrió una investigación contra Siches.

Esto, luego que un abogado particular presentara una denuncia contra la titular de Interior ante la Fiscalía regional de Valparaíso por el delito de “omisión de denuncia”, es decir, conocer un presunto delito y no informarlo al Ministerio Público. 

Además, la indagatoria busca dilucidar “delitos funcionarios que se podrían haber cometido en el gobierno anterior”.

En esa línea, Abott detalló que “ya se ha abierto una investigación y será en el contexto de esa investigación que se tendrá que establecer si efectivamente hay un hecho que sea constitutivo de delito respecto de acciones que pudieron haber ocurrido en el pasado, o eventualmente acciones que hubieran ocurrido recientemente”. 

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