Las 15 Querellas criminales en contra del actual Director Nacional de Gendarmería Christian Alveal

Los delitos de diversa gravedad acusados en querellas por funcionarios de la institución, consideran el actuar de la máxima autoridad desde que era Director de la Escuela de Gendarmería hasta hoy . Entre los delitos más recurrentes está el de Prevaricación, recursos que se encuentran en trámite.

Por: Marcela Mellado

15 son las Querellas con responsabilidad criminal que tiene a su haber el actual director de Gendarmería, Christian Alveal Gutiérrez y las que aún se están en tramitación en diversos Juzgados de Garantía a nivel nacional y además han sido notificadas a la Contraloría General de la República.

Abogados, psicólogos, oficiales de la institución y empleados públicos de Gendarmería son algunos de los funcionarios que han presentado a lo largo de los años recursos en contra del Director Nacional de dicha Institución, quien acaba de ser sobreseído por el Presidente Sebastián Piñera en investigación que mantenía por acoso laboral .

Los delitos que redundan en la mayoría de los recursos jurídicos son prevaricación, calumnias e injurias, vulneración de secreto, delitos correspondientes al artículo 193 N° 1, 196 y 246 del código penal, que dicen relación con cometer “falsedad: Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica”, hacerce parte de instrumento o parte falso., entre otros ilícitos que han perjudicado a 15 personas.

A continuación se detallan sucintamente algunas de las Querellas criminales que aun duermen en los organismos de justicia, donde la mayoría de los oficiales afectados eran dirigentes del gremios de la Institución:

1.El abogado Fernando Leal interpuso una Querella criminal por el delito de Prevaricación administrativa en contra de la autoridad penitenciaria a raíz de los delitos del que fueron víctimas sus dos 2 representados, ambos con cargos directivo, uno de ellos, Secretario y Presidente Nacional  de la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales de Gendarmería respectivamente.

En la Querella se detalla los ilícitos que habría cometido el ahora director nacional tales como usar su cargo para ser contratado como profesor en la   Agencia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos- ANEPE-, recibiendo remuneración y usando vehículos fiscales para su traslado. Lo anterior en perjuicio de la función que cumplía en ese momento en la Escuela de Gendarmería de la cual era director.

La Querella relata que Christian Alveal ya había sido puesto en conocimiento de las violaciones a los derechos humanos que los reos estaban siendo objeto, lo cual también era de conocimiento del Director Nacional de ese tiempo, antecedentes ante el Ministerio Público sin embargo, no se habría tomado ninguna acción al respecto.

El actual Director Nacional de la Institución mantenía conocimiento del consumo y tráfico de drogas que existía en la Escuela de Gendarmería, lo que habría llevado al suicidio de algunos funcionarios a raíz de las dependencias a las drogas, lo anterior cuando era director en la Escuela de Gendarmería.

Asimismo, al ascender de cargo pidió anular sumarios administrativos, reabrir sumarios que ya habían sido investigados y donde los funcionarios habían sido absueltos; cambiar de lugar de trabajo injustificado a quienes lo acusaron  de conocer lo que sucedía en los recintos de Gendarmería y no tomar cursos de acción frente a los graves hechos.

En su actuar y según lo relata la Querella, trató de impedir que la Contraloría no siguiera investigando los graves hechos que ocurrían den el recinto penitenciario. Así como hacer público por medios medios de prensa nacionales información que se encontraba en investigaciones de sumarios en calidad de secreta, como lo establecen dichas investigaciones.

2. El abogado Marco Salfate a través de mandato judicial del 10 de noviembre de 2021 presentó Querella criminal, a favor de un funcionario de la institución que se desempeñó en Gendarmería hasta junio de 2019  y el cual era dirigente gremial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios- ANFUP- en contra del actual director de Gendarmería, contra Jorge Bermúdez Soto, abogado  y quien es el Contralor General y contra Hernán Larraín  Fernández, Ministro de Justicia y contra todos los que resulten responsable  por Prevaricación administrativa  del ilícito de Falsificación de Documentos en su modalidad ideológica sancionado bajo el artículo del Código Penal por Incumplimiento al deber de denuncia.

El ex funcionario de  Gendarmería colocó varias denuncias de corrupción y las deplorables condiciones  en que trabajaban los Gendarmes en la Región de Antofagasta. Entre estos se detallan turnos extenuantes lo que provocó aumento de licencias médicas, sueldos  que no les alcanzaban para arrendar casas o departamentos lo que llevaba a los funcionarios a tener problemas y adicciones. En el relato de la Querella, se expone que se realizaron movilizaciones y mesas para llegar a acuerdos y que fue presionado para forzar su salida de la institución, lo que generó la negativa del funcionario ante lo cual se le indicó que se le efectuaría un test de drogas a lo cual el funcionario nuevamente se negó por considerar que fue una maquinación para expusiera los hechos que sucedían en la Cárcel de Antofagasta.

En la Querella se agrega que se le pagó a funcionarios para efectuar denuncias falsas contra el afectado y así impedir que las denuncias de las irregularidades llegaran al mando institucional

El funcionario fue expuesto a una causa penal y se le llamó a retiro temporal de manera arbitraria, injusta e ilegal, tras apelaciones ante la Corte Suprema , esta desvinculación quedó sin efecto. Entre todo lo sucedido se omitió el antecedente de su dirigencia gremial y por ende el fuero que le corresponde no pudiendo haber sido objeto de retiro temporal,  por lo que la Querella indica que le cabría responsabilidad criminal al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez y al Ministro de Justicia , Hernán Larraía, que conociendo las irregularidades, permitió que finalmente se destituyera al funcionario.

Otro delito considerado en la Querella es el de Falsificación Ideológica por faltar a la verdad en la narración de los hechos. Finalmente el recurso contra el actual Director de Gendarmería la responsabilidad por llamar a retiro forzoso al  ex funcionario de la institución porque estaba haciendo denuncias incómodas y donde además, se le acusó de cohecho tras haber recibido una suma irregular de dinero en su cuenta, lo que sin embargo el mismo ex funcionario denunció a la PDI al momento del hecho, porque desconocía su procedencia.

3. En el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago, Walter Barría, empleado público de la institución presentó una Querella criminal a raíz de que al momento de presentare a candidato para Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, con fecha 10 de septiembre de 20121, le fue interpuesto por el actual Director de Gendarmería un sumario para favorecer otros candidatos. Este sumario habría sido por una denuncia  falsa interpuesta por Renato Montecinos, quien era director Regional  de Gendarmería de la región del General Carlos Ibáñez del Campo – en este recurso legal se señala que el actual director tiene 17 querellas criminales a su haber relacionados con hechos de corrupción y encubrimiento a sus colaboradores y prevaricación administrativa hasta la falsificación ideológicamente falsa.

El recurso criminal señala que el empleado público fue citado a  declarar porque fue testigo de la falsificación de la firma de ex Director de Gendarmería, Jaime Rojas, con el objetivo de culpar a dirigentes de un gremio de oficiales que denunciaban los ilícitos e irregularidades cometidas por Christian Alveal. Asimismo, el afectado señala que en la campaña electoral para la dirigencia nacional  fue citado a  declarar donde mostró los documentos que acreditaban su inocencia, sin embargo en el interrogatorio a habría sido expuesto a culpabilidades en forma indirecta por la Fiscal administrativo quien le dijo que tenía órdenes de suspenderlo.

De acuerdo a los antecedentes, el funcionario Renato Montecinos colocó en su hoja de vida una anotación de demérito basada en un reclamo falso hecho por la arrendataria del afcetado, lo que sin investigación generó que fuera sancionado. En su apelación la Contraloría falló a su favor ordenando dejar sin efecto la sanción

Se relata el pago de favores políticos entre el director Nacional de Gendarmería a Renato Montecinos a quien habría encubierto en el actuar delictual de Prevaricación administrativa, quedando en un trasladó de dicho funcionario a otra Región con todo los gastos pagados.

El afectado acusa ser sido víctima de abusos  y aactos “ espurios” como suspenderlo mediante una comisión especial disfrazada de fiscalía administrativa.

4. En el 7mo Juzgado de Garantía, está interpuesta otra Querella criminal, por el abogado Fernando Leal, por los ilícitos del artículo 193 N°4 de Código Penal, relativas a falsedad, el de omisión de denuncia de funcionario público y el de prevaricación administrativa. Lo hechos irregulares cometidos contra el Capitán Cristian Valdés comenzaron cuando que se postularía como Dirigente a la Asociación Nacional  de Oficiales Profesionales –ANOPRO-, se presentó una denuncia  falsa donde se le acusó que un reo había señalado que el capitán ofrecía dar beneficios a los reos a cambio de dinero a los internos  de la Cárcel de San Miguel. La falsa denuncia fue grabada por El Mayor Danilo Millón quien pertenecía al gremio contrario. La denuncia falsa fue presentada al Ministerio Público donde además se hizo público por medios de comunicación, lo que para este abogado y según lo relatado fue un montaje en perjuicio de la honra del afectado.

Luego comenzaron los traslados en forma arbitraria para el oficial y posteriormente, en conocimiento que era Dirigente Gremial, se dispone su retiro temporal no voluntario, consistiendo lo anterior en una ilegalidad su calidad de dirigente.

El Presidente de la Asociación Nacional de Oficilales Profesionales dio cuenta al Ministerio público de esta ilegalidad y a la Contraloría donde el Contralor General, Jorge Bermúdez, informó que por no encontrar antecedentes no se efectuaría el sumario contra el Director Nacional de la Institución. El capitán afectado, relata que fue acusado de actos delictuales donde el Fiscal adjunto de la Unidad Anticorrupción decidió no perseverar, demostrando que las imputaciones y acusaciones eran falsas.

5. En el Juzgado de Garantía de Cauquenes existe otra Querella criminal contra Christian Alveal y a favor de un funcionario de Gendarmería a quien tras haber resultado con un fuerte dolor testicular al asistir a una situación de crisis en el módulo de mujeres el Jefe de la Unidad se negó rotundamente a firmarle el resguardo para poder asistir al hospital, tras la negativa el afectado fue a la enfermería del recinto penitenciario donde le indicaron que debería concurrir al Hospital. Luego, el afectado concurrió al centro hospitalario donde le recetaron fuertes medicamentos y reposo.

El afectado vuelve a trabajar a los 7 d´ías y es notificado del retiro no voluntario, lo cual fue avalado por el Director Nacional de Gendarmería, aludiendo a  que él había tenido un actuar desleal y de total desapego  de las obligaciones de su mando, en febrero de 2019 en referencia a no cumplir un cometido funcionario y en hacer abandono se su puesto de trabajo; lo anterior, fue la consecuencia de haber resultado lesionado en el procedimiento en la Cárcel de Cauquenes, la orden señalada para llevar a cabo su retiro voluntarios y de acuerdo indica la Querella nunca recibió.

Se detalla que el jefe de la Unidad penitenciaria dejó una constancia en el libro de novedades  de los hechos anteriores, faltando a la verdad acerca del comportamiento del afectado. La Querella criminal se interpone por los ilícitos  193 N° 4 del Código Penal, omisión de denuncia de funcionario público y el de prevaricación. El afectado era dirigente gremial.

6.Mientras en el Juzgado de Garantía de Santiago, existe otra Querella, respecto de un oficial, Luís Espinoza, que fue llamado a retiro temporal a sabiendas que era dirigente gremial. El afectado colocó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago el que fue ingresado  el 4 de noviembre del año 2019.

Cabe señalar que quién presentó el recurso fue Christian Alveal, tergiversando los hechos  y desvirtuándolos toda vez que expone en la presentación que debe realizar, que el oficial afectad, al momento de su retiro temporal no voluntario se encontraba afecto a una sanción por la asociación a la que pertenecía- AGETPRO- indicando que “por lo tanto no se encontraba protegido por el gremio”. Sin embargo, el oficial afectado, de según dice la Querella, sí se encontraba amparado por el fuero gremial al ser el director nacional electo de la Asociación Nacional de Gendarmes de Chile lo que estaba declarado por la Dirección Nacional de Trabajo y fue dictaminado por la Contraloría de la República.

“Así las cosas, queda de manifiesto que el Director Nacional de Gendarmería de Chile, a fin de justificar su actuar ilegal y arbitrario, se permitió mentir y faltar a la verdad a un Tribunal Superior de Justicia, a través de una presentación escrita en la que faltó a la verdad en la narración de hechos sustanciales”, señala el recurso criminal.

La Querella se interpone por el  ilícito  correspondiente al artículo  193 N°4 del Código Penal, en contra de quienes resulten responsables y condenarlos en el máximo de penas y otros argumentos.

7.La abogada Katerine Moyano Aguirre interpuso querella criminal en el Juzgado de Garantía de Colina a favor de un Coronel de Gendarmería a quien se le interpuso un sumario administrativo por el caso “Operación Bisagra en el penal de Colina II” de donde era Alcaide. El nombramiento como encargado del recinto penitenciario fue posterior a un acto de resistencia de la población penal en contra del régimen interno de la población penal del lugar.

La designación del Coronel a Colina II fue con el objetivo que restableciera el orden dentro del penal y a la vez restableciera elementos electrónicos que en las crisis de los internos  e encontraban destruidas. La gestión del afectado Coronel tuvo una buena aprobación del mando de su época por lo que se mantuvo en el penal. Sin embargo, el 20 de junio de 2018, fue notificado que y por orden de quien era el Subdirector Operativo de la época, el actual director de Gendarmería, Christian Alveal,  de su traslado.

El fiscal que leyó el sumario al afectado, relató hechos que de acuerdo al afectado eran falsos, tal es el hecho de autorizar el ingreso de un artefacto eléctrico para un interno. Ante la falsedad de la acusación, el Coronel manifestó la negativa a dichos hechos, e indicó que la letra que se encontraba en el documento no le pertenecía, revelando la falsificación dolosa de la firma del oficial.

En la Querella se expone la cotidianidad de este tipo de situaciones y recuerda la falsificación de firma que sufrió el director saliente de Gendarmería,  Jaime Rojas. Se indica en el recurso, de la impunidad que sufren los funcionarios del alto mando institucional por parte del Ministerio Público y que actualmente cumplen funciones en la Institución.

Como antecedente se expone que el oficial afectado, cuando asumió como Alcaide en Colina II, denunció a funcionarios involucrados en hechos de corrupción proponiendo que se debían tomar medidas pero que esto estaba fuera del alcance Alcaide, sin embargo no habría recibido mayores lineamientos.

 El recurso criminal expone además otras irregularidades cometidas contra el funcionario en cuestión siendo interpuesta en contra del máximo jefe de Gendarmería por los artículos 193 número 1, 196, 246 y otros, solicitando efectuar diligencias investigativas como “se tome declaración  respecto a su responsabilidad al Director Nacional de Gendarmería de Chile, para que exponga el por qué expuso a la prensa, actuaciones relativas a la pieza sumarial que dio origen a la presente causa, vulnerando  el respectivo secreto del sumario”.

8. Otra de las Querellas dice relación con delitos de prevaricación administrativa de acuerdo al Código penal que señala “El que, desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contenciosa – administrativo  o meramente administrativo. Incurrirá en las penas de suspensión de empleo, en su grado medio  y multa  de once a quince unidades tributarias mensuales”.

La acción legal fue interpuesta por una abogada que ejercía funciones  en la Institución. 

A raíz de este caso  denominado los “Los Ecuatorianos”  se le ordenó a la abogada llevar la investigación, lo cual  generó diversas irregularidades hacia su persona, tales como, que posterior a diligencia investigadas se le ordenara en forma irregular dejar no continuar a cargo de dicho sumario. A la vez haber ido objeto de acusación falsa en la Contraloría sobre filtración de información,  sumario contra la profesional que fue dejado sin efecto y que en forma posterior, fue ordenado reabrirlo por el actual director nacional de gendarmería en forma irregularidad, entre otros hechos de gravedad.

9.Otra de las Querellas fue interpuesta por el abogado Carlos Montanares, en representación del oficial de Gendarmería, Marcelo Abello, interpuestas contra el Director Nacional de la institución que dice relación con calumnias e injurias en contra del funcionarios con 26 años de servicio de la ciudad de Antofagasta y quien fue incluido en la lista de retiro desvinculándolo del servicio de una forma arbitraria

10. La siguiente Querella es interpuesta por abogada Francisca Noll, funcionaria de Gendarmería quien el 25 de junio de 2018 cuando era encargada de la Oficina de Responsabilidad Funcionaria de la Unidad la Fiscalía, en dependencias de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, se le efectúa una denuncia “bajo reserva de identidad en Contraloría General de la República, sin aportar antecedente alguno de la grave imputación”, donde se le acusó de graves incumplimientos al deber de probidad, confidencialidad, prudencia y resguardo de la información que manejaba en razón de mi cargo, y se me atribuyó filtración de Información, hecho que supuestamente realizaba en favor del señor Leandro Tegler, Presidente de la ANOPRO, situación que a la fecha, habiendo transcurrido más de 2 años 6 meses, no ha sido constatada por faltar la imputación gravemente a la verdad, siendo sobreseída por la fiscal administrativo.

El sobreseimiento de la funcionaria anteriormente expuesto, no fue acogido por el querellado Christian Alveal Gutiérrez, quien dispuso la reapertura del proceso, sin antecedente nuevo alguno, ello pese a la senda denuncia de acoso laboral ejercida en su contra por esta parte ante la competente autoridad (octubre 2018), sin que se abstuviera de conocer dado el interés que le afectaba, faltando con ello a la probidad administrativa.

De lo anterior revela la Querella que se comenzaron a ejecutar diversas irregularidades entre ellas información dada a conocer a la prensa que se encontraba sujeta a secreto por la calidad de los sumarios.

La Querella señala responsabilidad criminal por vulneración de secreto y lo demás delitos que se establecen en la investigación.

11.El Antropólogo Roberto González, es otro de los profesionales que ha interpuesto un recurso criminal contra el Director Nacional de Gendarmería.

La querella señala que en el año 2017, este querellante denunció al Tribunal Calificador de Elecciones, irregularidades en el proceso eleccionario de la Asociación de Directivos, Técnicos y Profesionales de Gendarmería (ADIPTGEN) de la Dirección Nacional, como interesado en la materia, toda vez que este querellante, aun siendo electo dirigente por las bases, según los primeros escrutinios, observó irregularidades en el proceso de conteo de votos por parte de la comisión electoral; lo que quedó en evidencia en el Segundo Tribunal Electoral, en causa ROL N° 788-2017 de fecha 18 de 2 julio de 2018; Los acontecimientos irregulares contra su persona habrían comenzado cuando el denunció actos irregulares en las votaciones para elecciones de directivos gremiales.

De esta situación se derivaron diversas acciones posteriores que lo que finalmente terminó con el término de su contrata.

Se indica en la querella que los que los ilícitos que se le imputan habrían sido cometidos por funcionarios de Gendarmería de Chile afectando derechos establecidos en la Constitución política, como lo es el debido proceso, el derecho a la honra, el derecho a la libertad de trabajo.

Se indica en el recurso que ” los mismos ilícitos habrían sido cometidos atentando contra la probidad pública, al llevar a cabo manipulación ilegal 14 de procedimientos administrativos reglados a sabiendas, el encubrimiento o la complicidad en la confección de dichos actos administrativos espurios por parte de agentes del estado

El recurso legal se establece por prevaricación administrativa

12. El abogado Enrique Aguirre en representación del funcionario Álvaro Concha, interpuso la Querella criminal por los actos irregulares vividos por su representado que comenzaron a raíz de que el día 30 de agosto de 2021 el afectado fue notificado del contenido de la Resolución N° 3490 de fecha 13 de julio de 2021, del Director Nacional de Gendarmería de Chile donde se le atribuye responsabilidad administrativa por supuestos desórdenes administrativos mientras se desempeñaba como Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, donde fue destinado por la autoridad de la época en el año 2017, luego de que se produjera un motín de reos por mala administración de Oficiales cercanos al actual Director Nacional.

El reclamo de los reos decía relación con la nula tramitación de sus solicitudes tales como traslados, aun cumpliendo con todos los requisitos.

En resumen y considerando que de acuerdo a la querella el director Nacional de Gendarmería “conocía lo que sucedía en Colina II y con la finalidad de buscar un chivo expiatorio de la histórica problemática de la cárcel de Colina II, el señor Alveal ordenó un sumario, del cual vulnerando el secreto y faltando a la verdad, acusó ante la prensa a vivas voces a los alcaides de la Unidad y para justificar sus dichos, se falsificó constancias en el libro de audiencias, para imputarle a mi representado, supuestas autorizaciones a internos que nunca hizo, por lo que se interpuso la respectiva querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Colina en causa RIT N° 5203-2020, RUC N° 2010048393-k, hechos que a la fecha se encuentran impunes y etapa investigativa”.

El relato del recurso legal indica que “luego de que mi representado interpuso la acción judicial que involucra al señor Christian Alveal, este último a sabiendas de las inhabilidades que le asisten, desde el 15 de febrero del año en curso, lo dejó sin mando y lo trasladó a la Dirección Regional Metropolitana, donde no tiene especificada función alguna y no conforme con ello, faltando a la probidad administrativa por tener interés en el resultado de la misma, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.

13. Pedro Olea, psicólogo, funcionario de Gendarmería presentó Querella criminal por el delito prevaricación en contra del Director Nacional.

Se relata en el recurso judicial “Que, consta que fui sancionado por el actuar irregular del QUERELLADO señor Alveal Gutiérrez, en causa RIT T-228-2020 del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, así como también consta que en su calidad de Director Nacional instrumentalizó UN SUMARIO ADMINISTRATIVO ordenado con anterioridad PARA PERSEGUIR AL GREMIO ANGENCHI, no conforme con aquello, pretendió seguir en su actuar y solicitó la NULIDAD DE LAS ELECCIONES para desconocer el fuero que alcanzaba a dirigentes del mencionado gremio, sin que aquello como Director de Gendarmería le correspondiera hacerlo, situación reconocida en Sentencia de la causa ROL 8187-2020, de fecha 29 de noviembre de 2020 del Primer Tribunal Electoral, donde se declaró la falta de legitimidad de este para realizar dicha reclamación, además extemporánea.

14. Pedro Molina, funcionario de Gendarmería , señala que el 6 de julio del año 2017, se abrió un proceso sumarial en su contra por acoso laboral y sexual, denuncia efectuada por dos funcionarias de la institución.

La resolución del sumario estableció que no se habían logrado establecer responsabilidad administrativa del funcionario y que los hechos denunciados carecían de sustento fáctico, por lo cual no se formuló
cargos y sobreseyó; el sumario se reaperturó, por orden del Sr. Director Nacional, ordenando realizar nuevas diligencias. “En esa segunda oportunidad, solo se tomó declaración a otros funcionarios, se formularon cargos y producto de los descargos efectuados, la Fiscal Administrativo Sra. Edwards Arenas, determinó ABSOLVERME de responsabilidad en el sumario administrativo”. Posteriormente el sumario se volvió a reaperturar y continuaron las diversa irregularidades hacia el funcionario.

El funcionario estableció la Querella por prevaricación administrativa.

15.Ricardo Galáz, suboficial de Gendarmería, presentó una Querella por prevaricación del artículo 228, toda vez que se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 121 letra d) en concordancia con el artículo 125 ambos del Estatuto Administrativo, por la supuesta responsabilidad administrativa que le habría asistido en los hechos investigados, sin que ponderara las alegaciones de fondo de esta parte. “Se indica que el querellado pese a los sendos antecedentes y prueba no ponderada en el sumario, nuevamente dicta un acto prevaricato, esta vez mediante Resolución Exenta 4455 de 07 septiembre 2020, acto administrativo que rechazó mi recurso de reposición, pretendiendo consolidar una vez más las supuestas motivaciones en las que funda el proceso disciplinario, sin que conste en el expediente, como ya se indicó a SS., que se hayan ponderado las alegaciones de fondo, y se hayan subsanado los vicios de que adolece la tramitación, manteniéndose aun en suspenso la incorporación de antecedentes relevantes, que cuya omisión podría inducir a error esencial a la autoridad Ministerial, llamada a conocer del recurso de apelación interpuesto en carácter de subsidiario a la reposición ya rechazada por el querellado en el mencionado acto administrativo prevaricato (Res. Ex. 4455/2020). Cabe agregar que este querellante solicitó la REAPERTURA del sumario administrativo, la cual a la fecha se encuentra sin resolver de parte del querellado, presentada a la autoridad con fecha 11 de enero de 2021”. Se indica en el recurso.

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