Iniciativas populares para la Convención: Salud mental de calidad y de acceso público como derecho fundamental

Son varias las propuestas ingresadas que dicen relación con el acceso a tratamiento sin discriminación y en condiciones de equidad con la salud física. “Es deber del Estado garantizar la promoción, protección, prevención y atención de la salud mental de todas las personas durante todo su ciclo vital”, dice una de las iniciativas para que se incluya en la nueva Carta Magna.

La salud mental en Chile ha sido un tema que pocas veces se ha tocado en los medios de comunicación y en las conversaciones es, lamentablemente, aún un tabú que muchas personas prefieren evitar hablar.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte y producto de las consecuencias del confinamiento prolongado producto de la pandemia del coronavirus, muchas personas han tenido que pedir ayuda y acudir a un especialista en salud mental.

Pero no pocos han tenido que enfrentar un sistema de salud que no está preparado o no tiene las herramientas y los profesionales aptos para entregar una atención integral y que se traduzca en una ayuda real y concreta para quienes están atravesando por una situación delicada.

Es por ello que no es de extrañar que entre las miles de iniciativas que se inscribieron para ser incluidas en la Convención Constitucional sea precisamente las que van en cuidado de la salud mental de los ciudadanos.

Cabe recordar que el plazo para presentar iniciativas venció el 20 de enero pero hasta el 1 de febrero hay plazo para que las personas respalden las propuestas que ya están inscritas.

Una de ellas tiene relación con el derecho a tener un sistema que se haga cargo de los problemas de salud mental de los chilenos. Se trata de la iniciativa Nº 9.414 “Salud mental gratuita y de calidad como derecho”.

La iniciativa es impulsada por Cristian Jara, conocido como “Hardcorito” en el programa Yingo , quien ha vivido en carne propia las dificultades que se presentan en un sistema de salud (público y privado) que no está preparado para dar atención y apoyo real a las personas con padecimientos mentales.

“En los consultorios no hay psiquiatras. A los médicos los mandan a hacer especializaciones en salud mental, pero no son psicólogos o psiquiatras, dice Jara en conversación con La Red.cl.

Jara padece de Trastorno de Ansiedad Generalizada, el que se agudizó en 2015 tras problemas familiares que lo llevaron a una profunda depresión.

Pese a que tenía isapre, su experiencia en el sistema de salud respecto a este tema fue pésima. Por un lado por el alto costo de los medicamentos y tratamientos, que lo llevaron a gastar hasta 200 mil pesos en medicamentos, hasta la mala experiencia con terapeutas.

“200 mil, no da el bolsillo”, dice Jara respecto a las suma de dinero que debió desembolsar para su tratamiento, lo que lo llevó a tener que atenderse por Fonasa, lo que no fue una mejor experiencia.

“Comenzó todo el calvario de la salud mental, de cómo encontrar un psiquiatra, de cómo costear un tratamiento, los psiquiatras están ocupados por dos meses, aunque sea particular, en los consultorios es peor todavía”, afirma.

Jara se percató que ni la ciudadanía como tampoco él, estaba educado emocionalmente, lo que lo llevó a intentar ayudar desde su vereda y desde su experiencia.

Hace un tiempo creó la “Fundación Salud Emocional” y que tiene como objetivo “crear nuevas políticas públicas en materia de la salud mental en Chile”.

Desde ahí ha comenzado a crear comunidad y darle visibilidad a los problemas de salud en Chile, lo que lo llevó también a darse cuenta que eran muchas más personas que están padeciendo trastornos o problema de salud mental en Chile.

“Yo no digo que los profesionales sean malos, sino que el sistema está tan mal hecho y tan descuidado que pasa a ser un sistema inexistente”, afirma para retratar una realidad que muchos chilenos se enfrentan pero que está invisibilizado.

El objetivo de la iniciativa ingresada, que ya está a 3.000 firmas de alcanzar las 12.000 necesarias, es que la Constitución establezca como un derecho fundamental “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

“Es deber del Estado garantizar la promoción, protección, prevención y atención de la salud mental de todas las personas durante todo su ciclo vital”, es el párrafo que se busca incluir en la nueva Carta Magna.

El texto busca que los pacientes no deban poner en riesgo su fuente de trabajo como su estabilidad económica frente a una situación de salud mental.

“Que las personas no sigan endeudándose por tratamientos médicos de alto costo para abordar sus problemáticas, cuando se puede garantizar el acceso a la salud mental como un derecho si existieran políticas Constitucionales dirigidas a esta área”, señala el documento.

Es de conocimiento público de que muchas de las normas y modificaciones en la nueva Constitución no se podrán aplicar de forma inmediata, por lo que se establezca en el futuro texto están dirigidos principalmente para las nuevas generaciones.

Esta iniciativa se suma a la Nº 64.482 sobre “El derecho a la salud mental sin discriminación y en condiciones de equidad con la salud física”

“La Nueva Constitución debe reconocer explícitamente el derecho a una SM universal, gratuita y de calidad, sin exclusiones ni estigmas, en equidad de condiciones con la salud física, asegurando el pleno respeto a los DD.HH. y considerando sus determinantes sociales, la diversidad cultural, el enfoque de género y las diversas orientaciones sexuales”, señala la iniciativa.

Otra propuesta, la Nº 67.174, busca la integración en salud mental comunitaria”.

“El estado debe garantizar el derecho a la salud mental y no basta solamente con aumentar cobertura, sino que también diversificar los focos de atención desde lo individual a lo comunitario, incorporando además una definición clara del proyecto país en materia de bienestar, entendiendo que salud mental es algo transversal y no solo centrado en el binomio salud/enfermedad, ni tampoco desde lo reactivo (como ocurre en situaciones de emergencia y desastres y su impacto en la salud mental de la población)”, indica el texto.

Sin embargo, debido al éxito que han tenido las propuestas de iniciativas para la Convención, es que un grupo de parlamentarios busca que se replique lo mismo en el actual Congreso, donde los ciudadanos puedan proponer leyes y normas que consideren que no están en la actual legislación.

“Los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho a presentar iniciativas populares de ley ante el Congreso Nacional, ya sea para la creación o supresión de alguna ley vigente, cumpliendo los requisitos que esta Constitución y las leyes establezcan”, señala uno de los artículos de la norma ingresada por Chile Digno, que se titula “iniciativa participativa para Chile”.

Fotos: Flickr/Shutterstock

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