General Martínez renuncia a la comandancia en jefe a un día de declarar como inculpado por fraude en el Ejército
Alegando su inocencia y emplazando a que el Estado modifique la justicia militar, el general Ricardo Martínez anunció que dejará su cargo en la institución a una semana de traspasarle el mando a su sucesor. Esto se da luego de que la ministra Romy Rutherford lo citara a declarar por la investigación de fraude en el Ejército.
En su última cuenta pública como comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez anunció que presentó la renuncia a su cargo en la institución, lo que fue comunicado ayer al presidente Sebastián Piñera.
La decisión del uniformado se conoce a un día de que deba declarar ante la ministra Romy Rutherford como inculpado en la investigación por el fraude al interior del Ejército, conocido también como Milicogate, y a una semana de traspasarle el mando a su sucesor Javier Iturriaga, que ocupará el puesto durante los próximos cuatro años.
El general debía comparecer por dos aristas de este caso: pasajes y fletes, que indaga en el uso irregular de dineros para viajes oficiales, y gastos reservados, que indaga la presunta malversación de caudales públicos.
En caso de que la magistrada determinara ordenar su detención, Martínez se habría convertido en el primer comandante en jefe del Ejército en ejercicio en ser aprehendido.
Además de comunicar su renuncia, el militar alegó su inocencia. “Manifiesto enfáticamente, al país y a mis camaradas de armas, mi inocencia en tales imputaciones. Siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución”, aseguró.
También acusó sufrir una falta de garantías procesales y emplazó al Estado a modificar sus sistema de justicia militar y adecuarlo a los estándares internacionales vigentes, para lo cual citó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara vs Chile.
“Me deberé someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí las tienen la mayoría de los chilenos, entre ellas, el derecho a guardar silencio, a declarar con la asistencia de un abogado y conocer los hechos por los cuales se le investiga”, planteó Martínez.
“Sobre esta situación, el Estado de Chile no ha tomado acción ninguna”, agregó el uniformado, que manifestó sentirse vulnerado en su presunción de inocencia.
De esta manera, explicó que su renuncia a la comandancia del Ejército busca evitarle inconvenientes a la institución. “Nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley”, concluyó Martínez.
El “pleno apego al respeto de los DD.HH.” en el estallido
Durante la cuenta pública, el ahora ex comandante en jefe del Ejército también se refirió al actuar de la institución durante el estallido social, la que “enfocó su actuar en el resguardo del orden publico, la protección de la infraestructura vital de la nación y la defensa de la vida y los derechos de nuestros compatriotas.
Según la visión del general Martínez, esta labor fue reconocida por la población, por lo que aseguró que las tropas “recibieron el aliento y reconocimiento de miles de compatriotas, que especialmente de noche, esperaban su presencia para proteger sus hogares y familias”.
En cuanto a la violencia perpetrada por el Estado contra la población, el uniformado afirmó que fueron pocos los eventos que involucran al Ejército, que se produjeron en las primeras 48 horas de la revuelta y que se debieron a “la falta de instrucción y experiencia en control de orden público”.
En esa misma línea, Martínez se apoyó en cifras de un informe de la unidad especializada en Derechos Humanos de Fiscalía, que señalan que de 466 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública investigados por hechos de violencia en el estallido, solo 11 corresponden al Ejército, lo que representa un 2,36% del total.
“Estoy seguro que siempre será valorado el accionar de un Ejército muy profesional, que consciente de su importancia nacional, se debe al ordenamiento constitucional vigente y al cumplimiento de sus ordenes legales emanadas de sus autoridades legitimas, con pleno apego al respeto de los Derechos Humanos”, agregó Martínez.
El ex líder del Ejército plantea esta postura pese a antecedentes como el del caso de Romario Veloz, joven de 26 años asesinado por funcionarios de la institución el 20 de octubre del 2019 en La Serena, caso en el que hay cuatro militares formalizados por homicidio, de los cuales tres están en prisión preventiva.