Presentan querella por posibles delitos de corrupción en la tramitación de la Ley Fármacos II
La Asociación de Farmacias Independientes contrató al abogado Carlos Gajardo quien ingresó la acción penal para que la justicia aclare los millonarios pagos que recibió Andrea Martones. Mientras participaba como asesora en la redacción del proyecto, prestó servicios remunerados a la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), asociación que representa a 24 compañías multinacionales de innovación farmacéuticas en Chile.
A mediados de enero la Asociación gremial de Farmacias Independientes (AFFI) envió una carta al Senado para que se suspendiera la tramitación del proyecto de Ley Fármacos II, luego que se denunciara un posible conflicto de interés de la asesora Andrea Martones.
Según el documento, Martones “ha influido directamente en este proyecto de ley mientras a la par representaba los intereses de laboratorios prestando servicios profesionales a una gremial de laboratorios farmacéuticos internacionales”.
La denuncia se basó en una factura de $16.019.300 por parte de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF) a Martones SPA, de la cual Andrea Martones es socia directora.
A raíz de esto, el abogado Carlos Gajardo y en representación de la AFFI presentó este martes una querella en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago con el objetivo de que la justicia aclare los pagos millonarios recibidos por Martones por parte de la CIF, mientras se discutía el proyecto en el Congreso.
“Hay antecedentes suficientes para sostener un posible cohecho y soborno ya que la factura se habría pagado el 2021 en paralelo a la discusión del proyecto. Pese a que la Comisión Mixta conoció estos hechos, curiosamente el trámite de la iniciativa se aceleró, cuando lo lógico hubiera sido iniciar una investigación más acuciosa antes de continuar. Este tipo de sombras son las que queremos esclarecer con esta querella por cohecho contra quien resulte responsable”, señaló Gajardo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas, señaló que resulta inaceptable que la Comisión Mixta de Salud del Senado haya decidido continuar con la discusión del proyecto, pese a que estuvo en conocimiento de que Martones había recibido pagos por parte de la CIF.
“Si esta ley está viciada, Chile y en especial los consumidores tienen derecho a saberlo. Es por ello que presentamos esta querella ya que no es posible que hechos tan graves como estos se normalicen, así como si nada”, señaló.
En ese sentido, Gajardo consideró sumamente grave que no se haya declarado que la asesora también trabajaba para la multinacional.
“Lo prudente y ético hubiese sido declarar que en su calidad de experta asesoró a algunos laboratorios y abstenerse de una función pública como lo es la discusión del proyecto, ya que su mandante, los laboratorios, son parte interesada en el proyecto en trámite”, señaló el abogado.
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