Universidades estatales presentan norma para garantizar el derecho a la educación
Consagrar el derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Establecer un el rol esencial que las universidades estatales deben cumplir dentro del funcionamiento del Estado. Estos son los dos ejes principales de las iniciativas populares presentadas en la Convención Constitucional.
La educación es uno de los grandes temas que se comenzará a discutir en los próximos días en la CC. En base a esto, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), ingresaron dos propuestas de normas a la Plataforma de Iniciativas Popular.
Ambas normas van hacía dos objetivos, uno de ellos es consagrar un derecho a la educación pública, gratuita, y transversal. El otro es la descentralización del sistema y la búsqueda de una relación de trabajo colaborativo entre todos los actores.
El presidente del consorcio, Ennio Vivaldi, señaló que la nueva Constitución es una oportunidad única, para que la educación estatal el lugar central que le fue arrebatado en dictadura.
“Estas dos iniciativas, para las cuales pedimos el apoyo de la ciudadanía, apuntan a fortalecer la educación pública y a respaldar el trabajo que las universidades del Estado hacen por el país”, añadió.
La primera norma va direccionada a la consagración de los derechos fundamentales en la Carta Magna. Según lo expuesto, este derecho debe materializarse a través de la educación gratuita, en conjunto de instituciones con las universidades o completamente mediante aportes del Estado.
La segunda norma se enfoca en un ajuste estructural que requeriría la orgánica de educación superior, garantizando por lo menos una universidad estatal por región del país.
La directora ejecutiva de la CUECH, Alejandra Contreras, señaló que estas propuestas no solo apuntan a resolver la calidad y el acceso. “Es un reclamo ciudadano que lleva décadas, pero también a redefinir el rol de las universidades del Estado en el contexto de crecimiento y desarrollo del país”.
Ambas propuestas fueron ingresadas esta semana, para lograr formar parte del debate oficial de la Convención y ser votadas, necesitan reunir al menos 15 mil firmas cada una. El plazo para conseguir dicho apoyo finaliza el próximo 1 de febrero.