Salmonera que ocultó información sobre contaminación ambiental recibió $131 mil millones en subsidios estatales

Cinco ex altos ejecutivos de Nova Austral están formalizados por delitos ambientales y por fraude de subvenciones de la Ley Navarino, misma legislación con la que recibieron la abultada suma de dinero entre 1989 y 2020. Durante tres años la empresa de capitales noruegos adulteró los datos sobre su impacto en el mar entregados a Sernapesca.

En el año 2019, una investigación de El Mostrador reveló que Nova Austral, salmonera de capitales noruegos que opera en la Patagonia chilena, engañó al Estado.

Durante tres años su gerencia de producción instruía a los jefes de área para adulterar las estadísticas de mortalidad de los salmones y ocultarle las cifras reales a Sernapesca, mientras en paralelo se presentaba como una empresa verde y líder en innovaciones sustentables.

En marzo de este año, Fiscalía formalizó a cinco ex ejecutivos de Nova Austral por el delito ambiental de contaminación de agua. Los imputados son el ex gerente general Nicos Nicolaides, el gerente regional Drago Covacic, el gerente de producción Arturo Schofield y los jefes área Rigoberto Garrido y Isaac Ollivet-Besson.

En esa causa también se investiga el fraude de subvenciones de la Ley Navarino, régimen de excepción aduanera y tributaria para territorio austral de Magallanes a través del cual Nova Austral recibió $60 mil millones entre 2016 y 2019.

Ahora nuevos antecedentes al respecto dan cuenta de que, entre 1989 y 2020, la empresa recibió $131 mil millones de ese subsidio estatal, según un estudio de Fundación Terram.

Ese monto constituye el 44% del total de dineros entregados vía Ley Navarino en esos 31 años, periodo en el que 207 empresas de diversos rubros recibieron el beneficio.

En los años 2017 y 2018, Nova Austral recibió fondos a través de la Ley Navarino que representaban el 38% y 34%, respectivamente, del presupuesto anual del Gobierno Regional de Magallanes.

En su análisis, Fundación Terram plantea la posibilidad de exigir “la evaluación de impacto ambiental de determinadas actividades beneficiadas” como requisito para obtener este benefecio.

En ese sentido, también se solicita “la pérdida definitiva de la bonificación ante sanciones ambientales o la condena a la reparación del daño ambiental”.

Foto: Fundación Terram