Las jugadas de Piñera para derrocar al gobierno de Venezuela que hoy le explotan en la cara con la crisis migratoria
A casi dos años de su visita a Cúcuta, donde intentó posicionarse como líder democrático de Latinoamérica desestabilizando al régimen de Nicolás Maduro, para lo que incluso contrató a un asesor de Libertad y Desarrollo, Sebastián Piñera hoy enfrenta una grave crisis migratoria que ha sido incapaz de solucionar. Mientras organizaciones civiles cuestionan su política de deportaciones masivas, sectores políticos responsabilizan al presidente por el masivo flujo de migrantes irregulares en el norte del país.
En febrero del 2019, antes del estallido social, las masivas protestas en las calles, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el acuerdo por terminar con la Constitución de la dictadura, el foco de Sebastián Piñera estaba en liderar la llamada transición democrática en Venezuela.
Junto a los otros líderes latinoamericanos agrupados en el Grupo de Lima, el presidente viajó hasta Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, para reunirse con el autodenominado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, y hacer entrega de un paquete de ayuda humanitaria.
Entonces, meses antes de declararle la guerra a su propio pueblo durante la revuelta de octubre, Piñera buscaba transformarse en un referente democrático del continente y sacar al presidente venezolano Nicolás Maduro para acabar con un mandato cuestionado por vulneraciones a los derechos humanos y las libertades civiles.
“No dejo de preguntarme cómo una persona puede tener tanta ambición de estar dispuesto a causarle tanto dolor y tanto sufrimiento a su propio pueblo por tanto tiempo por el sólo afán de aferrarse a un poder que no le pertenece. Llegó el momento de decir fuerte y claro: Maduro es parte del problema y no es parte de la solución”, dijo Piñera en su discurso en C´úcuta.
Hoy, esas declaraciones de empatía y solidaridad con el pueblo venezolano le explotan en la cara al presidente y su gobierno. Desde inicios del 2021 que el país vive una descontrolada crisis migratoria y humanitaria en el norte del país.
La respuesta del gobierno ha sido realizar expulsiones masivas de inmigrantes, esos mismos a los que Piñera se dirigía en Cúcuta invitándolos a ir a un país libre como Chile.
Esto le ha costado al ejecutivo críticas desde organizaciones pro migrantes, que cuestionan su política por considerarla discriminatoria, y de los habitantes mismos habitantes de las comunas que se ven desbordadas por un flujo masivo de personas migrantes en situación irregular, acusando nula respuesta de las autoridades.
Esta tensión se ha intensificado luego de que este martes dos carabineros fueran agredidos en Iquique, incidente por el que fueron detenidos cuatro ciudadanos extranjeros, los que, según indicó el ministro del Interior Rodrigo Delgado, serán expulsados del país.
A raíz de esto, el diputado socialista Leonardo Soto criticó duramente a al Ejecutivo: “Cómo no van a tener un problema migratorio si Sebastián Piñera, el Presidente que ellos han respaldado durante cuatro años, fue a Cúcuta, al mismo Colombia-Venezuela, a pedir que vengan más inmigrantes”.
El asesor de Libertad y Desarrollo para la “transición democrática” en Venezuela
En mayo del 2019, luego de la visita de Piñera a Cúcuta, el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, contrató al abogado Darío Paya, ex diputado de la UDI, como líder del programa “Diálogos para la transición Democrática en Venezuela”.
Si bien comenzó con una dieta de $100 mil mensuales, entre julio y diciembre de ese año esta aumentó a $2 millones, según información obtenida por el medio NYC.
Darío Paya tiene una estrecha relación con el centro de estudios de derecha Libertad y Desarrollo. Fue investigador en la entidad durante sus inicios en los ’90, participa como expositor en sus eventos de manera regular y está casado con su directora de Políticas Públicas, Bettina Horst.
Libertad y Desarrollo fue, junto a Paya, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, organizador de un seminario realizado entre el 23 y 25 de junio de 2019.
Según Cancillería, este contó con la participación de “más de 40 ciudadanos venezolanos”, además de diversas figuras políticas de la ex Concertación y la derecha chilena.
Este seminario, realizado en el Hotel Sheraton, tuvo un gasto fiscal de poco más de $32 millones, entre los que se cuentan honorarios por conceptos de asesoría, viáticos y pasajes al extranjero (Washington y Colombia) de Darío Paya.
De acuerdo a lo informado por el gobierno, el rol de Paya durante su contratación fue participar “encuentros con dirigentes del más amplio espectro político” y buscar “propuestas para una transición pacífica a la democracia en Venezuela”.